Comparte este contenido

Desde la red de alianzas de «Equilibrium Global» con think-tanks de diferentes capitales del mundo, compartimos artículo del  analista Humberto Alarcón Ortiz del CESDAI de Bogotá. Una reseña con base histórica y con la comparativa con otros procesos políticos de otras naciones para ensayar la tesis: «Colombia, una democracia tutelada». El académico Alarcón Ortiz propone en esta colaboración, una descripción de la particularidad que se sucede en Colombia sobre las corrientes ideológicas, en línea con la interpretación que mucho se escucha sobre el país donde: la izquierda ha quedado fuera del espectro social y la centro-derecha y la derecha se disputan el protagonismo político. 

En la década de los noventas, cuando se hablaba sobre sistemas políticos en América Latina se decía que Chile, luego de la Dictadura del General Augusto Pinochet, tenía una democracia tutelada por las fuerzas militares. Con esta afirmación, también se caracterizaban los sistemas políticos de países tan variados como Turquía, del cual se solía afirmar que un gobierno islamista no tendría futuro, pues las fuerzas militares herederas del espíritu laico y secular de Atatürk, promoverían siempre la defensa de estos valores modernos frente al integrismo islámico. Igualmente, Egipto ha sido un Estado en donde la institución más importante ha sido la conformada las Fuerzas Militares, las cuales han estado vigentes desde que los “Oficiales Libres” declararon la independencia en 1921, pasando por el origen de los presidentes Nasser, el-Sadat y Mubarak, y llegando a la intervención directa del General Al-Sisi  en el golpe de Estado al presidente Mohamed Morsi.  Frente al papel de las Fuerzas Militares en los sistemas políticos, la conclusión ha sido la misma: son democracias tuteladas que se alejan mucho de un sistema balanceado y una participación clara y legitima de los ciudadanos.
En Colombia, en las últimas dos décadas, el sistema político está cerca a configurar una democracia tutelada. Para nuestro caso, la tutela no viene de las Fuerzas Militares sino de una izquierda armada ilegal y partidos políticos de izquierda producto de procesos de paz anteriores. Esta tutela se manifiesta a través de tres fenómenos que ocurren en el acontecer político colombiano: i) nuestro debate electoral, en los últimos años, ha girado en torno al tema eterno de combatir a las FARC o realizar procesos de paz con ellas, II) la estigmatización que hacen sectores de izquierda, de la democracia colombiana y III) la supuesta persecución a los gobiernos locales de izquierda a lo largo y ancho del país.

La democracia en Colombia esta tutelada a través de la definición de los contenidos políticos del debate electoral para la Presidencia y el Congreso de la República.  Solo por hablar de los últimos  16 años, encontramos que una cita “en las montañas de Colombia” y una portada en la revista Semana dieron la presidencia a Andrés Pastrana en 1998, posteriormente, un proceso de paz fracasado y la decisión enérgica por conquistar el territorio colombiano dieron dos periodos presidenciales a Álvaro Uribe, y hoy, la esperanza de un proceso de paz en la Habana, sin duda fijará el debate de las próximas contiendas electorales. Para el caso del Congreso, muchos aspirantes han evocado la paz en su eslogan de campaña y como propósito de su gestión en los próximos cuatro años. En otras palabras, en los últimos años, nos hemos acostumbrado a que el debate político que define al primer ciudadano y la institución de representación política más amplia, sea la actitud que debe tener el Estado frente a la izquierda armada ilegal.

Por otra parte, nuestra democracia hoy se tutela y debilita por una izquierda política y armada  que utiliza un discurso que la criminaliza y deslegitima. Hemos pasado de tener una democracia duradera y estable, que ha funcionado  desde nuestra fundación como república, que a limitado el ejercicio de poder centralizado y déspota, como lo ha demostrado el historiador Eduardo Posada Carbó, a tener un sistema político “cerrado y elitista” que busca cooptar las instituciones estatales para sus fines personales, y elimina los terceros partidos políticos que representan los genuinos sentires del pueblo, según lo afirman las Farc e inclusive dirigentes políticos de izquierda. Esta interpretación viene creciendo y ha sido la hipótesis central de los trabajos realizados por un grupo de intelectuales conocidos como los violentologos, entre quienes se cuentan los asesores de la construcción de nuestra nueva memoria histórica.  De esta manera, la izquierda armada ilegal y algunos partidos políticos de izquierda que participan en los procesos electorales, han logrado vender y posicionar la idea de que, la práctica democrática en nuestro país ha sido una farsa.Colombian
Finalmente, la tutela a la democracia en Colombia se hace evidente, cuando todo proceso jurídico, político o disciplinario, por parte de una institución estatal, se presenta como una persecución a los gobiernos y/o dirigentes de izquierda. Estos hoy pronuncian discursos públicos en donde presentan los procesos disciplinarios y jurídicos en su contra como un atentado contra la “democracia”. Salen al exterior a denunciar al Estado como perseguidor y excluyente, piden garantías ante Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos, pues este Estado y sus instituciones, que los ha llevado como Senadores de la República, Representantes a la Cámara, Alcaldes o Gobernadores, no les garantiza sus derechos políticos. Muy por el contrario, lo que demuestra la vida pública de algunos dirigentes de izquierda, es que este estado ha logrado reincorporarlos a las actividades políticas legales. Ahora, lo que debería ser virtud parece ser un grave delito para el Estado.
Bajo este escenario, el ejercicio democrático en Colombia ha estado tutelado por la izquierda política y armada en el país. Esta práctica no puede ser tolerada por la ciudadanía, pues su aceptación puede traer tres consecuencias siniestras para la sociedad: I) que la sociedad no debata otra serie de desafíos que tenemos como sociedad, II)  que en pocos años no tengamos instituciones eficientes para controlar el poder y limitarlo, y III) que la extorsión política (toda investigación a la izquierda es un atentado contra la democracia y ello justificaría volver a las ramas) sea el mecanismo que se utilice para gobernar.

Por Humberto Alarcón Ortiz. Politólogo Universidad Nacional de Colombia, Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Profesor universitario y Coordinador Maestría en Seguridad y Defensa.