Actualmente, el mundo atraviesa un proceso de transición energética entendido como la transformación estructural de los sistemas energéticos globales, abarcando cambios profundos en la generación, producción, distribución y consumo de energía. Impulsado por el Acuerdo de París de 2015 y la urgencia de mitigar el cambio climático, este proceso responde a una reconfiguración productiva donde las energías limpias se posicionan como el nuevo vector de desarrollo (Fornillo, 2018). Sin embargo, al no alcanzar un esquema universal vinculante de mitigación de gases de efecto invernadero, cada Estado define sus metas mediante planes nacionales flexibles (Sabatella, 2023). En consecuencia, el poder global se ha redefinido en torno al control de los recursos naturales estratégicos. Este escenario configura el denominado Consenso de Descarbonización (Bringel y Svampa, 2023), un paradigma que intenta compatibilizar la acumulación capitalista con la sustitución de fuentes fósiles, siguiendo con el patrón extractivista en los países proveedores.
Bajo este marco, la transición energética se orienta a impulsar una industria verde y a promover una sociedad sustentada en energías renovables. Este enfoque supone una articulación más estrecha entre industria, ciencia e innovación tecnológica, con el fin de transformar la estructura productiva, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia una matriz más sostenible. En este contexto, los minerales críticos son considerados insumos estratégicos indispensables para los procesos de electrificación, digitalización y descarbonización. La demanda de insumos para la electromovilidad, turbinas eólicas, industria electrónica, la automoción y los sistemas de defensa se ha disparado (IRENA, 2023). Estos recursos abarcan desde el litio y el grafito para el almacenamiento portátil y el respaldo de centros de datos, hasta tierras raras para pantallas eléctricas, silicio y germanio para semiconductores y microchips, tantalio y cobalto para baterías de ion-litio de alta densidad, y cobre para la conductividad eléctrica.
El avance de las tecnologías energéticas bajas en carbono incrementa exponencialmente la demanda de diversos minerales y metales, tales como el aluminio, cobre, litio, manganeso, plata, acero, zinc y las tierras raras. Estas últimas corresponden a un grupo de 17 elementos metálicos entre los que destacan el indio, el molibdeno y el neodimio que resultan esenciales para el desarrollo de dispositivos de alta tecnología, abarcando desde productos electrónicos de consumo (como computadoras portátiles y teléfonos inteligentes) hasta aplicaciones complejas en la industria aeroespacial y el sector militar. Frente a esta dinámica, la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2024) proyecta que la aceleración de las tecnologías de energía limpia incrementará de manera sustancial la demanda global de estos minerales, la cual podría triplicarse hacia 2030 y alcanzar los 40 millones de toneladas para 2050.
El segundo factor apunta a la externalización de las fronteras por parte de la Unión Europea, lo que implica, de acuerdo con Gabrielli (2017), el desplazamiento de las tareas referidas al control.
II. Definiciones Teóricas: Recursos Estratégicos, Mineral Critico y Mineral Estratégico
Desde una perspectiva geopolítica, los minerales se consideran críticos cuando, además de ser indispensables para generar energía renovable y tecnologías limpias, su concentración geográfica permite a ciertos países utilizar una posición dominante para obtener ventajas competitivas en las cadenas de suministro. Desde un enfoque realista de las relaciones internacionales, los minerales críticos constituyen un elemento central del poder global en el siglo XXI. Los Estados interactúan motivados por sus intereses nacionales para ejercer influencia económica y tecnológica mediante el control y acceso a estos recursos, garantizando así su seguridad energética y desarrollo industrial.
Ante esto, es necesario destacar el concepto de recurso estratégico del autor Bruno Fornillo al decir que: “un recurso natural puede llamarse estratégico si responde a las siguientes condiciones relativas a su valor de uso, por sí mismas suficientes: a) ser clave en el funcionamiento del modo de producción capitalista; b) y/o ser clave para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial c) y/o ser clave para el despliegue de una economía verde o de posdesarrollo; y las siguientes condiciones relativas a su disponibilidad, de por sí necesarias: a) escaso –o relativamente escaso– ; b) insustituible –o difícilmente sustituible–; c) desigualmente distribuido” (Fornillo, 2014, página 80).
Para comprender esto, es necesario precisar las diferencias entre un mineral crítico y mineral estratégico, en la que esta última depende del proceso de toma de decisión de los Estados de considerar a un recurso como estratégico para la inserción en las cadenas globales de valor, en cambio, es crítico, cuando se relaciona directamente con la vulnerabilidad del suministro. En palabras de Chaparro Ávila (2021, p. 8): “La característica que distingue a las materias primas críticas es que su riesgo de suministro es elevado debido a que la producción mundial queda concentrada en unos pocos países. Además, estos elementos cuentan con una baja posibilidad de sustitución y reciclaje”. Y en cuestiones socio-ambientales, la producción y procesamiento de los minerales conlleva un elevado consumo de agua afectando las comunidades locales de la región.
La noción de criticidad no es estática, se transforma a lo largo del tiempo en consonancia con las necesidades de la sociedad, los contextos locales, la soberanía de los recursos para el desarrollo industrial y las vulnerabilidades del mercado (Hendriwardani & Ramdoo, 2022) en la que según estudios de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) identifica como minerales críticos al cobre, litio, cobalto, grafito, níquel, manganeso, platino, iridio y tierras raras. Sin embargo, esta clasificación es dinámica; la importancia económica de los minerales varía según las demandas industriales, las innovaciones tecnológicas, las posibilidades de sustitución y la actualización de las reservas conocidas. Asimismo, la criticidad está condicionada por contextos nacionales específicos que moldean la capacidad de los Estados para formulan políticas públicas y marcos regulatorios orientados a la gestión sostenible de sus recursos (Hendriwardani & Ramdoo, 2022). En consecuencia, este escenario global representa una oportunidad estratégica renovada para países con abundancia de recursos naturales como es el caso de Argentina (Zappettini, 2021; Murgia, 2021).
Gudynas (2015) define el extractivismo como la apropiación intensiva de recursos naturales exportados como materias primas con procesamiento nulo o limitado, en la que según la teoría critica, el extractivismo verde reestructura la economía global manteniendo la lógica de explotación, es decir, la apropiación de materias primas del Sur Global para financiar la transición ecológica del Norte Global, bajo la premisa de desarrollo sostenible (Voskoboynik y Andreucci, 2022). Este modelo es lo que se denomina colonialidad verde (Svampa, 2019) donde la modernización ecológica de los países centrales incrementa la presión sobre los territorios del Sur, reproduciendo esquemas históricos de desigualdad, consumo hídrico extremo y conflictos socioambientales.
Esta dinámica reactiva los debates clásicos sobre la maldición de los recursos (Sachs y Warner, 1995) y el deterioro de los términos de intercambio formulado por Prebisch (1950) de centro y periferia en el sistema internacional. Paralelamente, la geopolítica de los minerales críticos reordena el tablero internacional otorgando una ventaja estratégica a los países con yacimientos mineros (Daszkiewicz, 2020). Esta dinámica se organiza en torno a tres dimensiones centrales, el acceso seguro a recursos escasos, las capacidades nacionales de refinación y procesamiento y el control de las cadenas globales de valor.
Bajo un enfoque realista, los principales actores internacionales abordan estas competencias mediante estrategias contrapuestas, mientras China ha estructurado una política estatal unificada ya que controla desde la extracción hasta el procesamiento, Estados Unidos y las potencias occidentales apuestan por diversificar proveedores mediante la diplomacia de minerales e inversiones extranjeras directas para reducir su dependencia de Beijing. Estas disputas globales adquieren especial relevancia en América Latina, región que concentra una proporción significativa de los recursos estratégicos necesarios para la transición energética global (IEA, 2023). Para evitar la flexibilización de los marcos regulatorios ambientales impulsada por la competencia de capitales extranjeros (Svampa y Viale, 2020), la economía política internacional demuestra que la política y la economía operan de manera interconectadas (Gilpin 1989, Strange 2001). Autores como Bruckmann (2012), Gudynas (2015) y Murgia (2012) advierten que la mera exportación de mineral bruto no genera desarrollo per se. En este contexto y frente a la consolidación del Consenso de los Commodities, el desafío soberano de los países emergentes radica en desarrollar capacidades tecnológicas, encadenamientos productivos e infraestructura local para capturar mayor renta y evitar ser reducidos a meros enclaves extractivos.
En esta crisis pueden, una vez más, rastrearse diferentes desencadenantes. Por un lado, el detonante final y más directo parece haber sido una sentencia del Tribunal Supremo de España de finales de junio de 2026 que descarta las devoluciones en caliente para quienes crucen a nado, y solo las mantiene para quienes salten las vallas u otras barreras físicas. Una devolución en caliente se explica como la práctica de expulsar o retornar de forma inmediata a una persona que cruza la frontera, sin tramitar un expediente individualizado ni realizar una identificación formal, impidiendo evaluar si requiere protección internacional o si corre riesgo su vida o integridad (lo cual habilitaría el principio de no devolución por tratarse de un solicitante de asilo y potencial refugiado). Ello parece haber sido rápidamente instrumentalizado y distorsionado por las redes de tráfico de personas.
Sin embargo, existen otros factores que han coadyuvado a generar esta crisis y que, probablemente, sean aún más relevantes para el caso. Entre ellos, con una gravitación esencial, se encuentra el viaje del presidente español Pedro Sánchez a Argelia, histórico rival de Marruecos en el Magreb. Sin embargo, también es un mensaje de chantaje para mantener a España firme en sus compromisos respecto de su postura sobre el Sáhara Occidental, aunque también se inserta en esta lógica la pretensión marroquí sobre Ceuta, Melilla y otros territorios españoles en el norte de África. Sánchez-Montijano y Zaragoza Cristiani (2013) ponen de manifiesto que Marruecos no ha renunciado a reclamar la soberanía sobre los territorios españoles en el Norte de África, lo que incluye sus reivindicaciones sobre Ceuta, Melilla y los distintos peñones, islas e islotes, enclaves españoles frente a las costas de Marruecos.
Además, otra de las aparentes razones apunta a la exigencia de Rabat de obtener más fondos de la Unión Europea como contraprestación por la cooperación y el control fronterizo. Todo ello se inscribe en un tablero más amplio donde Marruecos actúa envalentonado con la seguridad que le otorga el respaldo explícito de Estados Unidos e Israel, a partir de los Acuerdos de Abraham promovidos por Donald Trump, a sus tesis de soberanía sobre el Sáhara Occidental. Esta estrecha sintonía con el Reino Alauí contrasta abiertamente con la distante y a menudo tensa relación entre Trump y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, marcada por discrepancias sobre el gasto militar defensivo, el alineamiento geopolítico en Oriente Medio y profundas diferencias ideológicas. Así, la diplomacia en torno al norte de África no se explica únicamente en clave euro-mediterránea: hoy más que nunca, Marruecos proyecta su agenda regional con la solidez que le provee su alianza estratégica con Washington y Tel Aviv frente a una España con menor capacidad de presión.
A ello se sumó un catalizador parlamentario: el aval del Congreso español a la ley que concede la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la etapa colonial, un movimiento interpretado en Rabat como una amenaza directa a sus intereses estratégicos.
Especial atención merece la ya mencionada visita oficial de Sánchez a Argelia —histórico rival geopolítico de Marruecos— para recomponer los lazos energéticos y diplomáticos dañados desde el giro español sobre el Sáhara Occidental. Para Argel, la defensa de la autodeterminación saharaui constituye una de las principales banderas de su política exterior y un pilar fundamental en su disputa por la hegemonía regional. Ante dicha crisis, mientras Marruecos optaba por la instrumentalización geopolítica del flujo migratorio en la frontera, Argelia desplegaba su propia palanca de presión a través de la diplomacia de los recursos energéticos. Ante el nuevo encuentro bilateral con Argelia, Marruecos ha vuelto a responder mediante su tradicional instrumentalización de los migrantes. No sorprende, entonces, que Madrid deba emprender un difícil equilibrio entre ambos vecinos.
Ante esta crisis, Von Der Leyen, sin hacer una mención explícita a Marruecos, sí lo ha incluido tácitamente en la carta que ha enviado al presidente español, Pedro Sánchez, en la que sostiene que “no se puede aceptar ningún intento de utilizar la migración irregular como medio para ejercer presión sobre un Estado miembro» (Belver y Viaña, 2026). Sin embargo, ha propuesto un mayor apoyo financiero a Rabat.
Por su parte, el ministro de Justicia de Marruecos ha asegurado que el país nunca ha utilizado la migración como herramienta de presión frente a España y la Unión Europea, aunque ha reconocido que Rabat sigue reivindicando los territorios bajo disputa, entre ellos Ceuta y Melilla (Arias, 2026).
En última instancia, el trasfondo de estas escaladas no es únicamente fronterizo ni normativo, sino profundamente humano: el verdadero drama de la crisis evidencia, una vez más, cómo la vulneración de los derechos fundamentales de miles de personas se convierte llanamente en una herramienta de las disputas de poder y la rivalidad geopolítica. Se trata de un juego de fronteras con un profundo impacto sobre los Derechos Humanos, sean migrantes utilizados como parte de una estrategia geopolítica más amplia, o incluso solicitantes de asilo a los que, en virtud de las devoluciones en frontera, se les niega un tratamiento acorde a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, poniendo en peligro la integridad y la vida de miles de personas, incluidos niños y niñas.
Reflexiones finales
A la luz del análisis desarrollado, el concepto de juegos de frontera deja de ser una mera etiqueta analítica para convertirse en el síntoma de una falla estructural en la arquitectura de la política exterior y de seguridad europea. El estudio de los incidentes recientes entre España, la Unión Europea y el Reino de Marruecos permite extraer cuatro reflexiones fundamentales sobre el presente y el futuro de las relaciones euro-mediterráneas.
En primer lugar, se evidencia la paradoja de la externalización como fuente de vulnerabilidad. La pretensión de la Unión Europea de construir una «Europa Fortaleza» mediante la delegación del control fronterizo a terceros países ha generado un efecto inverso: en lugar de ganar seguridad, el bloque comunitario ha hipotecado su autonomía estratégica. Al convertir a sus vecinos inmediatos en los guardianes de sus fronteras, Europa les otorga una palanca de chantaje casi ilimitada. Marruecos ha demostrado comprender con lucidez analítica que la obsesión securitaria europea y su pánico al costo político interno de las crisis migratorias son su mayor vulnerabilidad. Así, la externalización no neutraliza la migración; la transforma en una divisa de cambio de altísimo rendimiento político y económico.
En segundo lugar, el análisis pone de manifiesto la complejidad de un tablero geopolítico multidimensional que ha desbordado el tradicional marco bilateral Madrid-Rabat o el enfoque regional euro-mediterráneo. La conducta de Marruecos no puede desvincularse de la reconfiguración del orden internacional promovido por la diplomacia estadounidense y los Acuerdos de Abraham, que fortalecieron la postura soberanista alauí, ni del histórico enfrentamiento por la hegemonía del Magreb con Argelia. La triangulación de Madrid entre el abastecimiento energético de Argel y la contención migratoria de Marruecos demuestra que la frontera sur de Europa se ha convertido en un escenario donde se libran disputas geopolíticas de mayor calado.
En tercer lugar, se constata una alarmante erosión del Derecho Internacional de los Refugiados y una normalización de la excepción jurídica. La adopción de figuras como el «rechazo en frontera» o la ingeniería conceptual para eludir la aplicación del principio de no devolución han desdibujado la frontera entre el migrante y el solicitante de asilo que huye de persecuciones. En este sentido, la migración no puede continuar analizándose exclusivamente desde el prisma de la amenaza a la seguridad, el ejercicio del poder y el interés nacional, ya que este enfoque corre el riesgo de desmantelar las garantías procesales más elementales y socavar los derechos humanos más básicos de miles de personas.
Por último, la reflexión más apremiante debe situarse en la dimensión ética y humana. Detrás de las lecturas de poder, los equilibrios presupuestarios y las maniobras diplomáticas, la tragedia latente de los juegos de frontera implica el deterioro del sujeto migrante, reducido a un mero activo táctico o a un peón en un tablero geopolítico. La pasividad o connivencia de las autoridades para permitir que miles de personas —incluidos menores— arriesguen sus vidas en el mar o en la valla para enviar un mensaje político a la capital vecina encarna una profunda crisis moral. Mientras Europa siga anteponiendo el blindaje de sus fronteras a la construcción de vías de migración legales, seguras y respetuosas de los Derechos Humanos, continuará siendo rehén de la diplomacia coercitiva y cómplice de la deshumanización que tiene lugar en sus propios límites geográficos.
Por Juan León Giujusa
Licenciado en Relaciones Internacionales. Maestrando en Estudios Internacionales.
Referencias:
Arias, C. (2026, 11 de agosto). El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”. Infobae. https://www.infobae.com/espana/2026/08/11/el-ministro-de-justicia-de-marruecos-sobre-ceuta-y-melilla-cada-vez-que-nos-reunimos-con-espana-planteamos-la-cuestion-seguimos-reivindicando-nuestros-territorios/
Barbotta, H. (2026, 1 de agosto). Marruecos usa a 50 mil migrantes como rehenes de una disputa geopolítica en Ceuta. Página12. https://www.pagina12.com.ar/2026/07/31/marruecos-usa-a-50-mil-migrantes-como-rehenes-de-una-disputa-geopolitica-en-ceuta/
Belver, M. y Viaña D. (2026, 3 de agosto). Von der Leyen sí apunta a Marruecos por la crisis en Ceuta: «No se puede aceptar ningún intento de utilizar la migración irregular como medio para presionar» a España. El Mundo. https://www.elmundo.es/espana/2026/08/03/6a706cfd21efa03b408b4592.html
Delkáder Palacios, A. (2025). Juegos de frontera y condicionalidad coercitiva mutua entre España y Marruecos: la externalización del control migratorio frente a la ingeniería estratégica de las migraciones. Revista Española de Ciencia Política, 68, 73-99. https://doi.org/10.21308/recp.68.03
Gabrielli, L. (2017). La externalización europea del control migratorio. ¿La acción española como modelo? CIDOB, 126-152. https://doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2017.126
Infobae (2021, 18 de mayo). Embajadora de Marruecos: «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir». https://www.infobae.com/america/agencias/2021/05/18/marruecos-embajadora-de-marruecos-hay-actos-que-tienen-consecuencias-y-se-tienen-que-asumir/
Sanahuja, J. A. (2016). La Unión Europea y la crisis de los refugiados: fallas de gobernanza, securitización y “diplomacia de chequera”. En M. Mesa (Coord.), Retos inaplazables en el sistema internacional: Anuario 2015-2016 (pp. 71-105). CEIPAZ. https://ceipaz.org/anuario/retos-inaplazables-en-el-sistema-internacional/
Sánchez-Montijano, E. y Zaragoza Cristiani, J. (2013). Crisis migratoria en Melilla: un instrumento de negociación política. CIDOB, 71. https://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/localsite/collect/cd2/index/assoc/cidob007/2.dir/cidob0072.pdf
