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El 90· aniversario de la denominada Marcha de la Sal, ocurrida entre el 12 de marzo y el 6 de abril de 1930 (iniciada por Gandhi y algunos seguidores en Sabarmati, con destino a Dandi, Gujarat), que constituyó uno de los hitos más destacados en la lucha por la independencia india, tuvo entre sus comentadas características, la de plantearse como una convocatoria abierta, transversal a toda casta, clase social, creencia religiosa, género, etc, con la idea de que eso precisamente era India, grandes diversidades que buscaban construírse a sí mismas  como una nación independiente.
Este aniversario parece encontrar a la India actual en una nueva discusión acerca del contenido efectivo de esa nación, en el contexto de una serie de circunstancias que interpelan nuevamente esos sentidos.
La primera de ellas, muy cerca de la contundente reelección del Primer Ministro Modi (fue la primera vez desde 1984 que un partido renueva su mayoría absoluta, esta vez, sin necesidad de aliados-como sucedió en 2014), cuando éste revocó por decreto el estatus especial que la Constitución india confería al estado de Jammu y Cachemira, para preservar su autonomía y lo convirtió en territorio dependiente del gobierno central. Inmediatamente después de dicho decreto, el Parlamento aprobó su partición en dos zonas que quedarán bajo control directo de Nueva Delhi: la de Jammu y Cachemira, en el oeste y la de Ladakh, en el este. [Es justo recordar que la derogación del artículo 370 de la Constitución india, que habilitaba el mencionado estatus especial de Jammu y Cachemira fue una de las demandas principales del partido Bharatiya Janata -partido en el poder en la actualidad-, que se mencionaba también en el manifiesto del partido en las últimas elecciones].  Más allá de argumentar que esa autonomía concedida a dicho estado impedía su integración al resto del país, se sumó también la intención de controlar la violencia armada relacionada a la zona y ampliar el control político de la región. La decisión del gobierno de Modi provocó diversas reacciones a favor (Mayawati/partido Bahujan Samaj; Arvind Kejriwal/partido AAP; YSR Congress; Biju Janata Dal; el partido Telegu Desam; AIADMK, etc.) y en contra (partido del Congreso -aunque algunos de sus políticos apoyaron la medida-; partido Democrático del Pueblo; Janata Dal (United); DMK; Trinamool Congress; los partidos de izquierda, etc.), con distintas expresiones públicas al respecto.

Una segunda circunstancia se dio en diciembre de 2019, cuando el congreso indio aprobó una enmienda a la Ley de Ciudadanía de 1955, abriendo la posibilidad de ciudadanía india a los inmigrantes ilegales de determinadas comunidades religiosas que hubiesen huído de persecución de Afganistán, Bangladesh y Paquistán antes de diciembre de 2014 (budistas, cristianos, hindúes, jainistas, parsis y sijs). De igual manera, rebajó los años de residencia para la naturalización de tales migrantes, pasando de los doce años previstos anteriormente, a seis. La enmienda recibió gran cantidad de críticas por discriminar en base a la religión (se excluyó a los islámicos y a otras minorías religiosas perseguidas en otras regiones como Bután  -cristianos-, Tíbet -budistas-, Nepal -Madhesis-, Myanmar -Rohingya,  Sri Lanka -hindúes- e incluso a los Hazaras de Afganistán). Por otro lado, y en conexión con esta medida, el gobierno indio espera implementar el  Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) para todo el país en 2020. Cabe recordar que el mismo es un registro de  los ciudadanos indios, cuya creación se prevé en la enmienda de 2003 de la Ley de Ciudadanía de 1955, para documentar a todos los ciudadanos legales de la India, identificando y pudiendo deportar a los  inmigrantes ilegales del país -lo cual puede incluir la derivación previa a campos de detención-. Tal registro se desarrolló ya en Assam, a partir de 2013–2014. [Cabe agregar que se ha señalado que documentos como la tarjeta Aadhar, la identificación del votante, etc., también pueden ser legitimados como prueba de ciudadanía, haciendo innecesario el NRC, en tanto la mayoría de la población estaría ya cubierta con ello].

Ambas medidas han generado también gran cantidad de protestas públicas, que se mantienen hasta el presente. En el caso de los estados del noreste de India (Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland y Sikkim), las protestas exteriorizan el rechazo de la posibilidad de adjudicar ciudadanía a los inmigrantes ilegales, frente al temor de que ello altere la demografía de la zona, aumente la carga de recursos y disminuya las oportunidades de empleo e incluso la cultura de los indígenas de la zona (lo que a su vez lleva a considerar la asignación a estas comunidades del estatus de “Scheduled tribe”, que, por otro lado, fue una promesa electoral el BJP aún no desarrollada , -debiendo también clarificarse una noción de “población indígena”, en la zona-). Por otro lado, en el resto del país, las protestas se centran en la idea de que no es posible adjudicar ciudadanía en función de la religión -con la exclusión notoria de los islámicos-, señalando además -junto con las Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Comisión Norteamericana sobre Libertad Religiosa Internacional-, que los efectos de continuar con tales medidas podrían generar una catástrofe humanitaria de proporciones terribles. En ese marco, se distinguen espacialidades particulares, como la de Shaheen Bagh, barrio al sur de la ciudad de Delhi, que evidencia la potente participación de mujeres islámicas en esa protesta, al tiempo que también se destacan especialmente las universidades como Jamia Millia Islamia, Aligarh Muslim University, Jawaharlal Nehru University, Nadwa College, etc., que implicaron agresiones físicas concretas a los manifestantes y enfrentamientos con la fuerza policial. 

La escala de las actuales circunstancias se extiende día a día (por ejemplo, distintos activistas locales del estado de Assam han señalado que se han verificado ya distintos casos de suicidio entre aquellos que no aparecen en las listas preliminares de ciudadanos y avizoraban la cárcel y la deportación, por otro lado, tampoco resulta sencillo y seguro contar con la documentación que acredite que las personas consideradas o sus antecesores eran ciudadanos indios, antes de 1971).
Finalmente, India ambiciona ocupar su propio lugar en lo que hace al liderazgo internacional y se apoya en parte en la imagen que proyecta. En esa imagen, una forma de administración  específica de la gran diversidad que posee ha sido una de sus marcas de origen; la convivencia en su enorme pluralidad -no exenta de tensiones pero mantenida firme en su trayectoria histórica- fue una de las mayores imágenes que la representaban hasta la actualidad, que a su vez coincide con los valores, que permiten calificarla como la “mayor democracia del mundo”. Toda modificación en tal dirección de su trayectoria (tales como la adopción de un principio no secular de ciudadanía, la tentación de reducir las protestas a una consideración binaria hindú-islámica, etc.) puede tener consecuencias no sólo no deseadas para el país y la región, sino que podrían invalidar precisamente el rol internacional que ambiciona.
Vale entonces retomar el espíritu de  “Vaishnav Jan To”, un bajan (canción devocional) hindú del siglo XV, escrito por Narsinh Mehta, popularizado entre los independentistas indios y utilizado en el ashram de Sabarmati, desde donde Gandhi inició la Marcha de la Sal, que refiere a los practicantes vaishnavas (seguidores de Vishnu), que sienten el dolor de los demás, ayudan a quienes están en la miseria, respetan a todos y han abandonado la codicia y el engaño. Bien pudiera el bajan alimentar el encuentro de una nueva sal, que permitiera, a todos juntos, realizar otra sentida trayectoria por lo que “nación” significa para India.

Por Dra. Lía Rodríguez de la Vega
Analista Internacional – Académica
Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI
Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y Africa ALADAA

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