La isla de Guam, históricamente tiene valor estratégico para Washington en el Pacífico. La creciente competencia geopolítica con Pekín en el espacio denominado “Indo Pacífico”. Esto se traduce con la presencia de una serie de bases militares que integran parte de las capacidades de proyección de Estados Unidos en un área de importancia geopolítica clave para dicho país. El estatuto del territorio está siendo objeto de cuestionamientos, donde el gobierno recientemente se integró a la Organización de Pueblos No Representados (UNPO). Existen tres corrientes, la integración de Guam como Estado de la Unión; independencia; o régimen de libre asociación.
La ubicación de Guam, coloca al territorio como un punto clave para las comunicaciones en el ámbito del Pacífico. Es un punto clave de cables submarinos que conectan Asia con los Estados Unidos. El gigante del internet Google tiene planes de instalar cables submarinos en la isla, lo que convierte a este centro digital en un objetivo mayor para las interrupciones de Internet que pueden paralizar a cualquier nación.
La isla en el plano interno, hay un creciente interés de la población local de modificar el estatus de “territorio no incorporado” existiendo corrientes favorables a integrarse como Estado de la Unión, independencia o régimen de libre asociación. Asimismo existe el cuestionamiento sobre la expansión de las bases militares, afectando el ambiente por los residuos peligrosos generados, especialmente municiones y explosivos, que llevó a un grupo de isleños a reclamar por ello ante tribunales federales de Estados Unidos. Las actividades militares han puesto en riesgo el acuífero Lens del Norte de Guam, que abastece las necesidades del 80% de la isla. En 2021, la Marina contaminó el agua potable de Oahu con su instalación de almacenamiento de combustible de Red Hill.
Un tercio del territorio de Guam es propiedad del Departamento de Defensa. La expansión sobre terrenos de la isla para ampliar instalaciones militares se lleva a cabo sin consentimiento del gobierno o de los isleños, quienes no tienen ni voz ni voto al respecto.
La red eléctrica de Guam, recae en un ente público GPA, fuertemente dependiente de la importación de combustible con el costo asociado y el consumo de las bases, genera contratiempos, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las plantas de generación de energía ante una acción directa, además de la necesidad de inversión pública en infraestructura civil. El Departamento de Defensa está llevando a cabo importantes inversiones, destinados entre otras cosas, la relocalización de 4.000 infantes de marina de la base de Okinawa, en atención a un acuerdo con Japón de reducción de la presencia militar estadounidense. Otros proyectos ambiciosos el desarrollo de un sistema antimisiles, dado la vulnerabilidad de la isla ante ataques que puedan provenir de Corea del Norte o China, en un hipotético conflicto en torno a Taiwán. La construcción de nuevas bases e instalaciones desató protestas en 2020, al desenterrar restos chamorros y con una ausencia de cuidado por parte del Departamento de Defensa, el patrimonio cultural del pueblo nativo guameño.
Guam enfrenta también la cuestión de la identidad, ante la creciente presencia de inmigrantes como de ciudadanos estadounidenses que no nacieron en la isla, esto fue uno de los objetivos de la ley de Mancomunidad de 1987, buscando preservar la identidad local, el pueblo chamorro. Estados Unidos se opuso a este lineamiento, considerando que era contrario a su ordenamiento constitucional, dado que todos aquellos que tienen ciudadanía de dicho país tienen igualdad de derechos políticos, como se manifestó la justicia federal en un fallo de 2017, naufragando de esta manera el proyecto de referéndum sobre autodeterminación. El pedido de la población nativa de la isla, de considerar como votantes sobre el destino a la isla a los chamorros, tiene su fundamento en las Naciones Unidas que hizo un llamamiento a evitar o limitar la inmigración de población metropolitana, con el objetivo de transformar a los pueblos nativos de los territorios coloniales en una minoría en su propia patria, afectando el derecho a la autodeterminación. El Grupo de Avanzada Melanesio y el «Grupo del Pacífico» de las Naciones Unidas, de mayor envergadura, atendieron regularmente las preocupaciones de Guam. Lideraron esfuerzos que rechazaron los intentos de Estados Unidos, formal e informalmente, de eliminar el debate sobre la autodeterminación chamorra y de presentar el estatus de Guam como una prerrogativa exclusiva de Estados Unidos.
El estatus de la isla genera descontento en la población. Esto impide por ejemplo tener representación con voz y voto en las cámaras del Congreso de Estados Unidos, participar en las elecciones presidenciales. La postura de la población respecto a Washington está vinculada a la presencia militar, para diversos sectores esto es un seguro ante la creciente amenaza de China y Corea del Norte, mientras para otros, Guam gracias a las bases militares es un blanco prioritario en caso de un conflicto armado con dichos países y por ende la existencia del territorio está entredicho. Los medios locales receptaron que la cuestión del estatus de la isla es objeto de interés político local. En octubre de 2025, Melvin Won Pat-Borja, director ejecutivo de la Comisión de Descolonización, dijo que su oficina está abierta a trabajar con el delegado del Congreso James Moylan, pero sugirió que el delegado debería ser más proactivo. Finalmente en diciembre de 2025, prosperó la iniciativa del senador local Will Parkinson, para una convocatoria no vinculante a todos los habitantes de Guam con derecho a voto, eliminando el requisito de ser “nativo”. El autor del proyecto es favorable a convertir al territorio en un estado de la Unión. La cuestión será que actitud tomará el Congreso de Estados Unidos, teniendo como ejemplo el caso de Puerto Rico, que en su momento votó a favor de integrarse como estado número 52, quedando en la nada. La lucha por la descolonización y la modificación del estatus, llevó en 1982 a un grupo de chamorros llevar su voz al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
En mayo de 2025, la gobernadora de Guam, Lou León Guerrero, señaló en el discurso de bienvenida la junta de gobernadores del Banco de Desarrollo de las Islas del Pacífico (PIDB) en Saipán, el interés de diversificar la economía isleña, el proyecto de construcción de un parque industrial y posicionar a Guam como centro logístico. Asimismo comentó sobre conversaciones para una línea de montaje de chips con una empresa taiwanesa, vinculado con el apoyo logístico y mantenimiento de los buques de la Armada de Estados Unidos con base en el territorio. Otro de los grandes desafíos mejorar las conexiones aéreas para incentivar el turismo, capacitación de mano obra, generar oportunidades y desarrollar los servicios públicos, que se ven exigidos ante la creciente presencia militar estadounidense. El clima político resultante de la llegada a la presidencia de Donald Trump, se traduce en las palabras de la gobernadora León Guerrero, al plantear la cuestión del cambio climático, fuente de preocupación de las pequeñas naciones de Oceanía al señalar: “Tenemos que tener cuidado con lo que decimos en los idiomas y las palabras para que podamos continuar la relación con Estados Unidos”.
La cuestión de la minería en el lecho marino, donde los países de Oceanía tienen un enorme potencial, para los casos de Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte no obtendrán ningún beneficio económico con la explotación en aguas profundas, dado por el estatus de estos territorios, son jurisdicción federal de Estados Unidos. Participar en los beneficios requeriría una ley del Congreso, donde dichos territorios tienen voz, pero no voto. Un aspecto no menor, es el impacto ambiental, donde la opinión pública de Samoa Americana mostró su oposición, pero Washington continúa con trabajos de investigación sobre minería en el mar. El gobierno de Guam se manifestó en un comunicado en noviembre de 2025, como expuso la gobernadora León Guerrero: “Debe haber más investigación científica para comprender los verdaderos impactos de esta forma de extracción de minerales”, dado la preocupación junto con el gobierno de las Marianas del Norte, que los trabajos de una eventual exploración afectan a un área marítima con ecosistemas interconectados, además de estar cerca del Monumento Nacional de las Fosa de las Islas Marianas. Vale la pena recordar que entre las islas Marianas del Norte y Guam, además de lazos culturales e históricos, también existe el interés de unificarse políticamente en caso de aprobarse su incorporación como estado de la Unión. En 2020 hubo una fuerte expectativas, si los demócratas asumían un mayor control de las cámaras del Congreso de Estados Unidos, dado que existía la promesa de declarar a Puerto Rico y a Washington DC (la capital del país) como estados, esto abría la puerta de esperanza para que Guam y Marianas del Norte aspiraban a seguir el mismo camino.
La Asamblea General de Naciones Unidas por medio 73/113 del 7 de diciembre de 2018, reconoció nuevamente el derecho de autodeterminación del pueblo de Guam. La potencia administradora – Estados Unidos – no reconoce la injerencia del Comité de Descolonización de Naciones Unidas en la cuestión. A pesar de reuniones y declaraciones de altos funcionarios, la cuestión sigue sin resolverse.
Guam tiene que lidiar con problemas derivados de un sistema de salud con carencias, donde desde hace dos décadas, entre ellos la construcción de un nuevo hospital por US$ 100 millones. El costo de vida del territorio es alto, esto afecta a la población el acceso a la vivienda, agregándose el desempleo, el creciente consumo de estupefacientes, déficit en el sistema educativo (aulas sobrepobladas, escasez de docentes) y los índices delictivos, son fuente de preocupación creciente en los isleños, superando a la media de Estados Unidos continental. El desempleo es un serio desafío, especialmente al ser la isla un espacio dependiente de las fluctuaciones del mercado turístico. Otro serio problema es la degradación ambiental, debido a factores como la contaminación, la deforestación y la sobrepesca. Estos problemas amenazan los recursos naturales y el ecosistema de la isla, impactando la sostenibilidad general de la sociedad. El territorio cuenta con un sistema deficitario de transporte público, afectando a sectores más vulnerables de la sociedad.
El alto costo de vida se vincula con la ley Jones, obliga que el cabotaje esté en manos de barcos con matrícula y bandera de Estados Unidos. Esto limita el comercio externo de la isla. El gobierno federal sigue siendo la principal fuente de recursos de la isla, condicionando su desarrollo y la pobreza estructural, es el doble de la media nacional estadounidense.
La isla, con el estatus de “territorio no incorporado” tiene 540 km2 con unos 170.000 habitantes, de los cuáles un 32% aproximadamente son nativos, los chamorros; un 13% son de otras islas del Pacífico y un 35% de asiáticos (especialmente de Filipinas). La diversidad se debe ante todo a que muchos inmigrantes vienen atraídos por el trabajo generado por la construcción de instalaciones militares. La mayor parte de la población es católica. La capital es Agaña. Los idiomas oficiales el inglés y el chamorro (lengua malayo polinésica, con fuerte presencia de palabras de origen español).
El gobierno consta a de una rama ejecutiva, con un gobernador electo cada cuatro años, según la ley de 1968, cuando se permitió a los guameños elegir al jefe ejecutivo de la isla. La rama legislativa, consta de 15 senadores electos cada dos años. Hay un poder judicial local y un tribunal de distrito federal. El territorio cuenta con 19 municipios con sus autoridades electas. En cuanto a la economía está estrechamente vinculada al sector terciario, turismo y las actividades de las instalaciones militares de Estados Unidos.
Las islas Marianas fueron descubiertas por Magallanes en 1521. Recién en 1561, Miguel López de Legazpi materializaría formalmente la soberanía española en aquellas islas. El interés de las autoridades de Manila era escaso, por la ausencia de riquezas y comercio. El padre Diego Luis Sanvitores, con apoyo de la esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, logró superar las trabas impuestas para instalarse en Guam. En el siglo XVII las islas serían conocidas como las “Marianas” en honor a la reina española que tuvo interés en la campaña evangelizadora de Sanvitores. En 1668, los misioneros arribaron a Guam, donde chocaron pronto con una sociedad estratificada dividida en castas y el poder de los líderes religiosos, conocidos como “macanas”. En 1672, Sanvitores murió luego de un ataque al intentar bautizar una niña chamorra. Francisco Yrrisari, primer gobernador de las Marianas tuvo que lidiar con la resistencia de los nativos. En 1701 de la mano del general Madrazo, gobernador español de las islas, la pacificación era una realidad. Los jesuitas que tanto esfuerzo hicieron para evangelizar las Marianas, fueron expulsados por razones políticas de la época. En el caso de Guam, dependía de la Capitanía General de las Filipinas. Los españoles trasladaron el modelo de gobierno de dicha posesión, agrupando municipios formados por unas 50 familias, con sus alcaldes y demás funcionarios electos por la población local. Años de conflictos con los españoles y las epidemias, afectaron seriamente a la población chamorra que sufrió la disminución de su número. Durante el siglo XVIII, el proceso de aculturación se aceleró con la desaparición de los jefes tradicionales y los “macanas” su liderazgo religioso.
Guam estaba conectado con el resto del imperio español a través de la “Nao de Acapulco”. El fin del Virreinato de Nueva España en 1821, dejó a la isla dependiente de Filipinas exclusivamente. El auge de la caza de la ballena, permitió que muchos buques ingleses recalaran en Guam en 1850, para finalmente ser reemplazado por Hawái. La falta de interés de España en aquellas lejanas posesiones, abrieron paso para el arribo de nuevos intereses como Alemania, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido a fines del siglo XIX.
Los Estados Unidos capturaron Guam en el marco de la guerra Hispano Norteamericana de 1898. El “Desastre del 98” como recuerda la historia española la pérdida del imperio ultramarino español (Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas de Oceanía). Los estadounidenses se hicieron presente con un crucero el USS Charleston, abriendo fuego contra la pequeña guarnición española, esta creyó que estaba saludando por cortesía. El gobernador no estaba enterado del estallido de la guerra. Una delegación se acercó al buque para dar la bienvenida y allí tomaron conocimiento del conflicto armado. Finalmente Juan Marina, último gobernador español, se rindió ante la superioridad militar estadounidense (apenas tenía medio centenar de soldados propios). Interinamente fue designado gobernador Francisco Portusach, de origen español pero naturalizado estadounidense, destituido por un filipino, José Sisto con apoyo de la población nativa. También removido temporariamente, pero restablecido en el cargo por los estadounidenses. Al tomar conocimiento de la pérdida definitiva de la isla por parte de España por el Tratado de París, regresó a Filipinas en 1899. Durante años, el Departamento de Marina de Estados Unidos gobernó la isla. Los chamorros carecían de representación política y de ciudadanía. La administración militar mejoró la sanidad, obras públicas e introdujo el sistema educativo basado en el inglés.
Los japoneses ocuparon Guam entre 1941 a 1944, sometiendo a la población a trabajos forzados, ejecuciones y maltratos. Los militares estadounidenses que quedaron en la isla fueron asesinados, logrando solo uno salvarse gracias a la protección de la población local. Se estima que en ese período unas dos mil personas perdieron la vida. En julio de 1944, se libró la Segunda Batalla de Guam, donde murieron 18.000 japoneses, tras cruentos combates. Un dato curioso, que un sargento de dicho origen – Soichi Yokoi – permaneció oculto hasta 1972, para luego ser enviado a Japón. En 1950, los líderes locales lograron que se aprobara la Organic Act, dejando de ser un territorio administrado por la Armada de Estados Unidos y convertirse en un territorio no incorporado – eufemismo de una realidad colonial – garantizando el autogobierno y recién en 1957, los isleños tuvieron acceso a la ciudadanía estadounidense
En 1971, la isla tuvo derecho a designar su primer comisionado residente en el Congreso de Estados Unidos, con voz pero sin derecho a voto. Los cambios en los territorios fiduciarios del Pacífico, llevaron a un importante debate a la población chamorra sobre su identidad y estatus. Así nació el movimiento a favor de la Mancomunidad (“Commonwealth”) para preservar la identidad chamorra de la Guam y dado la complejidad que era aplicación de leyes federales, dado que la población isleña, no tuvo participación activa en su debate. Asimismo, los políticos locales veían que las Islas Marianas del Norte recibían otro trato, es por ello que desde la misma legislatura fue lanzado el movimiento para modificar el estatus del territorio.
En 1974 hubo un intento en vano del arribo de una misión visitadora de Naciones Unidas por la cuestión de la autodeterminación, bloqueado por Estados Unidos. En 1975, el presidente Gerald Ford instruyó iniciar las negociaciones con Guam para seguir el camino de las Islas Marianas del Norte y ser una mancomunidad. El Departamento del Interior fue reacio abrir negociaciones con Guam y del titular del comité de asuntos territoriales e insulares Phillip Burton, puso fin al diálogo con los funcionarios isleños y avanzar en un cambio de estatus.
Según el sistema constitucional estadounidense, dado que la soberanía de Guam reside en el Congreso de Estados Unidos, la legislatura local solicitó a este la autorización para elaborar un texto constitucional. Won Pat, comisionado de Guam en el Congreso, llevó a cabo una serie de negociaciones destinadas a incrementar el nivel de autonomía isleña. Esto abrió las puertas para reemplazar la Organic Act de 1950. Una convención reunida al efecto según la ley 94-584 de 1976, envió la constitución para su aprobación por parte del Congreso, que lo aprobó en 1977 y para 1979 fue convocado un referéndum. La sociedad local se movilizó, hubo debates y se transmitió por televisión lo discutido en la Convención, los políticos locales vieron como una posible interpretación de un acto de autodeterminación la sanción de la constitución, cuando el estatus de la isla no estaba resuelto. Solo el 48 % del electorado se presentó y rechazó la constitución. La cuestión de la autodeterminación cobró fuerza y nació la OPIR (Organization of People for Indigenous Rights) que tomó contacto con el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. En 1980 nació la comisión dentro de la Legislatura sobre descolonización. En septiembre de 1982, participó el 81% del electorado que apoyó el 72% de los votos la opción por ser una Mancomunidad, siguiendo el camino de las Islas Marianas del Norte, donde el autogobierno permitió requerir el consentimiento mutuo (con Estados Unidos) para cualquier modificación constitucional, limitaciones para la adquisición de tierras a los no nativos y potestades en materia de inmigración, trabajo e impuestos. Guam no tuvo la misma suerte y generó un fuerte reclamo, dado que el pueblo chamorro siempre fue leal a Estados Unidos durante los duros años de la Segunda Guerra Mundial. La expansión de las bases militares, que llegaron albergar en momentos álgidos de la Guerra Fría unos 200.000 soldados y provocó vía las expropiaciones, algunas cuestionables, el desplazamiento de 11.000 isleños. A ello se agregaron los temores de los chamorros, que pronto se transformaron en minoría en su propia tierra por el arribo de inmigrantes, especialmente filipinos, viendo este movimiento migratorio como un riesgo a su identidad cultural.
En 1980 fue establecida la Guardia Nacional de Guam, milicia territorial, bajo control del gobernador en tiempos de paz para fines de protección civil, gestión de emergencias y en caso de crisis, queda supeditada a la autoridad federal. Soldados de la Guardia Nacional de Guam participaron por ejemplo, en operaciones en Afganistán.
El proyecto de Ley de Mancomunidad o Commonwealth, fue redactada por la gestión del gobernador Ricardo Bordallo (1983-1986). Los puntos destacables de la norma era el consentimiento mutuo – Guam y Estados Unidos – para aspectos vinculados con la autonomía, facultades del gobierno de Guam en materia de inmigración, Zona Económica Exclusiva, prohibición de seguir con las expropiaciones por parte del Departamento de Defensa y recuperación de tierras excedentes por parte de dicho organismo al gobierno isleño. Además preveía una mayor facultad para negociar acuerdos comerciales con países de Asia y facultades en la adjudicación de rutas aéreas.
El derecho a la autodeterminación estaría en manos de la población nativa, excluyendo a los colonos arribados después de la Segunda Guerra Mundial. En 1987 estas disposiciones fueron aprobadas por referéndum. Entre 1989 a 1997 se llevaron a cabo una serie de audiencias en el Congreso a los fines de debatir el estatus definitivo. El gobernador de Guam Joseph Ada defendió la tesis que la isla era un territorio colonial y que la ley de Mancomunidad fue aprobada por referéndum, aspecto sobre el cuál no podía hacer concesiones. Finalmente la isla no tuvo modificaciones en torno a su estatus, por el temor de sus consecuencias, especialmente al valor militar de Guam y la necesidad de expandir la presencia militar en dicho territorio. La falta de estrategia y de oportunidad política, impidió aprovechar condiciones favorables en el Congreso para modificar el régimen jurídico – político del territorio, al fin de cuentas, encubre una realidad colonial.
Por Dr. Alejandro Suárez Saponaro. Abogado. Magíster en Defensa Nacional. Columnista de la revista Defensa y Seguridad, y de Diario El Minuto (Chile). Co autor del libro, junto al Dr. Alberto Maestre Fuentes: Del Infierno al Paraíso. Una historia de Timor Oriental. Íbera Ediciones. 2024
