Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto el tema regular era la realización de las llamadas “reformas estructurales” para hacer de México un país competitivo entre la competencia global en materia económica. Se dice que todas las reformas son necesarias y los especialistas en temas del desarrollo nacional coinciden en que todas las reformas son inútiles sin la reforma energética, lo que convierte a ésta en la madre de las reformas y además en la que despierta más pasiones y sentimientos nacionalistas que algunos creían superados pero que surgen de su estado latente, aún entre los jóvenes de la generación actual.
La reforma energética, así llamada porque se refiere al petróleo y a la electricidad, fue presentada por el presidente Peña Nieto y al conocerla queda evidencia de que no contiene novedad alguna y que nos fuimos enterando por medio de “filtraciones periodísticas” que se presentaron a los medios para pulsar la polémica y reacciones que desataban las propuestas entre los diversos actores de la política.
Por meses se plantearon intenciones que fueron debatidas por los grupos políticos y empresariales interesados en el tema. Se filtró a los medios el propósito de llevar a cabo reformas a la Constitución para poner al día a Pemex, se hizo saber sobre la necesidad de liberar a esta industria de la enorme carga fiscal a la que está sometida, se planteó la posibilidad de que los empresarios participaran en la realización de actividades complementarias y se afirmó repetidamente que el petróleo es de los mexicanos y por lo tanto Pemex no se vende.
Acerca de estos planteamientos, se expresaron los partidos políticos, unos diciendo que no se oponían a la idea de hacer más competitiva a la empresa Petróleos Mexicanos, pero sin que se llevaran a cabo reformas a la Constitución, otros proponiendo la realización de reformas a la Constitución para abrir oportunidades de inversión para la empresa privada nacional y extranjera a fin de hacer de Pemex una empresa competitiva, productiva y creadora de empleo, otros acusaron la intención del gobierno de privatizar a Pemex y entregarla a los empresarios nacionales y extranjeros. Todos coincidieron en que la empresa debe ser sometida a una profunda reforma estructural que deslinde y ponga límites al sindicato petrolero.
A lo largo de los diversos debates, hemos ido escuchando una polémica de tipo nacionalista sustentada en los episodios de la expropiación petrolera efectuada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas quien, cuando la decretó, recurrió a un discurso nacionalista relacionado con el rescate de los recursos naturales a favor del pueblo de México y en contra de los extranjeros que por años lo habían humillado.
La remembranza es significativa porque en los intentos anteriores que pretendieron reformar a Pemex, el discurso empleado para oponerse a modificar el marco legal fue el aportado por Lázaro Cárdenas cuando manifestó que el petróleo era patrimonio de todos los mexicanos y, en función de este planteamiento, el discurso de la oposición se ha politizado en términos ideológicos siendo, en la retórica, traidores a la patria los que proponen cualquier cambio que abra oportunidades de participación al capital privado.
Hoy día sabemos que la iniciativa energética propuesta por el presidente Peña Nieto al Poder Legislativo, en materia petrolera, establece la reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir a Pemex celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado más no de producción compartida. El planteamiento de lo que se desea realizar está contenido en cinco puntos: 1) Asegura que retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Lázaro Cárdenas. 2) Propone un nuevo régimen fiscal para Pemex. 3) Impulsa la reestructura de Pemex. 4) Plantea mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de Pemex. 5) Establece reglas de contenido nacional en las compras y proyectos de infraestructura de la paraestatal.
Ahora lo que sigue es que los actores políticos salgan dar un sinfín de discursos en favor de la reforma, unos a respaldar afirmando su acuerdo y demandando ir más lejos de lo propuesto, otros a oponerse a la inminente privatización, pero claro, todos pensando en sus propios intereses. Mientras eso sucede, en México más de la mitad de la población sigue con hambre y los jóvenes sin esperanza. Para resolver estos problemas sociales y otros, deberá servir el petróleo, pero esa no es prioridad. Para los que se disputan esa riqueza lo verdaderamente importante es sacar provecho unos en forma de dinero, otros en forma de poder.
Aquí surgen las preguntas, ¿a quién sirve la industria petrolera en México?, ¿el sector político realmente está interesado en el desarrollo económico de la nación? O una vez más se está entregando al mejor postor lo poco que le queda a este país. La historia habla por sí sola, lo que inicio en los 90s hoy día continua el camino ya trazado, entregar las empresas nacionales a extranjeros y potentados nacionales acobijados por el sector político de México, con esto queda claro que en esta Nación nadie puede ser realmente rico si no es bajo el manto de la corrupción y el espaldarazo de quienes la nutren, los políticos.
Por Dr. Arturo Marroquín Mitre
Universidad de Nueva León – México
Abogado – Master en Derecho Constitucional – Gerente Jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Estados Mexicanos.
