En las últimas décadas, el multiculturalismo ha comenzado a tornarse relevante en el ámbito internacional. A pesar de ser un término algo reciente, en el mundo académico, ha generado interesantes debates a favor y en contra del mismo. Sin pretender entrar en una discusión de tipo teórico, y enfocándonos en su faz práctica, entenderemos a las políticas multiculturales como aquellas políticas públicas destinadas a promover la aceptación, inclusión y cohesión de diversos individuos y grupos pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o culturales de una sociedad.
Australia, con una población de 21 millones de personas y una ubicación geopolítica estratégica en Asia Pacífico, es uno de los países precursores en la implementación de políticas multiculturales. Una característica definitoria de su población es la aceptación de la diversidad cultural y étnica. Alrededor del país se establecen, en su gran mayoría, australianos de descendencia europea, aunque también los hay de ascendencia asiática y en menor medida pueblos aborígenes.
En ese sentido, las políticas que impulsaron la aceptación e inclusión en la sociedad de los pueblos aborígenes representan un ejemplo a nivel mundial, comparable con la inclusión del pueblo indígena “Sami” en los Parlamentos de Finlandia, Noruega y Suecia.
Los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres son descendientes de los primeros habitantes de Australia. Aunque no representa más del 3% de la población es un grupo minoritario clave que cuenta con la cultura “viva” más antigua del planeta, lo que le adjudica una fuerte tradición.
En su mayoría, se encuentran ubicados en el Territorio del Norte donde más de una cuarta parte de la población esta constituida por aborígenes.
Hoy en día, existen más de 400 grupos aborígenes en Australia que fueron incluyéndose a la sociedad mediante la sanción de distintas legislaciones en el tiempo. A lo largo del siglo XX, se presentaron distintos intentos de inclusión pero, finalmente, el punto de inflexión se provocó en la década de los ’60 cuando -a través de distintas legislaciones- se les concedieron los derechos civiles básicos, entre ellos, el derecho a votar. Asimismo, se los incluyó en los censos electorales y el sistema legal del país, por lo cual a partir de ese momento les concernía toda ley aprobada en Australia.
En 1976, se sanciona la “Ley sobre Derechos de Propiedad de las Tierras Aborígenes en el Territorio del Norte”, por medio del cual alrededor del 50% del territorio se convirtió en propiedad colectiva indígena.
Por ello, los aborígenes comenzaron a emigrar a las tierras habitadas por sus ancestrales, que el gobierno les restituyó. Esto, mejoró notablemente su forma de vida y alentó a revalorizar sus viejas tradiciones.
Desde el aspecto jurídico, ya entrada la década del ’90 –específicamente, en el año 1992- la Corte Suprema de Justicia de Australia se expide sobre el caso “Mabo contra Queensland”, por el cual a Mabo, un isleño del Estrecho de Torres, se le restituyen las tierras ocupadas por sus ancestros. Es considerado un caso ejemplar y trascendente porque fue el primero de su tipo y se utilizó como ‘leading case’ en sentencias posteriores. Sin ir más lejos, a fines del mes de Julio del año 2013, un Tribunal de Justicia australiano reconoció el derecho de la comunidad aborigen “Martu” sobre un territorio ubicado en la localidad de Wiluna y que se extiende alrededor de unos 50.000 kilómetros cuadrados.
Por otro lado, el Gobierno de Australia ha asegurado la posesión de estas tierras mediante una ley que obliga a empresas privadas a negociar con los habitantes afectados, por los resultados de su actividad industrial, debiendo llegar a una compensación acordada entre ambas partes. Estas negociaciones se van registrando como antecedentes tornándolas más dinámicas y en constante progreso, lo cual brindan un resguardo a los recursos y patrimonios culturales de los nativos.
En 1992 se creó el Comisionado para la Justicia Social de los Aborígenes y los Habitantes de las Islas del Estrecho de Torres dependiente de la Comisión de Derechos Humanos de Australia: una ejemplar acción de gobierno hacia la integración de todos los grupos sociales. Uno de sus principales objetivos es brindar respuesta a las desventajas socioeconómicas de los pueblos aborígenes. Para ello, evalúa el impacto de las políticas implementadas y la legislación emitida al respecto. A tal fin, elabora anualmente un informe que se discute en el Parlamento.
Por consiguiente, en el año 2008, este Comisionado fue el encargado de elaborar un informe que delineaba los lineamientos para crear el Órgano Nacional de Representación Indígena, un nuevo órgano representativo de los pueblos indígenas.
Por último, otro antecedente de gestión por los derechos de las minorías es cuando el 12 de febrero de 2013 se sancionó una ley ejemplar para la comunidad aborigen. La Cámara de Representantes del Parlamento de Australia aprobó una ley que reconoce a los aborígenes e isleños de Estrecho de Torres como los primeros habitantes de Australia. En tal sentido, el próximo paso consiste en celebrar un referendo que permita modificar la Constitución de 1901, con el fin de incluir el reconocimiento expreso de los pueblos aborígenes en sus principios.
En el presente, el mundo acrecienta su perfil multiétnico, multireligioso y multicultural y es un desafío la convivencia pacífica entre civilizaciones. Así son los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus agencias frente a este desafío que debe encararse desde todas las esferas. Para los Estados, el multiculturalismo no es un debate a futuro sino una problemática a tratar en el presente. El caso de Australia marca liderazgo en esta tendencia gubernamental de implementar políticas más eficaces al momento de enfrentar una de las complejidades de la agenda de hoy en el concierto internacional de naciones: el multiculturalismo.
Desarrollo & Contenido
Martín Rafael López
Relaciones Internacionales – Universidad Católica de La Plata
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