El crimen organizado en América Latina, ¿de qué dimensiones estamos hablando?

El crimen organizado en América Latina, ¿de qué dimensiones estamos hablando?

La criminalidad organizada de naturaleza transnacional constituye la más peligrosa amenaza a la seguridad de los ciudadanos latinoamericanos. Y sin duda, el tráfico y comercialización de drogas ilegales configura el aspecto más saliente de la criminalidad en la región, con una incidencia directa en los altos niveles de violencia que se registran dentro de sus límites. El presente trabajo explora indicadores cuantitativos y dimensiones cualitativas de la criminalidad en América Latina, así como los debates sobre las estrategias multilaterales a ser adoptadas en el futuro.

Si se enfoca la realidad latinoamericana desde el prisma de las amenazas no convencionales a la seguridad, protagonizadas por actores de jerarquía no estatal, los especialistas han alcanzado dos coincidencias: la primera, considerar a la criminalidad organizada transnacional como la principal responsable de la inseguridad en la región, con su secuela de muerte y violencia; la segunda, identificar como la principal manifestación de criminalidad en este espacio geográfico a la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales. Diferentes factores han confluido para situar en el centro de la criminalidad latinoamericana a la cuestión de las drogas. Por un lado, se produce en la región la totalidad de la cocaína del globo; por otro, también proceden de esta área importantes volúmenes de cannabis, drogas sintéticas e incluso heroína. Como fenómenos conexos a la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales en América Latina, se asiste dentro de sus límites a acciones de corrupción y legalización de activos (el llamado “lavado de dinero”), amén de la ya mencionada violencia. Con este contexto, el presente trabajo se plantea como doble objetivo describir los rasgos distintivos del crimen organizado en América Latina, aportando datos cuantitativos y cualitativos actualizados, así como identificar los ejes en torno a los cuales se registran los principales debates en la materia. A tal efecto, hemos dividido nuestra contribución en tres partes: la presente Introducción; una etapa de Desarrollo, donde las dos metas establecidas para el trabajo se reflejan en sendos apartados; y finalmente Conclusiones, derivadas de la fase inmediata anterior. América Latina en el contexto del Crimen Organizado global Tiempo después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, el académico venezolano Moisés Naím formuló su renombrado trabajo sobre “las cinco guerras de la globalización”. En el mismo alertaba que mientras la opinión pública internacional, los principales líderes políticos y buena parte de la intelectualidad enfocan su atención en el flagelo terrorista, la criminalidad organizada transnacional horada y erosiona, de manera mucho más subrepticia, la gobernabilidad y la calidad de vida de vastos sectores de la población, cobrando un altísimo precio en materia de violencia y muerte (Naím, 2004). Y lo hace merced a las fabulosas masas de dinero que movilizan sus heterogéneas y dinámicas actividades ilícitas.

En este punto, aunque no se cuenta con guarismos exactos, el cálculo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) arroja una cifra de hasta US$ 2 billones anuales, computando solamente los movimientos más lucrativos; esto último monto equivaldría a aproximadamente el 3,5% del Producto Bruto global. Aunque el Foro Económico Mundial (WEF) presenta apreciaciones más mesuradas, los guarismos que exhibe son igualmente astronómicos. En la edición de principios del corriente año de su tradicional encuentro de Davos, tomando como base datos del think tank Global Financial Integrity (GFI), estimó que las operaciones económicas ilegales que cada año lleva adelante la criminalidad organizada a nivel global alcanzan más de US$ 1 billón, correspondiendo el 60% de ese total a tres rubros: drogas ilegales, con US$ 320 mil millones; falsificación y contrabando, con US$ 250 mil millones; y finalmente tráfico de personas, con US$ 31,5 mil millones (Justo, 2016). América Latina no permanece ajena a este penoso cuadro.
En efecto, la región alcanzó el tercer lustro del corriente siglo atravesando una situación contradictoria, por momentos desconcertante, en materia de seguridad. Desde una perspectiva tradicional de esta cuestión, asociada al empleo del instrumento militar regular por parte de los Estados, en general en el marco de diferendos interestatales, la zona geográfica que nos ocupa exhibe un muy bajo nivel de conflictividad; no se detectan problemas cuya escalada pueda involucrar el empleo de la fuerza; existe una clara vocación de los gobiernos (a excepción del cubano, todos ellos elegidos a través del voto) por resolver de manera dialogada y pacífica sus disputas; y el gasto en defensa, a pesar de su constante incremento (sobre todo de la mano de Brasil), continúa siendo menor que el de otras zonas del planeta. La situación es completamente diferente, sin embargo, si se enfoca la realidad latinoamericana desde el prisma de las amenazas no convencionales a la seguridad, protagonizadas por actores de jerarquía no estatal.
En este campo, los especialistas han alcanzado dos coincidencias: la primera, considerar a la criminalidad organizada transnacional como la principal responsable de la inseguridad en la región, con su secuela de muerte y violencia; la segunda, identificar como la principal manifestación de criminalidad en este espacio geográfico a la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales y sus actividades conexas. Cabe recordar en este punto que, tomando como base las mencionadas estimaciones del GFI, con US$ 320 mil millones anuales esta actividad ilegal equivale por sí sola al 1% del Producto Bruto mundial. América Latina ocupa una posición de extrema relevancia dentro del panorama global de las drogas ilegales. Es responsable de la totalidad de la producción mundial de cocaína, superior a las 800 toneladas métricas, resultantes de más de 130 mil hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, de diferentes grados de pureza. También aporta a los mercados mundiales cantidades significativas de cannabis, heroína y, cada vez más, drogas sintéticas elaboradas en laboratorio. Los protagonistas de estas actividades conforman parte de una red de alcance planetario con múltiples ramificaciones, sirviendo como prueba la ya mítica figura del “Chapo” Guzmán, líder de la Federación de Sinaloa: de acuerdo a estimaciones elaboradas hace unos años por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, de la misma dependían 288 empresas y compañías legales de diverso tipo (boutiques, casas de empeño, restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas, compañías mineras, criaderos de aves e inmobiliarias, entre otras) encargadas esencialmente de controlar el microtráfico y el narcomenudeo, así como de legalizar los activos procedentes de la comisión de ilícitos. Esa densa e intrincada red se desplegaba en más de diez países, en América Latina y Europa (Otero, 2015). Increíblemente, los cálculos de la OFAC pueden ser tildados de conservadores, ya que estudios independientes elevan el despliegue del Cártel de Sinaloa a no menos de treinta países de África, Asia, Oceanía, América Central y Sudamérica, además de Europa Occidental y Estados Unidos. Por caso, el reconocido periódico Excelsior confirma la presencia de la organización en todos los países de América del Sur, con excepción de Uruguay y Paraguay; al menos seis naciones centroamericanas (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Honduras y Guatemala) y una caribeña (República Dominicana); Estados Unidos y Canadá; por lo menos seis países europeos (España, Portugal, Italia, Francia, Holanda y Alemania); Japón, China y Filipinas en el Extremo Oriente, Australia y al menos un país en el África Subsahariana, Guinea Bissau (Diario Excelsior, 2 de marzo de 2016). Merced a las alianzas de los grupos de esos lugares con la organización sinaloense, Logan (2013) ha denominado a la estructura resultante con el calificativo de “narco-holding”. En directo correlato con el alcance global de sus operaciones, la masa de dinero que mueven las drogas oriundas de América Latina es exorbitante. La obtención de un kilogramo de cocaína de máxima pureza suele demandar entre 150 y 400 kilogramos de hojas de coca, dependiendo de su calidad (en relación a la cantidad de alcaloides), materia prima que suele ser abonada a los indígenas de los Andes sudamericanos a razón de un dólar estadounidense por kilogramo. Pero el producto de ese proceso puede ser comercializado a escala minorista (el llamado “narcomenudeo”) en una capital sudamericana como Bogotá, o Caracas, a US$ 5000. Conforme el tráfico aleja a la droga ilegal de su lugar de procedencia, los precios al consumidor continúan incrementándose, pudiendo alcanzar ese kilogramo de cocaína más de US$ 15 mil en los estados meridionales de Estados Unidos, y entre US$ 25 mil y US$ 60 mil en una capital europea. La mención al costo de comercialización minorista de la cocaína sudamericana en las grandes ciudades del Viejo Continente ayuda a recordar los vínculos que suelen registrarse entre el tráfico de drogas y el terrorismo, en un formato híbrido que ha sido denominado “narcoyihadismo”. Y es que cada vez en mayor proporción, esa cocaína fluye hacia el mercado europeo a través de diversos países del África subsahariana, especialmente el sector occidental de ese vasto cinturón de tierra conocido como Sahel. Allí, en Mauritania, Senegal, Mali, Gambia o Guinea Bissau, organizaciones como Al Qaeda (su filial regional AQMI) se involucran tanto como los señores de la guerra locales en este comercio ilegal, obteniendo importantes ganancias que les ayudan a sustentar sus acciones terroristas. En los términos de dos periodistas españoles que realizaron una interesante crónica sobre esta ruta de tráfico (Rojas & Herraiz, 2014), alrededor del 15% del precio de la cocaína sudamericana en las calles de Madrid o París obedece a las ganancias de quienes cobran el “peaje” en el Sahel.

La cantidad de dinero que involucra el tráfico de drogas explica tanto la corrupción que se genera en torno a estas actividades, como la violencia que propicia, en un doble sentido: por un lado, producto de la puja entre organizaciones criminales por el control de rutas y mercados de comercialización, en lo que el galo Alain Labrousse denomina “geopolítica de las drogas”; por otro, como resultante del enfrentamiento entre esas bandas y el Estado, a través de sus instituciones especializadas.  Hoy día, México configura el caso extremo de la violencia generada por el crimen organizado. Los primeros seis años de guerra abierta del Estado contra los carteles del crimen organizado, que coincidieron con la gestión presidencial del panista Felipe Calderón (diciembre 2006-diciembre 2012), dejaron un espeluznante saldo de muertes cuyo cálculo fluctúa entre 60 mil casos, según fuentes oficiales, y más del doble de acuerdo a estimaciones independientes. El semanario Zeta toma esta última estimación y le agrega otros 65 mil correspondientes a los tres primeros años de gestión del actual mandatario Enrique Peña Nieto (diciembre 2012-diciembre 2015), para concluir con más de 185 mil homicidios dolosos en nueve años de combate contra las drogas (Navarro Bello & Mosso Castro, 2016). Más allá de la particularidad del caso azteca, los siguientes guarismos contribuyen a dimensionar la inseguridad latinoamericana, asociada a la criminalidad, en toda su extensión geográfica: mientras las Naciones Unidas han calculado al promedio global de homicidios violentos en 6,9 casos cada cien mil habitantes (6,9/00000), en América Latina esa tasa crece a más del doble, hasta alcanzar 15,6/00000. Otras estimaciones muestran un panorama aún más sombrío: el informe elaborado en el año 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la violencia en el mundo calculó la tasa de homicidios regional en 28,5/00000 habitantes, una cifra que cuadruplica la del resto del mundo y es el doble de la de los países en desarrollo de África (OMS/ONUDC/PNUD, 2014).

Por otro lado, de acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a contar con menos del 10% de la población mundial, a la región le corresponde más del 30% de los homicidios violentos del globo, con casi 150 mil casos anuales de ese tipo, así como las dos terceras partes de los secuestros extorsivos llevados a cabo en el todo el orbe. Complementando lo anterior, hace poco más de un año desde la ONU se confirmó que América Latina es la región donde más se emplean armas de fuego para la comisión de delitos violentos; armas éstas que son traficadas por grupos criminales y que suelen terminar en manos de grupos relacionados con el narcotráfico .

Hace ya muchos años, América Latina ostenta un lamentable monopolio: el de las ciudades más violentas del mundo, tomando como indicador los homicidios perpetrados. Así lo confirma cada reporte anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Criminal (CCSPJC), la muy respetable ONG mexicana que se encarga de elaborar estos índices, basados en estadísticas oficiales proporcionadas por los propios gobiernos. En este sentido, indica el Consejo que del conjunto de las cincuenta urbes más violentas de todo el globo, cuarenta y tres se encuentran en América Latina; más aún, son latinoamericanas las primeras veinte, con las únicas excepciones de Ciudad del Cabo en República Sudafricana y Saint Louis en Estados Unidos.

Tradicionalmente, las urbes posicionadas en los primeros puestos suelen ser mexicanas, como Tijuana, Ciudad Juárez o Acapulco; o centroamericanas, como San Salvador, Tegucigalpa o San Pedro Sula. De hecho, esta última ciudad hondureña retuvo hasta el año 2014 el primer puesto de este luctuoso listado, con 1317 homicidios anuales, lo que equivale a 171,2/00000 habitantes; en lo que constituyó un nítido reflejo del rápido deterioro de la situación nacional venezolana, Caracas se ubicó en el segundo puesto con 115,9/00000 habitantes. En términos absolutos, empero, durante ese ejercicio anual la capital bolivariana se posicionó holgadamente como ciudad más violenta del mundo con 3797 asesinatos. En 2015, Caracas no sólo encabezó el listado de ciudades más violentas del mundo en términos absolutos, con 3946 homicidios violentos, sino también relativos con 119,8/00000; San Pedro Sula, en tanto, acusó una notoria caída para marcar 111,3/00000 en términos relativos, reflejo de 885 decesos (CCSPJC, 2016). La criminalidad organizada en general, particularmente el narcotráfico, permean este escenario que pone de manifiesto el CCSPJC. Salvo el legado de las guerras civiles de hace casi cuatro décadas, cuyas secuelas continúan vigentes en el istmo centroamericano, una especialista (Gurney, 2014b) concluyó que los demás factores identificados con alta incidencia en la violencia urbana se enraízan con la criminalidad: el crecimiento de los mercados de consumo locales, que propicia tanto el surgimiento de carteles autóctonos como la concurrencia de grupos foráneos; la fragmentación de grandes cárteles y las pujas por sus mercados; la constitución de nuevos “nodos” (hubs) de comercialización en lugares que otrora sólo eran corredores de tránsito; y el incremento de la corrupción estatal. Un repaso de los factores identificados en el párrafo anterior confirma que entre los mismos no se encuentra la pobreza, dato que no es menor si se tiene en cuenta la insistencia de algunos intelectuales en que la criminalidad organizada latinoamericana, con su correlato de violencia, es el emergente de una desfavorable situación socioeconómica de los sectores más amplios de la sociedad; en particular, en lo que hace a la distribución del ingreso. Después de todo América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad del ingreso, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, investigaciones permiten comprobar que la distribución del ingreso no incide significativamente en la violencia que azota a la región. De hecho, desde inicios del presente siglo hasta nuestros días, precisamente el lapso en el cual la referida violencia tuvo un explosivo incremento en ese espacio geográfico, el crecimiento económico allí experimentado se tradujo en una disminución de las inequidades y desigualdades en esta materia, que no tuvo correlato en otras partes del mundo. Así se constata a través del llamado Índice de Gini, que refleja la distribución de ingresos (a partir de una escala de cien puntos, donde el cero representa una igualdad perfecta), cuya medición suele correr por cuenta del Banco Mundial. Dicho esto con otras palabras, mientras las brechas sociales se ampliaban en todo el mundo, en América Latina se reducían. Pero paradójicamente Latinoamérica registró un enorme salto cuantitativo en materia de violencia, en forma simultánea a su disminución en el resto del orbe (Gagne, 2015). En este punto, es importante tener presente que la inseguridad latinoamericana no se circunscribe actualmente a fríos números e impersonales estadísticas, sino que se traduce en las percepciones de los ciudadanos, que se agravan con el paso del tiempo. Gurney (2014a), tomando como base el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) que elabora la universidad estadounidense de Vanderbilt, consigna que hacia fines del año 2014 la percepción promedio de inseguridad en la región alcanzó 43 puntos en una escala de cien, producto de un incremento de casi el 16% en apenas dos años (2012=37,6).
En igual período aumentó también el porcentaje de encuestados que citó a la seguridad como el problema más importante que enfrenta su país, llegando al 32,5 %. Tal cual acontece en otras partes del mundo, en estas latitudes la criminalidad organizada y la corrupción son fenómenos que registran una fuerte interacción. De acuerdo a una investigación (McDermott, 2014) financiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) canadiense, los diez países en los cuales ha adquirido mayor desarrollo el mencionado vínculo son, en orden decreciente, los siguientes: México, Colombia, Honduras, Brasil, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Perú, Paraguay y Argentina. En todos ellos, acota la referida pesquisa, operan importantes organizaciones criminales, tanto locales como foráneas. Por cierto, todo este penoso cuadro de situación conlleva importantes perjuicios económicos para los Estados involucrados. Hacia fines del año 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un reporte en el cual estimaba esos costos en un promedio del 3% del Producto Interno Bruto regional. La metodología empleada consistió en discriminar entre costos en “anticipación” al delito (seguridad pública y privada), costos como “consecuencia” del delito (homicidios, lesiones, robos, hurtos), y costos en “respuesta” del delito (sistema de justicia criminal, gastos de atención a las victimas). Por otro lado, se seleccionó una muestra integrada por Chile (1.8% PBI), Costa Rica (1,9%), Uruguay (2,3%), Paraguay (3.8%) y Honduras (4.6%); en esos países el costo del crimen promedia 3% del PBI.. La editora del dossier en cuestión explicó que la cantidad de dinero involucrado equivale tanto al gasto anual de la región en materia de infraestructura, como a los ingresos del 20% más pobre de la población (Diario La Nación, 23 de octubre de 2015).
Casi un año más tarde, la citada institución convocó a una reunión de expertos en Buenos Aires, en la cual proporcionó sus más recientes guarismos: tanto la violencia organizada como su combate tienen un coste estimado promedio de aproximadamente US$ 200 anuales por habitante, lo cual arroja un total de US$ 120 mil millones por año. De esa cifra, cerca del 40% corresponde al gasto en fuerzas policiales. Indica la entidad bancaria que si los referidos montos pudieran reasignarse, a partir de una previa disminución de las cifras latinoamericanas de inseguridad hasta emular los estándares globales, el área podría incrementar en un 25% su PIB per cápita (Cué, 2016). Lamentablemente, en forma simultánea a las alzas de los niveles de violencia, y de sus perjuicios económicos, las percepciones de los ciudadanos –según se desprende de serios y objetivos estudios- (Asuntos del Sur & OPDOP, 2015) sugieren la ineficacia de las estrategias gubernamentales adoptadas de cara a este fenómeno. En promedio, un 67% de los latinoamericanos consideran que en el lustro 2010-1014 se incrementó el narcotráfico en la región (llegando a un pico del 92% en Argentina); el 78% de la población estima que se ha simplificado el acceso al cannabis (90% en Argentina), mientras otro 74% consideró lo mismo respecto a la cocaína (88% en Bolivia, 87% en Argentina). Los ejes del debate hoy frente a esta situación, no se observa la aparición de enfoques novedosos, más allá de lo que propuso la OEA hace ya tres años, en su documento pionero sobre la problemática de las drogas en el hemisferio.
Conviene recordar que ese reporte recogía el debate disparado inicialmente por el informe “Drogas y Democracia: hacia un nuevo paradigma” de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2009), que a su vez constituyó el antecedente directo de la Comisión Global sobre Política de las Drogas (CGPD), que replicó sus demandas y recomendaciones a nivel internacional. En ese contexto la OEA (2013), como corolario de sus análisis prospectivos al año 2025, diseñó tres vías diferentes para el continente según se ponga el acento en el fortalecimiento institucional y la cooperación interestatal (“Juntos”), la experimentación con modificaciones legales (“Caminos”) o la capacidad de reacción ante el problema desde la comunidad (“Resiliencia”). El cuarto escenario (“Ruptura”) advierte sobre lo que podría ocurrir si no se logra construir en el corto plazo una visión hemisférica que permita sumar esfuerzos para enfrentar el problema, respetando al mismo tiempo la diversidad de sus países: conductas crecientemente unilaterales, sin aunar esfuerzos ni constituir instancias de coordinación entre naciones del continente. Con mayor grado de detalle, en el primer escenario los países de la región incrementarían y profundizarían su cooperación, enfocando los esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y su correlato de violencia y corrupción; en este contexto resulta crucial el fortalecimiento de las instituciones judiciales y los organismos de seguridad nacionales, no sólo incrementando su eficacia sino también disminuyendo su vulnerabilidad a la penetración criminal.

La segunda alternativa basada en la experimentación con modificaciones legales puede adquirir múltiples formatos a la hora de su aplicación, fluctuando entre la introducción de cambios en materia regulatoria y la aplicación de nuevos modelos de prevención. Sin dudas, esta opción es tal vez la que mayor controversia genera, desde el momento en que plantea la despenalización del consumo de ciertas drogas (en principio cannabis), dejando de tratar ese acto desde el ángulo de la seguridad para hacerlo desde una perspectiva de salud pública. Consecuentemente el consumidor es percibido más como una víctima, un adicto crónico, que como un delincuente o un cómplice del narcotráfico. Por otro lado, desde el momento en que una eventual legalización de drogas ilegales alcanzaría solamente a algunas de ellas, que por simple mecanismos de mercado podrían disminuir su rentabilidad en la medida en que se levantan obstáculos a la oferta, su implementación de seguro redundaría en una reorientación de las actividades de algunas organizaciones criminales, hacia oportunidades de negocios que garanticen sus ingresos.

En el tercer escenario, los esfuerzos se orientan a la reconstrucción y el fortalecimiento de las comunidades a nivel base, no sólo en lo referente a aspectos preventivos y de recuperación, sino también en cuestiones estructurales que afectan a sectores sociales particularmente vulnerables, tales como educación y empleo. Judicialmente, en tanto, el enfoque cambiaría de posturas punitivas a la rehabilitación. Por último, la cuarta y última opción ha sido planteada, desde algunas perspectivas, en términos virtualmente apocalípticos. No sólo habría mayor propensión a la unilateralidad, como lo admite el propio organismo hemisférico, con su correlato de menos operaciones de interdicción, sino incluso más casos de acuerdos subrepticios entre Estados y organizaciones criminales, para garantizar ciertos niveles mínimos de paz social a cambio de menos controles sobre las actividades de estos grupos. Y en la medida en que los fondos de la criminalidad puedan fluir sin restricciones a lo largo de los aparatos económico y político, muchos países estarían en camino de convertirse en auténticos “narcoestados”, el modelo teórico de “Estado Mafioso” que postula Naim (Bargent, 2013). Los tres primeros escenarios que plantea la OEA no sólo no son incompatibles entre sí, sino que su adecuada combinación los potencia sinérgicamente y abre la puerta a novedosas iniciativas que los articulen.

Por caso, la propuesta del BID para mejorar los niveles de seguridad ciudadana en la región, sustentada en cuatro pilares: en primer lugar, invertir en prevención, con un enfoque en los factores de riesgo que afectan a sectores particularmente vulnerables de la población; segundo, reformar la policía, acercándola a la ciudadanía a la vez que se la moderniza, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías de la información; en tercer término, reducir la impunidad, básicamente a través del fortalecimiento de la investigación criminal y la agilización de la justicia penal; finalmente, fortalecer las instituciones estatales involucradas en la cuestión, mejorando la coordinación entre agencias públicas (Alvarado, 2015). Sin embargo, es necesario indicar que “caminos”, el innovador enfoque que el organismo hemisférico plantea en lo referente a la despenalización del consumo de ciertas drogas, no sólo no ha generado consenso a nivel global, sino que ha producido nuevos clivajes en el seno de la comunidad internacional, entre quienes se arrogan la virtud de abordar este espinoso tema con un “rostro humano”, y quienes ellos acusan de sostener posiciones prohibicionistas. Esta fragmentación se confirmó en toda su dimensión en la reciente Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) celebrada para debatir sobre el problema mundial de las drogas. La Sesión Especial estuvo precedida por polémicos documentos que prepararon el terreno para el debate. Entre ellos se incluyeron las apreciaciones vertidas por un experto sanitarista de la ONU, indicando que se le debe quitar una connotación delictiva a la posesión de drogas hoy ilícitas, pues un énfasis represivo en el control de drogas había alejado a importantes sectores de la población de los servicios públicos de salud, además de haber incidido directamente en los niveles de violencia (Puras, 2015). También se destacó un reporte oficial británico basado en indicadores internacionales, consensuado entre laboristas y conservadores, indicando que no existía evidencia que el endurecimiento de penas por posesión de drogas ilegales haya incidido en la disminución del consumo, en lo atinente a heroína, cocaína y cannabis (Home Office & Baker, 2014).

En esta línea, en UNGASS numerosos países plantearon la necesidad de debatir y repensar las actuales políticas de ONUDC, considerando que no sólo no se ha podido controlar el tráfico ni el consumo de drogas, sino que se estaría lejos de lograrlo. Entre esas naciones se destacan Guatemala, Jamaica, Colombia y México, cuyo mandatario Enrique Peña Nieto expresó en ese cónclave: “Debemos ser flexibles para cambiar lo que no ha dado resultados, el paradigma basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada <guerra contra las drogas> (…) no ha logrado disminuir la producción, el tráfico ni el consumo mundial de drogas”.

Planteadas así las cosas entre quienes abogan por una drástica reforma de las estrategias antidrogas, abordando el consumo principalmente como un problema de salud pública, y quienes insisten en tesituras punitivas, basadas en una estricta aplicación de las leyes, continúa prevaleciendo esta segunda posición. De hecho, en el documento final del cónclave de Nueva York los participantes ratificaron tanto su voluntad de promover una sociedad libre del abuso de las drogas, como la vigencia de los tratados vigentes en el marco de la ONU para lidiar con este flagelo (ONU, 2016). Desde la vereda de enfrente, el citado documento fue interpretado la CGPD (2016) como una nítida muestra de la reticencia de ciertos países a reconocer el fracaso de los mecanismos de control de la oferta y la demanda de drogas ilícitas, como así también de las políticas implementadas para abordar las problemáticas conexas de la violencia criminal y la corrupción. Conclusiones La criminalidad organizada transnacional ha alcanzado cada rincón de la geografía latinoamericana, y muy especialmente su expresión más conocida: el tráfico y comercialización de drogas ilegales. Así como es imposible lograr una descripción cabal del crimen mundial sin dedicar un importante apartado a América Latina, no puede aludirse a esta región sin una referencia al narcotráfico. Un flagelo que cruza transversalmente otras morfologías delictuales y que se acompaña de corrupción y violencia, fenómenos con los cuales se retroalimenta, y que genera múltiples daños al tejido social.

El dinamismo que exhibe esta región en materia criminal, especialmente en lo atinente a drogas ilegales, proporciona una mirada alternativa a la lectura tradicional según la cual nuestra región está signada por envidiables niveles de paz y concordia, donde los gobiernos democráticos se comprometen a encauzar sus discrepancias y diferencias a través del diálogo y la negociación. Esa mirada alternativa no inhibe la heterogeneidad de los casos que encierra su geografía, aunque en este punto hay cuatro conclusiones que se pueden obtener: en primer lugar, que cada caso presenta aristas propias y peculiares, y por cierto intransferibles, segundo, que la expansión y agravamiento de la criminalidad guarda relación directa con la reducción de los niveles de gobernabilidad y la erosión de la presencia estatal efectiva en los territorios que debe controlar; en tercer término, que el abanico de respuestas de los Estados al flagelo criminal es extremadamente heterogéneo, sin que puedan postularse reglas generales desde una perspectiva normativa; finalmente, que la criminalidad latinoamericana en general, y por supuesto el tráfico de drogas, está signado por una fuerte “glocalidad”, en el sentido de enraizar y vincular episodios aparentemente locales con complejas redes delictuales transnacionales. Más allá de esas cuatro conclusiones, o tal vez como una quinta conclusión, queda claro que la lucha contra esta amenaza no convencional a la seguridad es una empresa de largo aliento que demanda el empleo concertado de todos los recursos estatales y la cooperación internacional. En este sentido, el desenlace de UNGASS hace escasos meses indica que aún queda un largo camino por recorrer.

Por Dr. Mariano Bartolomé. Graduado y Doctor en Relaciones Internacionales. Profesor Titular en la Licenciatura en Relaciones Internacionales, y Coordinador de la Diplomatura en Seguridad Internacional y Defensa, en la Universidad de Belgrano (UB), Argentina.

Publicado originalmente en: http://revista.rlcu.org.ar/numeros/14-29-Octubre-2016/documentos/Bartolome.pdf y presentado oficialmente en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 

La dinámica de la Seguridad Internacional contemporánea y el rol de la Inteligencia Estratégica en América del Sur

La dinámica de la Seguridad Internacional contemporánea y el rol de la Inteligencia Estratégica en América del Sur

“Piensa globalmente, actúa localmente” (Think globally, act locally)

“El mundo. Y qué hacer con él” (The world. And what to do with it)

La Inteligencia Estratégica está considerada como la máxima instancia evolutiva de la actividad de inteligencia. Y las dos frases que preceden el presente trabajo fueron elegidas por un mismo motivo, que es el de reflejar con bastante exactitud su esencia, de manera involuntaria y desde ámbitos ajenos al propio recorte disciplinar. En efecto, la primera frase es un lema compartido por militantes y grupos ambientalistas de todo el mundo, concebido hace casi cuatro décadas por el científico René Dubos; la segunda, por su parte, es el eslogan del influyente periódico International Herald Tribune, editado en París.
Ambas citas, en tanto, explicitan la conveniencia de tomar decisiones a partir de una previa comprensión del funcionamiento de los entornos y contextos que puedan influirlas, y que trascienden lo inmediato tanto temporal como espacialmente. Promediando la segunda década del siglo, el marco contextual de las decisiones trascendentes del Estado moderno es, cada vez más, el mundo en toda su complejidad, como resultado de la intensificación del proceso de globalización, y la consecuente profundización de las interdependencias. Y esto es así aun para naciones de segundo o tercer orden desde el punto de vista de la distribución de poder, como sería el caso de las latinoamericanas, incluyendo las ubicadas en América del Sur, que son las que interesan a los efectos del presente trabajo. Específicamente en el plano o subsistema atinente a la seguridad, la referida complejidad del sistema internacional se traduce en una agenda en constante mutación, con numerosas y heterogéneas amenazas y fuentes de riesgo, dando como resultado un tablero signado por la volatilidad e incertidumbre. Y como sostiene acertadamente una colega (Anguita Olmedo & Campos Zabala, 2008), la incertidumbre en la toma de decisiones genera inseguridad, que puede reducirse a través de una adecuada inteligencia, correctamente interpretada por los decisores.
Lo hasta aquí planteado confirma el rol central que debe desempeñar la Inteligencia Estratégica en América del Sur. A partir de esa certeza, a continuación efectuaremos una breve referencia al panorama de la Seguridad Internacional contemporánea para luego enfocarnos en la Inteligencia Estratégica en la región e identificar qué características debería cumplir a la hora de ser aplicada por las naciones comprendidas en ese espacio geográfico, culminando con la formulación de unas breves conclusiones.
Sólo resta recordar que, aplicando un abordaje de tipo deductivo desde el punto de vista metodológico, no puede hablarse de Inteligencia Estratégica sin efectuar una previa referencia al concepto inteligencia, sus límites y contenidos. Por eso, en una primera aproximación a la cuestión acordaremos que “inteligencia” es una suerte de paraguas que incluye cinco significaciones diferentes, aunque concatenadas e íntimamente vinculadas entre sí: (i) un conocimiento particular; (ii) la organización que lo produce; (iii) la actividad de esa organización; (iv) el proceso que guía esa actividad; y (v) el producto de ese proceso y esas actividades (Schreier, 2009). Concebida como un proceso, lo entendemos como “aquel que brinda información procesada, útil y oportuna, sobre alguna situación específica y que contribuye a optimizar el proceso de toma de decisiones”. Es decir, no sólo le proporciona información al usuario, sino también de un insight específico que le permite reducir los niveles de incertidumbre, facilitando el proceso decisorio (Bartolomé, 2015).

Un breve comentario sobre el escenario de la Seguridad Internacional
Hace poco más de un cuarto de siglo, en épocas del fin de la Guerra Fría, algunos analistas aventuraban el advenimiento de un escenario internacional exento de violencia, donde la democracia capitalista se expandiría por todos los rincones del planeta y los conflictos armados disminuirían de manera sostenida, hasta convertirse casi en una rareza. Los ropajes que adquirían esos planteos de claro sesgo kantiano eran diversos, aunque probablemente la tesis del Fin de la Historia sea la que mayor difusión tuvo. Resulta ocioso reseñar que esa lectura rápidamente quedó desacreditada por la proliferación de violentos conflictos en diferentes puntos del globo. Era cierto que con la finalización de la compulsa bipolar había disminuido el riesgo de un holocausto nuclear pero, como oportunamente recordamos, le asistía la razón a James Woolsey, otrora máxima autoridad de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, cuando indicaba que la “jungla internacional” se había librado de un gran dragón (en alusión a la Unión Soviética) pero continuaba infectada de una gran cantidad de serpientes venenosas que la tornaban extremadamente peligrosa. Este tipo de lecturas se encuentran absolutamente vigentes, y así es que se advierte la existencia de un déficit global de seguridad (Spence, 2014) y el inicio de una Era del Desorden (Haass, 2014) en la cual los actores estatales, incluso aquellos con rango de superpotencia como Estados Unidos, atravesarían crecientes “inseguridades nacionales” (Rothkopf, 2014).
Una descripción de la agenda de la Seguridad Internacional contemporánea excede tanto los objetivos del presente trabajo, como su extensión posible. No obstante, no puede dejar de señalarse que una de las notas salientes de este complicado panorama, está constituida por la jerarquización de fuentes de daño de naturaleza transnacional protagonizadas por actores no estatales, que despliegan sus actividades de acuerdo a una lógica espacial diferente a la que propone la cartografía política tradicional, de raíz westfaliana. A este estado de cosas se refiere el español Aznar (2012: 165) con su idea de “amenazas sin fronteras y fronteras sin amenazas”, destacándose a juicio de quien suscribe por su importancia la criminalidad organizada, el terrorismo y la proliferación y difusión de armas de destrucción masiva y tecnologías sensitivas. El ya mencionado fenómeno de la globalización, proceso dinámico caracterizado por el rápido crecimiento de flujos transfronterizos diversos (bienes, servicios, dinero, personas, tecnología, ideas, cultura, valores, etc.) agrava la peligrosidad de las citadas amenazas, potenciándolas. En tanto, las formas de conflicto armado prevalecientes en la actualidad se alejan de los tradicionales moldes interestatales y simétricos, conformando un panorama extremadamente heterogéneo donde tienden a prevalecer los formatos híbridos. El caso del autodenominado Estado Islámico sería paradigmático en este sentido. Así se entiende que el famoso politólogo Giovanni Sartori se refiera al impacto en suelo europeo del extremismo fundamentalista islámico sentenciando que el Viejo Continente se hallaba inmerso en una guerra de nuevo tipo. En sus propias palabras: “vivimos una guerra terrorista, global, tecnológica y religiosa” (Gómez Fuentes, 2016). Lo antedicho no debe ser interpretado como la superación de las pujas interestatales. Por el contrario, éstas mantienen absoluta vigencia y, a caballo de consideraciones geopolíticas (donde el acceso y control de recursos naturales estratégicos ocupa un lugar central) y tradicionales políticas de poder de cuño realista, pueden ser el detonante de graves crisis cuya escalada podría desembocar en episodios bélicos. Por lo pronto, desde esta lógica se explica en buena medida el sostenido aumento del gasto militar global anual. Todo este desorden, este déficit global de seguridad, podría verse reforzado por una difusión cada vez mayor de poder en el escenario global, que recibe influencias de decenas de protagonistas estatales y no estatales autónomos, complicándose así la adopción de decisiones colectivas. Como resultado de tal difusión, ningún país ni bloque de países tiene la capacidad para manejar la agenda internacional, siendo una consecuencia de esta imposibilidad el incremento de la conflictividad internacional, en diversas formas. Esta novedosa situación ha sido rotulada como “no polaridad” por Haass (2008), mientras Bremmer ironiza con un mundo cuya gobernanza descansa en un “Grupo de los Cero” (G-0), indicando que ningún actor puede asumir esa función (Bremmer & Roubini, 2011).

La Inteligencia Estratégica y su aplicación en América del Sur
Históricamente, en América del Sur la cuestión de la inteligencia no sólo no ocupó espacios relevantes dentro de la producción científica local, sino que cuantitativamente su presencia en ese ámbito fluctuó entre la escasez y la nulidad. Desde un punto de vista cualitativo la situación no fue menos preocupante, pues el persistente desconocimiento de la ciudadanía sobre lo que significa esa actividad ha facilitado que en el imaginario colectivo de numerosas sociedades de la región se instalen negativas percepciones. Percepciones que refieren a organismos que emplean de manera irrestricta los recursos (humanos, materiales, financieros) públicos con metas asociadas más a objetivos puntuales del gobierno de turno que a intereses nacionales; que vulneran periódicamente los derechos civiles y las libertades individuales de los ciudadanos; y que suelen estar exentos de las prácticas de control y accountability características de una democracia sana. Afortunadamente, esas imágenes no suelen contar con respaldo empírico, pues los procesos de democratización que se iniciaron en la región en los años 80 y su progresiva consolidación desde ese momento hasta el presente, facilitaron el control civil sobre los organismos de inteligencia, incluyendo la formación de especialistas en la materia y el diseño de una carrera profesional para aquellos que se desempeñarán como funcionarios estatales. Sin embargo, ha habido excepciones que empañaron los logros obtenidos en este campo, siendo el último de estos episodios que salió a la luz el acontecido en Argentina a comienzos del año 2015, cuando la súbita muerte de un fiscal federal en condiciones extremadamente sospechosas y controvertidas, derivó en un escándalo que gozó de una amplia cobertura mediática, en cuyo contexto la oposición política acusó al Poder Ejecutivo de emplear en su propio beneficio a la Secretaría de Inteligencia (SI), a la sazón la principal institución de la nación en ese rubro. Simultáneamente aunque en sentido inverso, desde la Casa Rosada se insistía en que ese organismo se había vuelto inmanejable y había elaborado su propia agenda de trabajo, incluyendo la ejecución de operaciones de espionaje interno, sin subordinarse a las autoridades democráticas. En un cambio que fue mucho más cosmético que estructural, la SI fue reemplazada por una Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero la crisis aún dista de resolverse (ADC, 2015). En los últimos años, la producción académica sobre inteligencia en América del Sur se ha incrementado, novedad que contribuye a paliar –al menos parcialmente- la inconveniente situación descrita, y ha comenzado a incursionarse en el ámbito de la Inteligencia Estratégica. Al menos tres trabajos colectivos publicados en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, en este último caso con mayoría de colaboradores sudamericanos, dan cuenta de esta innovación (Swenson & Lemozy, 2009; Rivera Vélez, 2010; Paz, 2015). Además, se han conformado cátedras y líneas de investigación sobre la cuestión en Brasil y Chile, mientras carreras de posgrado con títulos oficiales se consolidan en Argentina. Lo notable de las obras mencionadas, empero, es que de las mismas no se desprende una concepción consensuada sobre lo que es la Inteligencia Estratégica; incluso, algunos de sus autores continúan remitiéndose a los trabajos pioneros de Sherman Kent y Washington Platt, pese a que datan de 1949 y 1957 respectivamente, mientras otros especialistas resuelven fácilmente la cuestión dando por sentado que el lector ya conoce en profundidad este concepto, no resultando necesaria ninguna explicación adicional. Desde el punto de vista de quien suscribe, siguiendo el enfoque adoptado en trabajos anteriores (Bartolomé, 2015), consideramos que la actividad de inteligencia suele adjetivarse como “estratégica” de acuerdo a tres criterios diferentes, que no sólo no son mutuamente excluyentes, sino que suelen presentarse de manera combinada: en primer término, cuando su producto se basa en insumos, por lo general análisis, proporcionados por otros organismos o agencias (por ejemplo, órganos de las Fuerzas Armadas); son estos organismos, y no el que produce la Inteligencia Estratégica, los que efectúan tanto las tareas de recolección (o reunión) como el primer procesamiento de la información reunida. Un segundo rasgo distintivo de la Inteligencia Estratégica es que su producto pretende apuntar al mediano y largo plazos; y en tercer lugar, cuando el producto es particularmente importante o relevante.

En consecuencia, en el presente trabajo se entiende que la Inteligencia Estratégica es el producto de inteligencia para empleo del máximo poder decisorio, que trasciende a la inmediatez y la coyuntura para identificar en relación al Estado, con un horizonte temporal mayor, tanto amenazas reales o potenciales, como oportunidades. Para los países de América del Sur, como para todas las unidades políticas de este tipo en rigor de verdad, la Inteligencia Estratégica constituye una herramienta fundamental en el marco de sus esfuerzos para prevenir, combatir y neutralizar las amenazas y riesgos que se ciernen sobre su sociedad y los ciudadanos que la integran, en el complejo entorno de seguridad contemporáneo. En este sentido, más allá de las particularidades de cada nación en esta actividad, hemos identificado cinco condiciones básicas que debe cumplir la Inteligencia Estratégica en nuestra región, para cumplir su cometido con eficacia y eficiencia, en un marco de plena vigencia del Estado de Derecho. En primer lugar, en lo relativo a la etapa de recolección en la base de la pirámide informacional, se torna necesaria una optimización de fuentes. Transitamos una época en la cual los grandes avances tecnológicos en los campos de la electrónica, la óptica y las telecomunicaciones tienden a colocar en el centro de la escena a la inteligencia basada en señales (SIGINT) e imágenes (IMINT). Sin embargo, existen restricciones y condicionantes para la captación de señales u obtención de imágenes por medios tecnológicos, incluso de índole económica, un dato no menor a la luz de las limitadas capacidades de las naciones sudamericanas; por otra parte las imágenes y señales obtenidas por medios tecnológicos, más allá de su valor, pueden resultan insuficientes a la hora de efectuar evaluaciones políticas, puesto que no tienen en cuenta el factor humano, la principal variable independiente en todo análisis.
En consecuencia, frente a esta tendencia, es necesaria una revalorización de las fuentes humanas (HUMINT), que confirman su importancia crucial, incluso en esta época de avances tecnológicos. Segundo, urge optimizar las capacidades de análisis. Los desafíos que presenta el tablero internacional contemporáneo exigen contar con avezados especialistas en cuestiones específicas, con alta capacidad interpretativa y profundos conocimientos culturales, incluso idiosincráticos, sobre la cuestión tratada. Especialistas aptos para el trabajo en equipo, para poder integrar cuerpos constituidos con finalidades analíticas concretas. Y con alto grado de adaptabilidad al cambio, siendo que en materia de inteligencia “el paradigma del enemigo conocido, las fronteras definidas y los objetos unívocos ha desaparecido en gran manera” (Sepúlveda, 2007: 80).
En épocas de Internet, publicaciones on line, redes sociales y enormes bases de datos, un incremento de las capacidades de análisis demanda la revalorización de los productos basados en fuentes abiertas (OSINT); en este sentido, la clave es incorporar al proceso de análisis un mayor caudal de información pública con alta especialización temática, con distintos formatos y diferentes procedencias. Dentro de la OSINT deben incluirse los llamados “outsiders”, personalidades con profundos conocimientos sobre una temática específica, que están en capacidad de proveer nuevos y valiosos puntos de vista a la estructura de inteligencia (además de contribuir a la limitación de las mencionadas distorsiones del proceso de análisis). En tercer término, reafirmamos con categoría de condición imprescindible una cuestión que ha merecido un tratamiento prioritario en los análisis sobre esta disciplina en los últimos tiempos: la cooperación en materia de inteligencia, tanto en el plano interinstitucional, como en el intergubernamental. En el primero de estos planos, el interagencial, prácticas cooperativas limitadas al mero intercambio informativo son de por sí positivas, desde el momento en que contribuyen a superar la “falta de sinergia” que genera la compartimentación de la información. No obstante, lo ideal sería ir más allá de este estadio para lograr interacciones horizontales donde los analistas de diferentes organismos intercambien puntos de vista, siendo que la misma complejidad de las situaciones que analizan esas instituciones, y sobre las cuales se debe elaborar Inteligencia Estratégica, exige la articulación de respuestas interdisciplinares (Tortosa Garrigós, 2009). Por otro lado, el debate e intercambio de apreciaciones y perspectivas contribuye a limitar las distorsiones que se pueden generar en un proceso de análisis, tales como el apego a las visiones tradicionales o la adopción de posturas corporativas (Zane George, 2010). Estos desafíos demandan un cambio conductual y la experiencia indica que ese logro es una tarea ardua que insumirá tiempo y esfuerzos, pues los organismos de inteligencia tienden a sentirse más vulnerables en la medida en que incrementan su interdependencia con actores semejantes, razón por la cual son renuentes a hacerlo (Anguita Olmedo & Campos Zabala, 2008).

Respecto al plano intergubernamental, frente a un escenario caracterizado por amenazas complejas que operan transnacionalmente, muchas veces empleando en su propio beneficio las fronteras y las soberanías (en tanto obstáculos y barreras para la acción de los gobiernos), y se organizan en red, la cooperación se ha vuelto imperativa. Prescindir de esta opción no debe ser interpretado como un lujo o una señal de fortaleza, sino como un gesto de miopía e irresponsabilidad, profesional o política (según el nivel de responsabilidad del que se trate). Incluso se ha postulado como un ideal de difícil realización por el momento, la constitución de una amplia red de organismos de inteligencia para trabajar de cara a amenazas comunes y riesgos compartidos, lo que su mentor ha llamado “un Bretton Woods de la Inteligencia” (Sepúlveda, 2007). Una cuarta condición básica que debe cumplir la Inteligencia Estratégica en los tiempos actuales, tanto en América del Sur como en cualquier otra región del orbe, consiste en el desarrollo de una adecuada capacidad para identificar tendencias y diseñar escenarios de mediano y largo plazos sobre sus temas de interés, que trasciendan la coyuntura y el corto plazo2 . Evaluaciones de este tipo, basadas en enfoques metodológicos predictivos o prospectivos, son elaboradas desde hace décadas por múltiples actores no estatales que han fluctuado entre informes reservados sobre cuestiones puntuales, y apreciaciones de nivel estratégico y carácter público. Lejos de constituir un patrimonio reservado a académicos o empresarios, los estudios de mediano y largo plazos constituyen cada vez más un área de interés para la Inteligencia Estratégica, con el objeto de disminuir los márgenes de imprevisibilidad e incertidumbre que enfrentan los decisores. Aunque aquí, como en el –ya referido- caso de la cooperación, también es necesario un cambio conductual. En esta ocasión, en el usuario del producto: mientras el objetivo de los análisis a largo plazo es ayudar a los decisores a “pensar estratégicamente” y eventualmente ampliar el rango de sus futuros posibles, en base a planteos que no tienen sustento empírico, es habitual que el dirigente político se encuentre enfocado en el presente y base sus acciones en hechos y datos fácticos (Treverton & Ghez, 2012), normalmente con impacto en el electorado. La quinta condición básica que debe cumplir la Inteligencia Estratégica sudamericana, aunque aparece enlistada en último lugar, constituye la más importante a juicio de quien suscribe el presente trabajo, pues atraviesa a las otras cuatro, justificándolas y orientándolas. En concreto, consiste en proporcionar a sus usuarios un producto de alta calidad, a tono con la complejidad de los tiempos. Aquí entendemos a los escenarios en la forma en que los conceptúa el Saint Gall Center for Futures Research: “imágenes del futuro, que representan un proceso, están basados en una metodología, incorporan el conocimiento de expertos y facilitan el aprendizaje organizacional”. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 20 que corren, cuyo empleo sea útil en los procesos de toma de decisiones. Aquí, la idea genérica de calidad incluye la relevancia y exactitud del contenido; su amplitud; la oportunidad de su diseminación; y su “pureza”, en referencia a su objetividad. El mencionado uso, por otra parte, debe trascender el análisis del objeto de estudio y su evolución probable, para contribuir claramente al diseño de opciones alternativas realistas disponibles para el decisor (Kugler, 2006). Decíamos al comienzo de este trabajo que la incertidumbre en la toma de decisiones genera inseguridad, y que ésta se reduce a través de una adecuada inteligencia correctamente interpretada por los decisores. De esto se deduce que el mejor y más acabado producto de Inteligencia Estratégica se tornará irrelevante en el mejor de los casos, o contraproducente en el peor, si el usuario no lo interpreta correctamente. De ahí que resulte imprescindible, para acotar la ocurrencia de esa posibilidad, aceitar los canales y optimizar los protocolos de comunicación entre los decisores y el/los organismo/s involucrado/s en la producción de Inteligencia Estratégica, en los dos extremos del proceso de inteligencia ya mencionado: en su primera etapa, cuando se establece la necesidad de conocimiento del decisor, y en la última, cuando éste se manifiesta sobre el producto recibido (Schreier, 2012).

Conclusiones Finales
Las naciones de América del Sur despliegan sus capacidades, en prosecución de los objetivos que derivan de sus intereses, en un contexto internacional particularmente delicado, en materia de seguridad. El rasgo distintivo de ese contexto, dinámico y volátil, es la existencia en forma simultánea de numerosas y heterogéneas amenazas y fuentes de riesgo, que mutan y evolucionan en forma permanente. Frente a este panorama, resulta imperativo que las naciones de América del Sur desarrollen una adecuada Inteligencia Estratégica, entendida como un producto de inteligencia para empleo del máximo poder decisorio, que trasciende a la inmediatez y la coyuntura para identificar en relación al Estado, con un horizonte temporal mayor, tanto amenazas reales o potenciales, como oportunidades. Se torna extremadamente difícil la propuesta de un modelo concreto de Inteligencia Estratégica a adoptar por los países sudamericanos, debido al alto grado de heterogeneidad que se observa en la región en materia de inteligencia. Sí puede señalarse, no obstante, que resulta impensable especular con este tipo de producción sin haberse consolidado previamente una inteligencia (en sus cinco acepciones) adecuadamente subordinada a los gobiernos democráticos, sujeta al control de los poderes de la República y respetuosa de los derechos y libertades individuales. A partir del cumplimiento de este requisito, la Inteligencia Estratégica cumpla con cinco condiciones básicas, siendo la primera una adecuada optimización de las fuentes, incluyendo la revalorización de las fuentes humanas (HUMINT), que no se vea afectada por el auge de otras formas de inteligencia más vinculadas con el avance tecnológico, y un empleo intensivo de fuentes abiertas (OSINT); segundo, un incremento de las capacidades de análisis, incorporando y/o formando especialistas en cuestiones específicas, con aptitud para el trabajo en equipo y capacitación permanente, y la consulta con “outsiders”; en tercer lugar, fluidos niveles de cooperación interagencial e intergubernamental, en este caso respecto a cuestiones o áreas geográficas de interés común; y en cuarto término, la capacidad para identificar tendencias y diseñar escenarios de mediano y largo plazos, mediante el uso de metodologías predictivas o prospectivas. Finalmente, y como corolario de las condiciones anteriores, la Inteligencia Estratégica debe cumplir el desafío de generar un producto de alta calidad, apto para ser empleado en procesos de toma de decisiones. Aunque aquí también aparece la necesidad de una correcta interpretación por parte del usuario. Previsiblemente, el logro de estas cinco condiciones demande a los organismos de inteligencia la aplicación de profundos cambios de paradigmas organizacionales, doctrina, formación y capacitación del personal, y relacionamiento con otros sectores de la sociedad, en especial el ámbito académico. Estos son los desafíos de los próximos tiempos, que los gobiernos de América del Sur podrán cumplir en la medida en que conciban a la inteligencia como una política de Estado; la diseñen en concurso con otras fuerzas políticas, e incluso con participación de entidades específicas de la sociedad civil; la planifiquen más allá de la duración de sus mandatos; y, por último, acompañen sus declaraciones e intenciones con recursos adecuados.

Artículo publicado en revista “Inteligencia Estratégica Contemporánea” de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Ecuador.

Por Dr. Mariano Bartolomé
Doctor en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador, USAL). Master en Sociología (IVVVVE, Academia de Ciencias de la República Checa). Profesor en la USAL, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y la Escuela Superior de Guerra (ESG) del Ejército. Coordinador de la Diplomatura en Seguridad Internacional y Defensa, de la Universidad de Belgrano (UB).

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