Si bien la instrumentalización de los flujos migratorios como mecanismo de presión política no constituye un fenómeno inédito en la historia de las relaciones hispano-marroquíes, las dinámicas geopolíticas de los últimos años le han impreso una escala y un matiz cualitativamente particulares. Por ello, este análisis centra su atención en el período comprendido entre 2020 y la actualidad, etapa en la cual la diplomacia coercitiva a través de la frontera ha alcanzado un nuevo pico de tensión.
En este sentido, el término juegos de frontera, acuñado por Delkáder Palacios (2025), es imprescindible para analizar la evolución de las relaciones políticas entre Marruecos y España de los últimos años, entendido este término como el conjunto de las disputas fronterizas entre ambos actores. En este contexto, los juegos de frontera han adquirido una renovada vigencia, al haber alcanzado un nuevo pico de tensión a partir de los sucesos acaecidos durante los últimos días del pasado mes de julio. Dos factores han coadyuvado para que Marruecos perciba, en los flujos migratorios hacia la Unión Europea vía España, una ventana de oportunidad para alcanzar objetivos políticos y económicos: por un lado, la securitización creciente con que la migración es percibida por los europeos, entendida, cada vez más, como una amenaza latente para las naciones del bloque, una amenaza securitaria que socavaba la identidad sociocultural, la cohesión y la forma de vida y los valores propiamente europeos (cristianos y occidentales). Se ha presentado a los migrantes como un riesgo a la seguridad nacional, vinculándolos con el delito y los actos terroristas (Sanahuja, 2016), como extremistas religiosos y parásitos de la ayuda social o responsables de la saturación del mercado laboral y de los servicios públicos. Las diferencias religiosas y etno-culturales son presentadas como prueba de incompatibilidad y de su carácter de amenaza. Es esta obsesión europea por limitar la migración lo que, a criterio de diferentes analistas, expone al bloque al chantaje.
El segundo factor apunta a la externalización de las fronteras por parte de la Unión Europea, lo que implica, de acuerdo con Gabrielli (2017), el desplazamiento de las tareas referidas al control migratorio hacia terceros países, es decir, fuera del bloque, para crear una zona tapón alrededor del mismo. Ello persigue el objetivo manifiesto de mantener a los migrantes, en este caso africanos, pero también de Medio Oriente, lejos de Europa y devolver a los que hayan accedido de forma irregular. Esto convierte a los países colindantes en socios imprescindibles para la Unión, pero también trae aparejado, inherentemente, la vulnerabilidad de la misma, al depender de la buena voluntad de sus vecinos para cumplir sus compromisos. A cambio, éstos reciben importantes beneficios, que para Marruecos son principalmente de carácter político y económico. De esta manera, la gestión de los flujos migratorios en la frontera suroccidental de Europa constituye uno de los ejes más complejos y sensibles de las relaciones internacionales contemporáneas. Lejos de reducirse a un mero acuerdo de contención policial, la relación articulada entre España, la Unión Europea y el Reino de Marruecos funciona como un sistema multidimensional de interdependencia asimétrica donde convergen la diplomacia coercitiva, el despliegue operativo conjunto, el marco jurídico de retornos y la integración socioeconómica. En el plano teórico y estratégico, esta arquitectura se asienta sobre la mentada doctrina de la externalización de fronteras, mediante la cual, como se sostuvo, los Estados miembros de la Unión Europea transfieren la responsabilidad material del control a países de tránsito clave en la ribera sur del Mediterráneo. Al asumir el rol de guardián del flanco sur europeo, Marruecos no solo se asegura una inyección constante de recursos financieros y asistencia técnica para sus fuerzas de seguridad, sino que adquiere una posición de enorme apalancamiento geopolítico. La regulación de la intensidad en la vigilancia costera y fronteriza se convierte así en un instrumento diplomático de primer orden, utilizado por Rabat para renegociar las reglas del juego con Bruselas. Esta dimensión política se apoya sobre un denso entramado operativo y policial desplegado en el terreno. La Guardia Civil y la Policía Nacional españolas mantienen una estrecha coordinación con la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares marroquíes, materializada en patrullas marítimas compartidas en el Mar de Alborán y la Ruta Atlántica, así como en Equipos Conjuntos de Investigación dedicados a la desarticulación de redes transnacionales de tráfico de personas. Finalmente, la base de las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat descansa sobre el Tratado de Readmisión de 1992, el cual faculta la devolución de nacionales marroquíes y, teóricamente, también de ciudadanos de terceros países que hayan transitado por suelo marroquí.
Paralelamente, la figura del rechazo en frontera, introducida en la legislación española en 2015 para blindar los perímetros de Ceuta y Melilla, permite la entrega inmediata de las personas interceptadas en la valla a las autoridades marroquíes. Aunque este procedimiento ha sido respaldado bajo condiciones estrictas por el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, continúa siendo objeto de profundas controversias jurídicas debido a las barreras prácticas que enfrentan los solicitantes de asilo para acceder a las vías legales en los puestos fronterizos. En otras palabras, el mecanismo de devolución en frontera ignora la realidad de miles de solicitantes de asilo y potenciales refugiados por tratarse de individuos perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Así, a la postre, se erosiona el principio imperativo de no devolución, un pilar esencial del Derecho Internacional de los Refugiados. De esta manera, se habla genéricamente de inmigrantes irregulares, omitiéndose la posibilidad de que se trate de solicitantes de asilo que merecen ser considerados refugiados, y cuya devolución podría suponer un serio riesgo a su vida, su integridad o libertad. El acuerdo los transformó en inmigrantes, negándoles su derecho a ser reconocidos como refugiados y omitiendo sus vulnerabilidades. Aún más grave, se les niega un tratamiento bajo la Convención y Protocolo de los refugiados.
Los juegos de fronteras inauguraron la década de 2020 con un movimiento masivo de alrededor de 8 mil migrantes hacia las Islas Canarias, que llegaron, en su mayoría, desde Marruecos, con una clara connivencia por parte del régimen marroquí. Existe un claro consenso, por parte de analistas, quienes suelen remarcar que, en un país autocrático como el marroquí, con un férreo control policial en las zonas fronterizas, es inverosímil esgrimir que los cruces pueden no haber sido detectados por las fuerzas. En cambio, sostienen que han contado con la complicidad del régimen de Rabat, sea como generador y catalizador de los flujos, en el peor de los casos, o, al menos, como un actor que ha optado por la pasividad al evitar contener la presión migratoria, en el mejor de los casos. Ello ha sido una constante en la mayor parte de los movimientos masivos detectados.
En 2021, la estrategia se repitió, esta vez con migrantes que encontraron abierta la frontera con Ceuta (un enclave español con soberanía contestada). Se estima que un total de más de 10.000 migrantes arribaron a dicho enclave entre los días 17 y 18 mayo de 2021, lo que evidenció el punto álgido de una grave crisis diplomática que venía gestándose lentamente. El desencadenante fue la cólera que desató en Rabat el hecho de que España hubiera recibido y hospitalizado a Brahim Gali, líder del Frente Polisario en el Sahara Occidental (o presidente de la República Saharaui – RASD-, un territorio ocupado en su mayor parte por Marruecos, que lo percibe como parte de su soberanía nacional, pero considerado por la ONU como un territorio pendiente de descolonización).
En este caso, el gobierno marroquí, fortalecido por la decisión de 2020 del presidente norteamericano Trump, que reconocía la soberanía de Rabat sobre el Sahara Occidental, intensificó las presiones para modificar la posición española y de otros países europeos en la cuestión. Una vez más, se pone de manifiesto la utilización de las migraciones como arma de presión para torcer la política exterior española. La maniobra ha tenido éxito, en tanto el presidente español, mediante una carta dirigida al rey Mohamed VI, en 2022, varió la posición histórica sobre esta cuestión en favor de Marruecos. Se trata de un acto de notoria relevancia: la otrora metrópoli ha pasado a apoyar la idea de que el territorio saharaui se integre en Marruecos bajo su soberanía (del Valle Gálvez, 2023). Esta carta ha inaugurado un nuevo período en las relaciones diplomáticas, caracterizado por la cooperación migratoria entre ambos países que implica la concesión de beneficios económicos de Europa hacia Marruecos. Así, podemos concluir que el objetivo marroquí era doble: ejercer represalias por la hospitalización de Gali y, en un plano más general, obtener el apoyo español respecto de la postura marroquí sobre el Sahara Occidental.
Una vez más, se pone en evidencia el intento manifiesto de Marruecos por ejercer presión. En este sentido, la embajadora de este país en España, Karima Benyaich, aseguró, en aquellos días de mayo de 2021, que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias, «y se tienen que asumir», una clara referencia a la decisión de España de prestar atención médica al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali (Infobae, 2021).
En esta crisis pueden, una vez más, rastrearse diferentes desencadenantes. Por un lado, el detonante final y más directo parece haber sido una sentencia del Tribunal Supremo de España de finales de junio de 2026 que descarta las devoluciones en caliente para quienes crucen a nado, y solo las mantiene para quienes salten las vallas u otras barreras físicas. Una devolución en caliente se explica como la práctica de expulsar o retornar de forma inmediata a una persona que cruza la frontera, sin tramitar un expediente individualizado ni realizar una identificación formal, impidiendo evaluar si requiere protección internacional o si corre riesgo su vida o integridad (lo cual habilitaría el principio de no devolución por tratarse de un solicitante de asilo y potencial refugiado). Ello parece haber sido rápidamente instrumentalizado y distorsionado por las redes de tráfico de personas.
Sin embargo, existen otros factores que han coadyuvado a generar esta crisis y que, probablemente, sean aún más relevantes para el caso. Entre ellos, con una gravitación esencial, se encuentra el viaje del presidente español Pedro Sánchez a Argelia, histórico rival de Marruecos en el Magreb. Sin embargo, también es un mensaje de chantaje para mantener a España firme en sus compromisos respecto de su postura sobre el Sáhara Occidental, aunque también se inserta en esta lógica la pretensión marroquí sobre Ceuta, Melilla y otros territorios españoles en el norte de África. Sánchez-Montijano y Zaragoza Cristiani (2013) ponen de manifiesto que Marruecos no ha renunciado a reclamar la soberanía sobre los territorios españoles en el Norte de África, lo que incluye sus reivindicaciones sobre Ceuta, Melilla y los distintos peñones, islas e islotes, enclaves españoles frente a las costas de Marruecos.
Además, otra de las aparentes razones apunta a la exigencia de Rabat de obtener más fondos de la Unión Europea como contraprestación por la cooperación y el control fronterizo. Todo ello se inscribe en un tablero más amplio donde Marruecos actúa envalentonado con la seguridad que le otorga el respaldo explícito de Estados Unidos e Israel, a partir de los Acuerdos de Abraham promovidos por Donald Trump, a sus tesis de soberanía sobre el Sáhara Occidental. Esta estrecha sintonía con el Reino Alauí contrasta abiertamente con la distante y a menudo tensa relación entre Trump y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, marcada por discrepancias sobre el gasto militar defensivo, el alineamiento geopolítico en Oriente Medio y profundas diferencias ideológicas. Así, la diplomacia en torno al norte de África no se explica únicamente en clave euro-mediterránea: hoy más que nunca, Marruecos proyecta su agenda regional con la solidez que le provee su alianza estratégica con Washington y Tel Aviv frente a una España con menor capacidad de presión.
A ello se sumó un catalizador parlamentario: el aval del Congreso español a la ley que concede la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la etapa colonial, un movimiento interpretado en Rabat como una amenaza directa a sus intereses estratégicos.
Especial atención merece la ya mencionada visita oficial de Sánchez a Argelia —histórico rival geopolítico de Marruecos— para recomponer los lazos energéticos y diplomáticos dañados desde el giro español sobre el Sáhara Occidental. Para Argel, la defensa de la autodeterminación saharaui constituye una de las principales banderas de su política exterior y un pilar fundamental en su disputa por la hegemonía regional. Ante dicha crisis, mientras Marruecos optaba por la instrumentalización geopolítica del flujo migratorio en la frontera, Argelia desplegaba su propia palanca de presión a través de la diplomacia de los recursos energéticos. Ante el nuevo encuentro bilateral con Argelia, Marruecos ha vuelto a responder mediante su tradicional instrumentalización de los migrantes. No sorprende, entonces, que Madrid deba emprender un difícil equilibrio entre ambos vecinos.
Ante esta crisis, Von Der Leyen, sin hacer una mención explícita a Marruecos, sí lo ha incluido tácitamente en la carta que ha enviado al presidente español, Pedro Sánchez, en la que sostiene que “no se puede aceptar ningún intento de utilizar la migración irregular como medio para ejercer presión sobre un Estado miembro» (Belver y Viaña, 2026). Sin embargo, ha propuesto un mayor apoyo financiero a Rabat.
Por su parte, el ministro de Justicia de Marruecos ha asegurado que el país nunca ha utilizado la migración como herramienta de presión frente a España y la Unión Europea, aunque ha reconocido que Rabat sigue reivindicando los territorios bajo disputa, entre ellos Ceuta y Melilla (Arias, 2026).
En última instancia, el trasfondo de estas escaladas no es únicamente fronterizo ni normativo, sino profundamente humano: el verdadero drama de la crisis evidencia, una vez más, cómo la vulneración de los derechos fundamentales de miles de personas se convierte llanamente en una herramienta de las disputas de poder y la rivalidad geopolítica. Se trata de un juego de fronteras con un profundo impacto sobre los Derechos Humanos, sean migrantes utilizados como parte de una estrategia geopolítica más amplia, o incluso solicitantes de asilo a los que, en virtud de las devoluciones en frontera, se les niega un tratamiento acorde a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, poniendo en peligro la integridad y la vida de miles de personas, incluidos niños y niñas.
Reflexiones finales
A la luz del análisis desarrollado, el concepto de juegos de frontera deja de ser una mera etiqueta analítica para convertirse en el síntoma de una falla estructural en la arquitectura de la política exterior y de seguridad europea. El estudio de los incidentes recientes entre España, la Unión Europea y el Reino de Marruecos permite extraer cuatro reflexiones fundamentales sobre el presente y el futuro de las relaciones euro-mediterráneas.
En primer lugar, se evidencia la paradoja de la externalización como fuente de vulnerabilidad. La pretensión de la Unión Europea de construir una «Europa Fortaleza» mediante la delegación del control fronterizo a terceros países ha generado un efecto inverso: en lugar de ganar seguridad, el bloque comunitario ha hipotecado su autonomía estratégica. Al convertir a sus vecinos inmediatos en los guardianes de sus fronteras, Europa les otorga una palanca de chantaje casi ilimitada. Marruecos ha demostrado comprender con lucidez analítica que la obsesión securitaria europea y su pánico al costo político interno de las crisis migratorias son su mayor vulnerabilidad. Así, la externalización no neutraliza la migración; la transforma en una divisa de cambio de altísimo rendimiento político y económico.
En segundo lugar, el análisis pone de manifiesto la complejidad de un tablero geopolítico multidimensional que ha desbordado el tradicional marco bilateral Madrid-Rabat o el enfoque regional euro-mediterráneo. La conducta de Marruecos no puede desvincularse de la reconfiguración del orden internacional promovido por la diplomacia estadounidense y los Acuerdos de Abraham, que fortalecieron la postura soberanista alauí, ni del histórico enfrentamiento por la hegemonía del Magreb con Argelia. La triangulación de Madrid entre el abastecimiento energético de Argel y la contención migratoria de Marruecos demuestra que la frontera sur de Europa se ha convertido en un escenario donde se libran disputas geopolíticas de mayor calado.
En tercer lugar, se constata una alarmante erosión del Derecho Internacional de los Refugiados y una normalización de la excepción jurídica. La adopción de figuras como el «rechazo en frontera» o la ingeniería conceptual para eludir la aplicación del principio de no devolución han desdibujado la frontera entre el migrante y el solicitante de asilo que huye de persecuciones. En este sentido, la migración no puede continuar analizándose exclusivamente desde el prisma de la amenaza a la seguridad, el ejercicio del poder y el interés nacional, ya que este enfoque corre el riesgo de desmantelar las garantías procesales más elementales y socavar los derechos humanos más básicos de miles de personas.
Por último, la reflexión más apremiante debe situarse en la dimensión ética y humana. Detrás de las lecturas de poder, los equilibrios presupuestarios y las maniobras diplomáticas, la tragedia latente de los juegos de frontera implica el deterioro del sujeto migrante, reducido a un mero activo táctico o a un peón en un tablero geopolítico. La pasividad o connivencia de las autoridades para permitir que miles de personas —incluidos menores— arriesguen sus vidas en el mar o en la valla para enviar un mensaje político a la capital vecina encarna una profunda crisis moral. Mientras Europa siga anteponiendo el blindaje de sus fronteras a la construcción de vías de migración legales, seguras y respetuosas de los Derechos Humanos, continuará siendo rehén de la diplomacia coercitiva y cómplice de la deshumanización que tiene lugar en sus propios límites geográficos.
Por Juan León Giujusa
Licenciado en Relaciones Internacionales. Maestrando en Estudios Internacionales.
Referencias:
Arias, C. (2026, 11 de agosto). El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”. Infobae. https://www.infobae.com/espana/2026/08/11/el-ministro-de-justicia-de-marruecos-sobre-ceuta-y-melilla-cada-vez-que-nos-reunimos-con-espana-planteamos-la-cuestion-seguimos-reivindicando-nuestros-territorios/
Barbotta, H. (2026, 1 de agosto). Marruecos usa a 50 mil migrantes como rehenes de una disputa geopolítica en Ceuta. Página12. https://www.pagina12.com.ar/2026/07/31/marruecos-usa-a-50-mil-migrantes-como-rehenes-de-una-disputa-geopolitica-en-ceuta/
Belver, M. y Viaña D. (2026, 3 de agosto). Von der Leyen sí apunta a Marruecos por la crisis en Ceuta: «No se puede aceptar ningún intento de utilizar la migración irregular como medio para presionar» a España. El Mundo. https://www.elmundo.es/espana/2026/08/03/6a706cfd21efa03b408b4592.html
Delkáder Palacios, A. (2025). Juegos de frontera y condicionalidad coercitiva mutua entre España y Marruecos: la externalización del control migratorio frente a la ingeniería estratégica de las migraciones. Revista Española de Ciencia Política, 68, 73-99. https://doi.org/10.21308/recp.68.03
Gabrielli, L. (2017). La externalización europea del control migratorio. ¿La acción española como modelo? CIDOB, 126-152. https://doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2017.126
Infobae (2021, 18 de mayo). Embajadora de Marruecos: «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir». https://www.infobae.com/america/agencias/2021/05/18/marruecos-embajadora-de-marruecos-hay-actos-que-tienen-consecuencias-y-se-tienen-que-asumir/
Sanahuja, J. A. (2016). La Unión Europea y la crisis de los refugiados: fallas de gobernanza, securitización y “diplomacia de chequera”. En M. Mesa (Coord.), Retos inaplazables en el sistema internacional: Anuario 2015-2016 (pp. 71-105). CEIPAZ. https://ceipaz.org/anuario/retos-inaplazables-en-el-sistema-internacional/
Sánchez-Montijano, E. y Zaragoza Cristiani, J. (2013). Crisis migratoria en Melilla: un instrumento de negociación política. CIDOB, 71. https://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/localsite/collect/cd2/index/assoc/cidob007/2.dir/cidob0072.pdf
