Diversidad, tradiciones y costumbres milenarias, son parte de una realidad que no dejan de estar ajena a los desafíos por una convivencia en armonía cuando la política influye en las decisiones culturales de la comunidad, un reflejo de la actualidad de la India en la colaboración mensual de la académica Dr. Lía Rodríguez de la Vega para el espacio “Perspectiva India”. Pocas noticias llegan de India al lector hispanoparlante, pocas que relatan los temas de la agenda real y los asuntos de la actualidad de este gigante de Asia que se convertirá en un futuro próximo en el país más poblado del planeta. Un nuevo artículo para tomar proximidad con los asuntos socio-culturales y políticos de la India desde el análisis de la experta Lía Rodríguez de la Vega, en este caso los temas de igualdad en Rajastan.
Las multitudinarias manifestaciones de la comunidad Patidar/Patel de Gujarat, este mismo año, reclamando acceder al estatus de reserva, dentro del marco general de la acción afirmativa contemplada por India, liderados por Hardik Patel, joven líder de 22 años, abrieron el juego a una discusión más profunda que la de su situación específica. Tales manifestaciones derivaron en estallidos de violencia que produjeron la pérdida de 8 vidas, la imaginada convocatoria a la acción del ejército, el posterior encarcelamiento de Patel, su liberación, etc.
El activismo Patel se inspira en el de la comunidad Gujjar, de Rajastan, que iniciara una protesta violenta en 2008, que costó numerosas vidas y continuara luego pacíficamente, mediante el bloqueo de caminos y el paso de trenes en 2010 y 2015. Ellos estaban clasificados como “Other Backward Classes” (OBC) pero consideraban que habían sido perjudicados, por lo que querían ser clasificados como “Scheduled Tribes”, para aspirar a puestos concedidos a ese grupo. El gobierno no aceptó cambirlos de clasificación pero les dio un paquete económico de mejora a las comunidades donde habita la mayoría de ellos, que rehusaron. Ello derivó en violencia explícita con miembros de la tribu Meena (que a su vez provocó la alerta en Madhya Pradesh ante la posibilidad de extensión de la violencia hacia allí), que poseen el status al que ellos aspiraban, tras lo cual, el Ministro en Jefe de Rajastan, Vasnundhara Raje, accedió a darles una reserva de 5% en puestos de gobierno, bajo la categoría de “Special Backward Classes”.
Ante un primer acercamiento al tema puede llamar la atención el hecho de que una comunidad no vulnerable se movilice para solicitar un estatus de tal. De hecho, otros elementos relativos a los Patel parecen hacer el hecho aún más llamativo, como el de su alta jerarquía social, evidenciada en la preferencia que por este grupo (junto a Baniyas y Brahmanes), expresan ciertas colonias de zonas residenciales de ciudades como Ahmenabad, siendo además el Ministro Jefe de ese estado, Anandiben Patel, proveniente de esa comunidad y varios de sus funcionarios también.
El hecho retoma la discusión sobre uno de los pilares del país. Recordemos que la constitución de la India, adoptada en 1950, inauguró el programa más antiguo que existe en el mundo de la llamada acción afirmativa, que garantiza a determinadas castas (Scheduled Castes) y las tribus (Scheduled Tribes), los grupos sociales considerados más vulnerables, la igualdad de oportunidades a través de la reserva de lugares en instituciones educativas, puestos de gobierno y en el parlamento y asambleas de los estados. Las cuotas de reserva les fueron garantizados atendiendo a su presumible inmutable estatus de casta (recordemos que la institución social de la casta, asociada a la corriente religiosa que conocemos como el contínuo Vedismo-Brahmanismo-Hinduismo, con una antigüedad de por lo menos 1500 años AC, supone una inmovilidad social dada por el nacimiento, que conlleva además la connubialidad y la comensalidad, a pesar de que tales pocas notas simplifiquen en exceso una institución social tan compleja, que da cuenta de otras dos, jati y varna). Esta institución social está además relacionada a la terrible práctica conocida como “intocabilidad”, asociada por lo demás a la conocida figura de los Dalits, prohibida formalmente por la constitución pero que se encuentra superada en algunos lugares por la práctica.
De igual modo cabe señalar que en 1993, mediante una enmienda constitucional, se estableció una reserva de un tercio del consejo de los pueblos y Gram Panchayat, para las mujeres. La reserva avanzó su extensión a minorías religiosas (islámicos y cristianos) y otros casos.
En el caso de Gujarat, 27 % de esos lugares están reservados para los grupos dentro de las Other Backward Classes (OBC), 7,5% para las denominadas Scheduled Castes (SC) y 15 % para las llamadas Scheduled Tribes (ST) (recordemos también que la Suprema Corte expresó en un fallo de 1992, que el máximo posible de reserva era de 50 % ). En 1981, el gobierno del estado, en ese momento en manos del Partido del Congreso, a través de su Ministro en Jefe, Madhavsinh Solanki, introdujo la reserva para las castas atrasadas social y económicamente (SEBC), basándose en las recomendaciones de la Comisión Bakshi, que inició su trabajo en 1972 –para elaborar una lista de clases atrasadas y efectuar recomendaciones para su mejora- y entregó su reporte en 1976 (que posteriormente pasaría a ser “Other Backward Classes” –OBCs-, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Mandal, establecida en 1979 para identificar el atraso social y educativo). Ello derivó en protestas en contra de esa medida, con cientos de muertos y la renuncia de Solanki (que más tarde retornaría, apoyado por los Kshatriya, Harijan, Adivasi e Islámicos, agrupados bajo el nombre de KHAM), lo cual obviamente, ocasionó la pérdida de poder político de comunidades como la de los Patidar/Patel.
En el marco de la protesta contra el sistema, se sumaron los Jats de Rajasthan (originalmente pastores, luego dedicados a la agricultura), poderosa comunidad de ese estado y los Brahmanes de Gujarat (en agosto de este año). Tras una reunión de los representantes de 400 sub-castas del grupo de Brahmanes en ese estado, el All Gujarat Brahm Samaj, preparó una agenda con sus demandas, sosteniendo que el actual sistema los ha perjudicado y que ellos no desean una cuota de reserva sino que esperan que el estado sólo garantise reservas en base al criterio económico, reclamando el apoyo a los Brahmanes de condición económica más débil, pidiendo el fin del sistema en su forma actual.
El alcance de la política de acción afirmativa, traducida en reserva de lugares en los ámbitos ya mencionados, que estaba pensada inicialmente para hasta 10 años tras la independencia de la India, no sólo se ha mantenido sino que se ha ido politizando y alcanzado proporciones enormes en estados como Tamil Nadu, donde 69 % de los puestos gubernamentales y educacionales son dados bajo este régimen, lo que da lugar a irregularidades. Como respuesta a ello, las castas superiores denuncian lo que sostienen es la injusticia de la discriminación positiva a perpetuidad y en esa dirección, algunos sospechan que la comunidad Patel no está realmente luchando por obtener reservas sino que, al exigir lo imposible, en realidad está buscando la abolición del actual sistema.
Frente a ello, las castas beneficiarias actuales, responden que ese cambio no considera la discriminación social que viene con prácticas como la “intocabilidad”.
Sin embargo, un dato que agrega a la situación de debate que parecen haber estimulado exitosamente los Patel, es el hecho de que la Corte Suprema de la India, a principios de este año anuló la notificación del gobierno incluyendo la poderosa casta Jat en la lista de OBC (en los distritos de Dholpur y Bharatpur, en Rajasthan), considerando que la información estadística provista para tal inclusión era vieja y desactualizada para su propósito (los Jats decidireron como respuesta, “gherao”, es decir, protestar fuera de las residencias del Primer Ministro Modi y ministros de su gabinete). El razonamiento de los jueces es que el Estado no debe guiarse por la percepción de la clase autoproclamada como socialmente atrasada y además, sostuvo que la casta, mientras es reconocida como una causa importante de la injusticia en el país históricamente, no puede ser el único determinante del atraso de una clase y llamó al desarrollo/empleo de nuevos métodos para avanzar en la definición de “atraso”, tomando distancia de lo exclusivamente casta-céntrico.
Los jueces agregaron, acerca de lo que constituye «atraso social», que el atraso educacional no es suficiente, ni tampoco lo es solamente el atraso económico, aunque ambos contribuyen al atraso social, sino que el atraso social es un concepto distintivo que emerge de múltiples circunstancias que abarcan desde lo social y cultural a lo económico, educacional e incluso lo político.
Con respecto a la casta, si bien la Corte señala que ello puede constituir un factor prominente para una determinación fácil de atraso, desalienta la identificación de un grupo como atrasado, solamente en base a la casta. Agrega que la clase puede también ser un factor a considerar, aunque no resulte suficiente por sí para justificar reservas.
Las implicancias de tales consideraciones son de mucha importancia, dado que la Corte, al delinear una trayectoria entre el pasado y las formas emergentes de atraso, parece plantear la presunción del avance progresivo de los ciudadanos indios en los distintos ámbitos (social, educacional, económico, etc.), lo que torna al criterio histórico insuficiente. Entonces, si la casta no es criterio suficiente para alegar atraso social, no lo es el atraso educacional, la clase o el atraso económico, cuáles son los criterios válidos para incluir un grupo dentro del sistema? Los Jats no pueden ser incluidos en las reservas pero, ¿qué pasa con los otros grupos que gozan hoy de esos beneficios?, ¿será necesario revisar la situación de todos?. ¿Cuáles evaluaciones se implementan para poder tener un seguimiento cierto de la política de discriminación positiva desarrollada durante estos años?
Por otro lado, este cuestionamiento al sistema de discriminación positiva, fundamentalmente en base a la casta, se da en un momento en que parecen recrudecer incidentes de violencia comunal como el linchamiento de un ciudadano de creencia islámica, Mohammad Akhlaq, en la ciudad de Dadri, acusado de comer carne (ello en estrecha relación con posiciones hinduistas más extremas), la aprobación de leyes de preservación animal en estados como Maharashtra, la prohibición de consumo de carne en el estado de Cachemira, de mayoría islámica y la extensión de la campaña de reconversión de Ghar Wapsi (que según el Vishwa Hindu Parishad ha “devuelto” más de 30.000 personas a su fe original). Todo el panorama repercute indudablemente en la imagen internacional de India y en su proyección, con un delicado equilibrio a mantener entre sus distintas “tradiciones” y la construcción de su futuro, considerando que la convivencia en diversidad ha sido siempre un valor esgrimido por el país.
Por Dra. Lía Rodriguez de la Vega
Analista Internacional – Académica
Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI
Ex. Directora de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y Africa ALADAA
