Ley de RSE en Argentina. Intersección entre Debida Diligencia y DDHH

Ley de RSE en Argentina. Intersección entre Debida Diligencia y DDHH

Ley de Responsabilidad Empresaria en Argentina: Un paso adelante hacia la puesta en práctica de los estándares internacionales en debida diligencia en Empresas y Derechos Humanos

El pasado 8 de Noviembre el Congreso de la Nación Argentina aprobó el proyecto mediante el cual se establece la denominada “Ley de Responsabilidad Empresaria (RSE)”, con el fin de dotar de mayor eficiencia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción, a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas (sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, nacionales o extranjeras) prevengan la comisión de delitos contra la administración pública.
La expedición de esta ley representa, no únicamente un importante avance en la lucha del país contra la corrupción, sino que demuestra un compromiso por parte del Estado argentino de acoger los estándares internacionales en materia de Empresas y Derechos Humanos (asunto que consideramos de vital importancia en las líneas de trabajo de Equilibrium Global) y particularmente en cuanto se refiere al concepto de debida diligencia, el cual implica para las empresas:

  1. Identificar y evaluar riesgos relativos a los derechos humanos
  2. Prevenir y mitigar efectos negativos sobre los derechos humanos
  3. Reconocer y abordar los impactos sobre los derechos humanos

Este concepto, constituye la base de los estándares que se fijan para las empresas a partir de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en Empresas y Derechos Humanos (PRNU), instrumento que hoy constituye el marco de autoridad global sobre el tema. Los PRNU, que contemplan tres grandes pilares: PROTEGER, RESPETAR y REMEDIAR, consagran de manera expresa la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos -Pilar II- a través de la debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y remediar las consecuencias negativas sobre aquellos en los que se ven involucrados.

En ese sentido y de conformidad con los PRNU, la responsabilidad empresarial abarca todos los derechos humanos expuestos en pactos y tratados internacionales y regionales que protegen a las personas y a las comunidades, incluyendo aquellos relacionados con temas de corrupción, de trabajo, seguridad y medio ambiente (entre otros). Exigen, además, que las empresas tengan en cuenta no solo los actuales y posibles impactos sobre derechos humanos de su propia empresa, sino que también los impactos de sus cadenas de suministro y socios comerciales.
Es por ello que la lucha contra la corrupción está íntimamente asociada a la debida diligencia en derechos humanos que se les exige en la actualidad a las empresas, con lo cual se les hace un llamado a adoptar políticas y/o programas anticorrupción que incluyan capacitaciones sobre cómo evitarla, así como la creación de indicadores para facilitar el cumplimiento, monitoreo y seguimiento. Esto aplica para todos los empleados, filiales, ejecutivos y miembros de las juntas directivas.
De igual modo, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, un instrumento que se inspira en el Marco de los mencionados Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos, dedica el Capítulo XI a la “Lucha contra la corrupción”, y establece que:

“Las empresas no deberán ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. Las empresas deberán, asimismo, rechazar cualquier soborno y otras formas de extorsión”. Para ello (…)“deberán elaborar y adoptar mecanismos de control interno y programas o medidas de ética y cumplimiento de normas apropiados para prevenir y detectar actos de corrupción. *13Su elaboración deberá partir de una evaluación de riesgos que tenga en cuenta las circunstancias individuales de cada empresa, en particular los riesgos de corrupción a los que podrían tener que enfrentarse (por ejemplo, su localización geográfica o su sector de actividad)”.
Finalmente, la ley recientemente expedida cumple con las recomendaciones presentadas en la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la primera herramienta enfocada en la lucha contra la corrupción desde una perspectiva de oferta de sobornos.

Al respecto es de subrayar que, para la OCDE, cumplir con estas recomendaciones representa un requisito para el ingreso, teniendo en cuenta que Argentina está en proceso para ello y que el grupo de trabajo de la OCDE que monitorea el cumplimiento de las disposiciones de la Convención ha expresado en numerosas instancias su preocupación por la falta de una agenda anticorrupción en la Argentina. Muestra de ello, es el  comunicado publicado en abril de 2016, en donde se resalta que se “ha recomendado que Argentina cambie sus leyes para responsabilizar a compañías sujetas a corrupción” y que “fortalezca la independencia judicial y procesal”.
Como bien lo ha señalado la OCDE, el soborno y la corrupción dañan las instituciones democráticas y son perjudiciales para el gobierno corporativo. Desalientan la inversión y distorsionan las condiciones internacionales de competencia. En particular, el desvío de fondos a través de prácticas corruptas debilita los esfuerzos realizados por los ciudadanos para alcanzar niveles más altos de bienestar económico, social y medioambiental, y dificulta los esfuerzos para reducir la pobreza.
Es por todo lo expuesto que las empresas adquieren un papel muy importante que desempeñar en la lucha contra estas prácticas, lo cual significa además una ganancia en términos de legitimidad, integridad y transparencia, con base en los estándares internacionales que en la actualidad se les exigen bajo el marco de Empresas y Derechos Humanos.
De ahora en más en Argentina y con el respaldo de esta ley, se torna fundamental fortalecer y promover las iniciativas para ayudar a las empresas a diseñar e implementar políticas anticorrupción eficaces, aspecto en el cual debemos comprometernos a la par desde el sector privado y desde las organizaciones de la sociedad civil, que podemos brindar orientaciones prácticas y técnicas.

Por Dr. Germán Zarama.
Investigador del Institute for Human Rights and Business (IHRB). Coordinador del Área de Trabajo en Derechos Humanos y Empresas de Equilibrium Global. Abogado y Máster en Relaciones Internacionales de Universidad de Bologna. Twitter: @germanzarama

 

Equilibrium Global en la Consulta MULTI-STAKEHOLDER de la ONU en Ginebra

Equilibrium Global en la Consulta MULTI-STAKEHOLDER de la ONU en Ginebra

Responsabilidad Corporativa y Remedio en el marco de Empresas y Derechos Humanos

En el año 2014, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lanzó una iniciativa denominada “Accountability and Remedy Project – ARP” (Proyecto sobre Responsabilidad Corporativa y Remedio) con el fin de lograr una implementación más efectiva del pilar de Acceso a Remedio de los Principios Rectores de las Naciones Unidas (PRNU) proferidos en 2011, y mejorar la rendición de cuentas y el acceso a la reparación para las víctimas de abusos de derechos humanos relacionados con la actividad empresarial.
Luego de que el ACNUDH presentara un informe detallado al Consejo de Derechos Humanos (mayo de 2016) enfocado en mejorar la efectividad de los mecanismos judiciales en casos de abuso de derechos humanos relacionado con empresas, el Consejo solicitó que se llevasen a cabo consultas multi-stakeholder (de múltiples partes interesadas) para su discusión.
Bajo ese contexto, la consulta llevada a cabo en la sede de la ONU en Ginebra el pasado 5 y 6 de octubre, exploró la relación entre la debida diligencia de los derechos humanos y las determinaciones de la responsabilidad corporativa, por los impactos adversos que surgen o están relacionados con las actividades económicas/empresariales.

La consulta estuvo liderada por Lene Wendland (Asesora en Empresas y Derechos Humanos para el ACNUDH y quien actualmente dirige el Proyecto ARP) y contó con la participación de importantes organizaciones como ICAR, IBA, SHIFT, DOCIP, IHRB, OIT y Amnistía Internacional; académicos destacados en el tema como Humberto Cantú (Universidad de Monterrey) y Doug Cassel (Notre Dame Law School); y representantes de los distintos gobiernos que se encuentran discutiendo la materia alrededor del mundo, destacándose los avances de Francia, en donde ya se aprobó una ley que establece la obligación de vigilancia para las empresas y la necesidad de analizar y abordar los impactos adversos que sus actividades provocan.
El enfoque de la discusión no estuvo tanto en los aspectos técnicos sobre cómo debe llevarse a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos, sino más bien en las diferentes formas en que los regímenes de responsabilidad corporativa (y los mecanismos que la adjudican) pueden mejorarse para que exista coherencia política entre la implementación por los Estados del Pilar III de los PRNU y sus esfuerzos para promover la debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas de acuerdo con los PRNU.
Este es un aspecto de suma relevancia para los Estados al momento de cumplir con el compromiso de adoptar y poner en marcha un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos (actualmente se encuentra en etapa de elaboración y discusión en Argentina), compromiso que ya ha sido cumplido por 17 países en el mundo (incluyendo a Colombia y Chile como los primeros en la región LAC).

En el caso latinoamericano, como se evidenció en la consulta, todavía se requiere un proceso de socialización y sensibilización (con gobiernos, empresas y organizaciones) sobre el alcance de los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH de las Naciones Unidas (PRNU), y elevar la discusión para dar el –necesario- salto del concepto de responsabilidad social al de debida diligencia en cuanto al deber de proteger los derechos por parte de los gobiernos, el deber de respetar los mismos por parte de las empresas, y la necesidad de poner en marcha mecanismos idóneos para remediar de manera conjunta en casos de posibles afectaciones y/o vulneraciones generadas por actividades empresariales.
Este encuentro técnico de alto nivel en Ginebra representa un capítulo más de una serie de actividades que lidera el ACNUDH en las que participan los gobiernos, organismos multilaterales, las empresas y la sociedad civil, las cuales se originaron en gran medida debido a la aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de los mencionados PRNU, buscando impulsar una dimensión de prácticas más claras y responsables a nivel empresarial y la protección de individuos y comunidades en sus derechos. Desde Equilibrium Global seguimos con atención estos asuntos que buscan generar políticas para un mundo más justo.

Para conocer más sobre el Grupo de Trabajo de la ONU en Empresas y Derechos Humanos: Click aquí

Por Dr. Germán Zarama
Investigador del IHRB. Columnista de Equilibrium Global. Máster en Relaciones Internacionales de Universidad de Bologna.
german.zarama@ihrb.org Twitter: @germanzarama

 

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Equilibrium Global estuvo presente en Ginebra, en la Consulta MULTI-STAKEHOLDER de la ONU sobre Responsabilidad Corporativa y Remedio en el marco de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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