Nuevo capítulo de la política exterior argentina, etapa Canciller Faurie

Nuevo capítulo de la política exterior argentina, etapa Canciller Faurie

¿Tiempo para algún reajuste de estrategias o tiempos para el reordenamiento para la política exterior de Argentina? Interrogante abierto sobre la etapa que se inicia con la asunción del nuevo Cancillería argentino, el diplomático de carrera Faurie.
Si bien todos sabemos que los ejes centrales van a continuar y no se podrían esperar ningún giro abrupto en la política exterior de Buenos Aires, el contexto global ha cambiado durante el periodo de un año y cinco meses de la anterior jefa de la diplomacia argentina Susana Malcorra marcan la necesidad de mejorar la performance y ajustar varios frentes.
Acudimos a la voz de algunos expertos que nos transmiten sus impresiones sobre la hoja de ruta para la Cancillería Argentina en bajo la conducción del ex. Embajador en Francia y Portugal, Jorge Faurie.

Como explica Gonzalo Casais del Grupo Joven del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), “antes que nada es menester mencionar que la renuncia de la Canciller Malcorra ha tomado por sorpresa al gobierno de Mauricio Macri y a la población argentina en general”. Casais remarca que “el nuevo Canciller enfrentará una serie de desafíos internos y externos durante su gestión. Antes que nada deberá ordenar la Cancillería argentina. En los últimos meses y semanas ha habido numerosos reajustes dentro de los cuadros del Palacio San Martin. Los más notables fueron las renuncias del Vicecanciller Carlos Foradori y la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cristina Boldorin. Ambos remplazados por personas de confianza de Malcorra, Pedro Villagra Delgado y Horacio Reyser respectivamente. Asimismo, esta secuencia fue seguida por un reordenamiento de numerosos cargos de responsabilidad entre ellos nuevos nombramientos de Embajadores y Directores Nacionales. Con la asunción de Faurie se espera que el nuevo Vicecanciller sea el Embajador Daniel Raimond y que Reyser mantenga su puesto.

Gonazlo Casais, experto del Grupo Joven del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI.

Todos estos cambios, brevemente mencionados, muestran ciertas pujas existentes al interior de la Cancillería. En particular demuestra la puja existente entre los cuadros radicales y los peronistas no-kirchneristas, ambos ampliamente relegados durante los últimos años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Además hace notar la creciente importancia y poder del Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Fulvio Pompeo quien maneja una importante influencia en la política exterior de la administración Macri. Es imposible prever como organizará la Cancillería el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores pero la elección del primer Canciller diplomático de carrera desde 1989 (cuarto en la historia) es un indicio importante. No solamente el carácter profesional y estricto por cual se lo conoce a Faurie, sino también por su amplia experiencia protocolar podrá ayudar al Palacio San Martín a ordenar sus filas”.
Para el investigador del CONICET Dr. Leandro Morgenfeld,..”la salida de Malcorra, además de las cuestiones personales que fueron atribuidas, responde, como ella misma lo declaró, a ciertas divergencias con la jefatura de Gabinete. En consecuencia, creo que la gestión que va a encabezar ahora Jorge Faurie estará en la línea que determine Fulvio Pompeo, el principal asesor de Macri en la materia. Creo que la política exterior de Macri, más allá del discurso auto-elogioso y de la remanida “vuelta al mundo”, no tiene muchos resultados para mostrar, además de las fotos y las visitas. Macri abandonó una perspectiva de integración latinoamericana, la única que a mi juicio le permitiría a la región posicionarse más autónomamente, y subordinó la agenda exterior a los dictados de las principales potencias y los organismos financieros internacionales. Así y todo, no mejoró las exportaciones ni las inversiones. No creo que con la nueva gestión cambie la línea. No lo hicieron ante fenómenos disruptivos como el Brexit o la elección de Trump, no lo van a hacer ahora”

Por su parte, la mirada de Francisco De Santibañes, que también es autor del libro “La Argentina y el Mundo & Claves para una Integración Exitosa”, entiende de la continuidad y sobre los desafíos que vienen entiende que, por un lado creo que el Canciller debe mantener lo que está haciendo bien el gobierno. El Ejecutivo entendió que vivimos en un mundo en donde Estados Unidos ya no es la única gran potencia. Es por lo tanto en el interés de la Argentina mantener relaciones excelentes relaciones con este país pero también con China -la nueva potencia emergente- y con todas las naciones con las que esto es posible. Esto no sólo fomentará la llegada de inversiones sino que también nos permitirá evitar conflictos innecesarios e incrementar nuestro comercio. 
 
Para el analista De Santibañes, ..”es posible sin embargo realizar ciertas mejoras. Necesitamos tener una clara visión más estratégica para entender cuáles son nuestros intereses a largo plazo. De esta deberán luego derivar las decisiones de tipo táctica. También sería importante separar la formulación de nuestra política exterior de consideraciones domésticas y ser, al mismo tiempo, más creativos a la hora de pensar mecanismos que nos permitan fortalecer relacionarnos económicamente en el  mundo. Finalmente, necesitamos liderar la integración económica de América latina. La Argentina se encuentra en una situación privilegiada para convertirse en el puente que una a la Alianza del Pacífico con el Mercosur.”
Gonzalo Casais baja información finita de la realidad de la Cancillería con su interpretación sobre los desafíos que se vienen donde “en el plano externo, el nuevo Canciller deberá avanzar con una serie de iniciativas puestas en marcha por su predecesora. Los nuevos aires que ha traído el gobierno de Macri a las muy postergadas negociaciones de un Acuerdo Mercosur – Unión Europea marcarán un hito en la gestión de Faurie. Él junto a Reyser deberán conducir estas negociaciones a buen puerto antes de fin de año según previos anuncios de la Cancillería. Un número de factores juegan a favor de Faurie. En primer lugar, el gobierno de Macri es el principal promotor del acuerdo dentro del bloque del sur. Por otra parte, la asunción de Trump en Estados Unidos ha echado por tierra cualquier posible revitalización del TTIP, abriéndole el camino a la Unión Europea para invertir mayor capital político  en el acuerdo con el Mercosur. Sin embargo, las dificultades inherentes a las negociaciones son tanto el espinoso asunto agrícola como la debilidad de Brasil para avanzar con el plan y las presiones internas de las poblaciones de ambos bloques serán las principales trabas al momento de arribar a un acuerdo. Más aun considerando que la Canciller Malcorra anunció que para fin de año se espera tener un acuerdo cerrado. Este deseo tiene que ver con el deseo de presentar el acuerdo en simultáneo con la siguiente Reunión Ministerial de la Ronda de Doha de la OMC que se llevará a cabo en Buenos Aires en diciembre de este año. Esta nueva reunión de negociaciones es otro de los grandes desafíos de Faurie ya que la Ronda de Doha ha estado congelada hace varios años. Si esta reunión no fuera fructífera en el avance de nuevos acuerdo sin duda será un golpe al desempeño del nuevo Canciller. Por otra parte, el deseo de la Casa Rosada de ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dependerá en gran medida de las negociaciones que pueda llevar adelante Faurie. En este sentido, el triunfo de Macron en Francia significa mucho más que eso para el gobierno de Macri. El nuevo presidente francés fue compañero universitario del funcionario argentino que está encargado de gestionar el ingreso del país en la OCDE. En caso ocurrir el ingreso, Argentina se sumaría a la lista de espera con Colombia y Costa Rica para acompañar Chile y México como los miembros latinoamericanos de la OCDE. El ingreso no solamente significaría la certificación de la prestigiosa organización y acceso al apoyo que esta brinda sino que sería un gran triunfo para el nuevo Canciller. Sumado a la creciente relevancia de la Argentina en las mencionadas instituciones internacionales, Argentina ha sido designada la sede de la cumbre del G20 en 2018. Este será un nuevo desafío para el Palacio San Martín que buscará aprovechar esta puesta en vidriera del país al máximo. El hecho de que Faurie sea un experto en protocolo no es casualidad con su designación en este sentido. La Argentina deberá mostrar su mejor faceta durante la cumbre. Además, deberá gestionar las variadas discusiones durante la cumbre desde política comercial y económica global hasta cuestiones de Cambio Climático. Todas discusiones muy controversiales y disputadas al día de hoy”.

Venezuela
Un tema central en la agenda de la política exterior tiene que ver con la situación en Venezuela, que no escapa a ninguno de los países de la región, que tienen que definir posiciones sobre cómo pararse frente a la crisis venezolana.
En la opinión de especialista en economía y política internacional De Santibañes, en el tema Venezuela, Argentina ha tomado la decisión de no liderar la oposición al régimen de Maduro. No creo que esto cambie con el nuevo Canciller”.
Desde otro punto de vista, para Morgenfeld, “este tema es preocupante. Hasta ahora, Macri mostraba una posición dura contra el gobierno bolivariano (impulsó la exclusión de Venezuela del Mercosur, alienta la intervención de la OEA, se reunió con la oposición destituyente, y donde la Canciller venezolana denunció ser agredida cuando vino a Buenos Aires a la reunión del Mercosur), pero Malcorra era más cauta, más propensa a una salida negociada con el resto de los países del continente. Temo que ahora se profundice la línea injerencista contra Venezuela, lo cual establecería un pésimo antecedente, como fue el apoyo de Macri al golpe parlamentario en Brasil contra Dilma y al encumbramiento del ilegítimo Michel Temer. Desde que asumió, Macri desconoció el rol clave que tuvieron la UNASUR y la CELAC en conflictos regionales y, junto a Estados Unidos, impulsa la recomposición del poder que tenía la OEA en la etapa de la guerra fría.

Investigador Dr. Leandro Morgenfeld.

Relacionando diferentes eventos de la política regional Gonzalo Casais reflexiona sobre el siguiente contexto… “Faurie deberá tomar una postura hacia la principal crisis en la región, la situación en Venezuela. Hay que tener en cuenta que lo más probable es que no haya grandes cambios. La situación en Venezuela como todos sabemos es desesperante. El nuevo proceso constituyente con bases comunales es contrario a la constitución que postula claramente que para iniciar una reforma constitucional se puede realizar únicamente a través de una consulta popular. Pero más allá de los mecanismos y artilugios puntuales de Maduro para ganar tiempo la realidad es que debe haber una fracción de la alianza con los militares y con Cuba para que haya un cambio. Ambas fracturas se ven distantes. Por un lado los militares han sido una base de apoyo del proyecto bolivariano desde el intento de golpe de estado en 1992 y desde entonces han sido depuradas y adoctrinadas en la lealtad al Comandante Chávez y ahora Maduro. Asimismo la corrupción, el narcotráfico y los delitos contra los derechos humanos ahora unen a las elites gobernantes venezolanas. Cualquier caída del régimen chavista los dejaría abiertos a procesos penales tanto en Estados Unidos como en La Haya. Por su parte Cuba sigue sosteniendo al régimen con más de 20.000 cubanos en la administración pública venezolana aportando sus conocimientos de represión y censura. La Cancillería liderada por Faurie probablemente tomará una posición más firme hacia Venezuela, montando presión internacional para acompañar a las protestas. La próxima reunión de Jefes de Estado de Mercosur en Mendoza entre el 17 y el 21 de junio próximo será un espacio para converger y coordinar e accionar del bloque frente a esta situación crítica. La inestabilidad y profunda crisis política y económica que sacude a Brasil le presenta la oportunidad a la Cancillería argentina de asumir un rol protagónico en la región”.

UNASUR
Argentina preside ahora UNASUR, y ¿puede esto significar algo estratégico para la política exterior de Buenos Aires? Para el investigador del CONICET Leandro Morgenfeld, “lamentablemente, Macri le quita relevancia a los organismos regionales y prefiere ir a aquellos dominados por Estados Unidos y Europa. En enero de 2016 fue un entusiasta asistente al Foro Económico de Davos, y esa misma semana faltó a la Cumbre presidencial de la CELAC en Quito, aduciendo que tenía una costilla fisurada. América Latina, como ámbito estratégico de la inserción internacional argentina, no entra en su vocabulario político. Se siente cómodo en la Casa Blanca o visitando mandatarios europeos. Impulsó a la Argentina como sede de la Cumbre ministerial de la OMC (diciembre 2017) y del G20 (julio 2018), pero no propone allí ninguna posición conjunta con los demás países de la región ni los emergentes. Por estos motivos, no tengo expectativas en la presidencia argentina de la UNASUR”.
Por su parte, Francisco De Santibañes cree que si bien la Argentina necesita formar parte activa de todos las organizaciones regionales e internacionales de las que forma parte, creo que es en nuestro interés priorizar la CELAC al UNASUR. Mientras que  la primera involucra a toda la región -más el Caribe- la segunda nos limita a América del Sur. Esto último nos quita flexibilidad diplomática y nos priva de los beneficios económicos que traería una integración más amplia”. 
Mientras que Gonzalo Casais ensaya una tesis donde entiende que “es probable que la Argentina además utilice su presidencia en Unasur para avanzar con varios de estos desafíos. Por un lado, intentará alinear a los países sudamericanos en cuanto a la cuestión venezolana. Dado que Venezuela mantiene un número de aliados incondicionales tales como Ecuador y Bolivia, resultará complicado llegar al consenso que requiere la Unasur para decidir. A esta complicación se le suma que la organización fue el fruto de las negociaciones brasileñas por liderar la región sudamericana. En vistas de la existente situación brasileña deberá buscarse un modo por imponer un nuevo liderazgo pero que difícilmente remplazará al de Brasil en cuanto salga de la crisis. Por otra parte, la Argentina buscará utilizar a la Unasur para avanzar sus intereses comerciales ampliando la integración en infraestructura en la región. Sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas de América del Sur es su declinante y atrasada infraestructura (más aún si se la compara con el sudeste asiático). El caso de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es uno de los proyectos que el gobierno de Macri buscará resurgir durante su presidencia. Esta iniciativa comenzó buscando integrar la región a través de fuertes inversiones en la región para aumentar tanto el comercio intra-regional como inter-regional. La salida del comercio de la Argentina por Chile hacia el Asia-Pacífico es uno de los principales intereses del país. Sin embargo, un gran número de los proyectos de IIRSA están estancados hace años, ejecutando los presupuestos de la Unasur pero muy pocos han sido finalizados. Seguramente el gobierno de Cambiemos buscará hacer énfasis en la inversión en infraestructura a modo de mejorar la competitividad de las exportaciones nacionales frente a una política de reducción arancelaria y acuerdos de libre comercio.

Mercosur
Y en el tránsito eterno del proceso de integración en Sudamérica encontramos que el MERCOSUR no termina de dirimir sus diferencias internas mientras que, en otra dinámica, la Alianza del Pacífico abre otra perspectiva que debe leerse en clave geopolítica. En este tema, el académico Morgenfeld opina que “la Cancillería ha dado señales de acercamiento, pero qué Macri se mostró entusiasta, en 2016, en la convergencia con la Alianza del Pacífico. Sumó a la Argentina como observador, imaginando que sería un primer paso para firmar un TLC de gran alcance, como alguna vez fue el ALCA. El problema es que ganó Trump en EEUU y con ello cayó el Acuerdo Transpacífico (TPP), al cual Macri apuntaba a incorporar a la Argentina. Hoy propone un TLC Mercosur-Alianza del Pacífico y un acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, pero este tipo de acuerdos están muy cuestionados a nivel global, con lo cual tienen pocas chances de avanzar o ser ratificados”.
Por su parte, De Santibañes, Master en Relaciones Internacionales de SAIS Johns Hopkins de Estados Unidos, piensa que “junto con Brasil, la Argentina debe liderar la transformación del Mercosur en un tratado más parecido al de la Alianza del Pacífico. Hacer esto no sólo eliminará muchos de los inconvenientes que implica formar parte de una unión aduanera imperfecta, sino que también hará más factible una convergencia entre ambos bloques”.

China
El factor China también es una cuestión clave. En Argentina, la relación con China ha sido un foco muy protagónico en la política exterior, pero esto nos lleva a preguntar ¿qué sucede con los países de ASEAN? ¿Qué consideración tiene Uds, o sugerencia, con este bloque económico que representa un gran mercado para productos argentinos y donde tenemos resultados muy ventajosos en la balanza comercial?
En la mirada de Gonzalo Casais, la diplomacia argentina en materia de política exterior comercial de la Argentina, bajo el gobierno de Macri y la gestión de Faurie en Cancillería, una región clave es el Asia-Pacífico. Esta administración ha apostado a integrarse en las cadenas de valores globales y regionales a través de nuevos acuerdos internacionales, tales como un acuerdo con la Alianza del Pacífico. La AP le daría un camino más directo al mercado del ASEAN dado que estos países fueron relegados frente a China durante el gobierno de los Kirchner. Este acercamiento a los mercados del sudeste asiático prometería un impulso a las exportaciones argentinas agropecuarias dado que en este sentido ambas economías son complementarias. Sin embargo abriría el mercado argentino en materia de bienes de consumo donde las empresas locales no podrían competir contra las empresas asiáticas. Lo mismo sucede con la Alianza del Pacífico que si bien promete expandir el mercado para la industria agro-ganadera argentina pondría en riesgo la matriz industrial local. Aún más sabiendo que Argentina y el Mercosur son mercados altamente protegidos. Es difícil pensar que las industrias locales puedan competir con industrias mexicanas o con los tigres asiáticos. Antes que nada debería haber un mayor compromiso del Mercosur a bajar sus aranceles y eliminar las barreras no-tarifarias para entrar en un proceso de reconversión y adaptación de sus industrias para hacerlas más competitivas en el mercado global”.
En analista y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Francisco De Santibañes cree que “la mejor manera de fomentar el intercambio económico con la ASEAN consiste es firmar acuerdos comerciales. En este sentido, la transformación del Mercosur en un tratado de libre comercio -al permitirle a cada uno de sus miembros firmar acuerdos por su propia cuenta- nos permitiría afianzar nuestras relaciones con una región que tiene economías muy compatibles con la nuestra”.
Para el Doctor en Historia Leandro Morgenfeld, “más allá de la necesaria diversificación de mercados, el problema es qué se exporta y qué se importa. El modelo de vender materias primas o derivados, como la soja y el aceite de soja, e importar masivamente bienes manufacturados ya se ensayó en distintos momentos de la historia. Es un gran negocio para una minoría muy poderosa, pero que deja afuera a millones de argentinos. Es volver a la “Argentina granero del mundo” del primer Centenario, sólo que ahora se habla de ser el “supermercado del mundo”. Más allá del marketing, es una inserción internacional dependiente, que profundiza la desindustrialización e impulsa un esquema extractivista que depreda el medio ambiente y sólo incorpora a la actividad económica a un sector minoritario de la población”.

Trump y el contexto global
Y finalmente, sobre el contexto internacional, alguna referencia a la participación en el G20, Trump y la región.
Aquí el autor del libro “Argentina & Claves para una integración Estratégica”, Francisco de Santibañes considera que…”la Argentina debe aprovechar la presidencia del G20 y la organización de su cumbre en Buenos Aires para instalar en la agenda internacional temas que favorezca tanto los intereses de nuestro país como los de América latina en general. En este sentido, sería conveniente defender el multilateralismo, ya que un mundo en donde las grandes potencias negocien de manera bilateral perjudicaría nuestros intereses. 

Analista Internacional Francisco De Santibañes

Por su parte, Morgenfeld opina que “Trump es un síntoma del creciente descontento con la globalización neoliberal. Todavía no se salió de la crisis económica internacional que empezó en 2007-2008. Todavía no sabemos cómo va a impactar Trump hacia adentro de Estados Unidos y tampoco hacia afuera. Estamos en un momento de mucha incertidumbre. En la región, las derechas no lograr establecerse con fuerza y dar por terminado con el “ciclo progresista”. Enfrentan estancamiento económico, tensiones sociales y protestas políticas. Trump las descolocó. Hoy la región no tiene un claro proyecto hegemónico. En cuanto al G20, en 2018 tendrá por primera vez su cumbre presidencial en la Argentina. Vendrá Trump? ¿Cómo impactará eso en la política doméstica, teniendo en cuenta el nivel de rechazo que genera? Son preguntas que ordenarán el debate sobre la inserción internacional y la política exterior argentina en los próximos meses”.
Para el académico de la Universidad Católica Argentina, Gonzalo Casais, “hay que comprender que este no es el mundo para el cual Macri se preparó. Durante los 12 años de gobierno del Frente para la Victoria, el gobierno argentino había optado por una inserción internacional que no privilegiaba a Europa o América del Norte, sino que ponía el acento en forjar alianzas económicas con los mercados emergentes. Esta posición se fue consolidando lentamente en un contexto en que América Latina giraba a la izquierda y con mayor énfasis luego de la crisis del 2008 que sumió a los países desarrollados en la Gran Recesión. Sin embargo, desde 2015 las economías centrales han vuelto a crecer y, si bien a una menor tasa que en el pasado, parece que lo peor de la crisis ha quedado atrás. Al mismo tiempo, los mercados emergentes comenzaron a toparse con inconvenientes macroeconómicos, empezando por la desaceleración china y la crisis político-económica brasileña que sacude a la región. Esto hizo más atractivo un acercamiento a las potencias industriales tradicionales. Macri, durante su campaña, promovió el acercamiento con Europa y Estados Unidos, mostró su compromiso con la democracia liberal y su creencia en los beneficios del libre comercio y la globalización. Las visitas de Obama, Hollande y Renzi a la Argentina a comienzos de 2016 convalidaron esta visión, momentáneamente. Desafortunadamente para Macri, el segundo semestre de 2016 trajo consigo una serie de sorpresas que materializaron el descontento preponderante en los países desarrollados y llevaron a un viraje de los vientos políticos: el triunfo del Brexit en Gran Bretaña, el de Trump en Estados Unidos y el crecimiento de la popularidad de líderes iliberales en países como Francia, Austria y Holanda. Estos hechos han puesto en duda la sustentabilidad del orden internacional en el que Macri buscaba (re)insertar a la Argentina. En este contexto el nuevo Canciller Jorge Faurie deberá reordenar la política exterior argentina ateniéndose a los grandes desafíos que la región y el mundo le imponen”.

Reajustar la política sobre la cuestión Malvinas, donde los interrogantes que surgen desde hace tiempo por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y con la obligada mirada a ver los pasos de España por Gibraltar, son otro capítulo que desarrollaremos en un próximo artículo. Medir aún cuanto puede afectar a Argentina la inestabilidad y el atascamiento en Brasil también será asunto de análisis en un futuro próximo. Con la información y las opiniones que nos acercan estos tres expertos bien podemos concluir que para la nueva etapa de la Cancillería argentina con Jorge Faurie a cargo, hay mucho por hacer.

Por Martín Pizzi
Relaciones Internacionales UCASAL

El crimen organizado en América Latina, ¿de qué dimensiones estamos hablando?

El crimen organizado en América Latina, ¿de qué dimensiones estamos hablando?

La criminalidad organizada de naturaleza transnacional constituye la más peligrosa amenaza a la seguridad de los ciudadanos latinoamericanos. Y sin duda, el tráfico y comercialización de drogas ilegales configura el aspecto más saliente de la criminalidad en la región, con una incidencia directa en los altos niveles de violencia que se registran dentro de sus límites. El presente trabajo explora indicadores cuantitativos y dimensiones cualitativas de la criminalidad en América Latina, así como los debates sobre las estrategias multilaterales a ser adoptadas en el futuro.

Si se enfoca la realidad latinoamericana desde el prisma de las amenazas no convencionales a la seguridad, protagonizadas por actores de jerarquía no estatal, los especialistas han alcanzado dos coincidencias: la primera, considerar a la criminalidad organizada transnacional como la principal responsable de la inseguridad en la región, con su secuela de muerte y violencia; la segunda, identificar como la principal manifestación de criminalidad en este espacio geográfico a la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales. Diferentes factores han confluido para situar en el centro de la criminalidad latinoamericana a la cuestión de las drogas. Por un lado, se produce en la región la totalidad de la cocaína del globo; por otro, también proceden de esta área importantes volúmenes de cannabis, drogas sintéticas e incluso heroína. Como fenómenos conexos a la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales en América Latina, se asiste dentro de sus límites a acciones de corrupción y legalización de activos (el llamado “lavado de dinero”), amén de la ya mencionada violencia. Con este contexto, el presente trabajo se plantea como doble objetivo describir los rasgos distintivos del crimen organizado en América Latina, aportando datos cuantitativos y cualitativos actualizados, así como identificar los ejes en torno a los cuales se registran los principales debates en la materia. A tal efecto, hemos dividido nuestra contribución en tres partes: la presente Introducción; una etapa de Desarrollo, donde las dos metas establecidas para el trabajo se reflejan en sendos apartados; y finalmente Conclusiones, derivadas de la fase inmediata anterior. América Latina en el contexto del Crimen Organizado global Tiempo después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, el académico venezolano Moisés Naím formuló su renombrado trabajo sobre “las cinco guerras de la globalización”. En el mismo alertaba que mientras la opinión pública internacional, los principales líderes políticos y buena parte de la intelectualidad enfocan su atención en el flagelo terrorista, la criminalidad organizada transnacional horada y erosiona, de manera mucho más subrepticia, la gobernabilidad y la calidad de vida de vastos sectores de la población, cobrando un altísimo precio en materia de violencia y muerte (Naím, 2004). Y lo hace merced a las fabulosas masas de dinero que movilizan sus heterogéneas y dinámicas actividades ilícitas.

En este punto, aunque no se cuenta con guarismos exactos, el cálculo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) arroja una cifra de hasta US$ 2 billones anuales, computando solamente los movimientos más lucrativos; esto último monto equivaldría a aproximadamente el 3,5% del Producto Bruto global. Aunque el Foro Económico Mundial (WEF) presenta apreciaciones más mesuradas, los guarismos que exhibe son igualmente astronómicos. En la edición de principios del corriente año de su tradicional encuentro de Davos, tomando como base datos del think tank Global Financial Integrity (GFI), estimó que las operaciones económicas ilegales que cada año lleva adelante la criminalidad organizada a nivel global alcanzan más de US$ 1 billón, correspondiendo el 60% de ese total a tres rubros: drogas ilegales, con US$ 320 mil millones; falsificación y contrabando, con US$ 250 mil millones; y finalmente tráfico de personas, con US$ 31,5 mil millones (Justo, 2016). América Latina no permanece ajena a este penoso cuadro.
En efecto, la región alcanzó el tercer lustro del corriente siglo atravesando una situación contradictoria, por momentos desconcertante, en materia de seguridad. Desde una perspectiva tradicional de esta cuestión, asociada al empleo del instrumento militar regular por parte de los Estados, en general en el marco de diferendos interestatales, la zona geográfica que nos ocupa exhibe un muy bajo nivel de conflictividad; no se detectan problemas cuya escalada pueda involucrar el empleo de la fuerza; existe una clara vocación de los gobiernos (a excepción del cubano, todos ellos elegidos a través del voto) por resolver de manera dialogada y pacífica sus disputas; y el gasto en defensa, a pesar de su constante incremento (sobre todo de la mano de Brasil), continúa siendo menor que el de otras zonas del planeta. La situación es completamente diferente, sin embargo, si se enfoca la realidad latinoamericana desde el prisma de las amenazas no convencionales a la seguridad, protagonizadas por actores de jerarquía no estatal.
En este campo, los especialistas han alcanzado dos coincidencias: la primera, considerar a la criminalidad organizada transnacional como la principal responsable de la inseguridad en la región, con su secuela de muerte y violencia; la segunda, identificar como la principal manifestación de criminalidad en este espacio geográfico a la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales y sus actividades conexas. Cabe recordar en este punto que, tomando como base las mencionadas estimaciones del GFI, con US$ 320 mil millones anuales esta actividad ilegal equivale por sí sola al 1% del Producto Bruto mundial. América Latina ocupa una posición de extrema relevancia dentro del panorama global de las drogas ilegales. Es responsable de la totalidad de la producción mundial de cocaína, superior a las 800 toneladas métricas, resultantes de más de 130 mil hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, de diferentes grados de pureza. También aporta a los mercados mundiales cantidades significativas de cannabis, heroína y, cada vez más, drogas sintéticas elaboradas en laboratorio. Los protagonistas de estas actividades conforman parte de una red de alcance planetario con múltiples ramificaciones, sirviendo como prueba la ya mítica figura del “Chapo” Guzmán, líder de la Federación de Sinaloa: de acuerdo a estimaciones elaboradas hace unos años por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, de la misma dependían 288 empresas y compañías legales de diverso tipo (boutiques, casas de empeño, restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas, compañías mineras, criaderos de aves e inmobiliarias, entre otras) encargadas esencialmente de controlar el microtráfico y el narcomenudeo, así como de legalizar los activos procedentes de la comisión de ilícitos. Esa densa e intrincada red se desplegaba en más de diez países, en América Latina y Europa (Otero, 2015). Increíblemente, los cálculos de la OFAC pueden ser tildados de conservadores, ya que estudios independientes elevan el despliegue del Cártel de Sinaloa a no menos de treinta países de África, Asia, Oceanía, América Central y Sudamérica, además de Europa Occidental y Estados Unidos. Por caso, el reconocido periódico Excelsior confirma la presencia de la organización en todos los países de América del Sur, con excepción de Uruguay y Paraguay; al menos seis naciones centroamericanas (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Honduras y Guatemala) y una caribeña (República Dominicana); Estados Unidos y Canadá; por lo menos seis países europeos (España, Portugal, Italia, Francia, Holanda y Alemania); Japón, China y Filipinas en el Extremo Oriente, Australia y al menos un país en el África Subsahariana, Guinea Bissau (Diario Excelsior, 2 de marzo de 2016). Merced a las alianzas de los grupos de esos lugares con la organización sinaloense, Logan (2013) ha denominado a la estructura resultante con el calificativo de “narco-holding”. En directo correlato con el alcance global de sus operaciones, la masa de dinero que mueven las drogas oriundas de América Latina es exorbitante. La obtención de un kilogramo de cocaína de máxima pureza suele demandar entre 150 y 400 kilogramos de hojas de coca, dependiendo de su calidad (en relación a la cantidad de alcaloides), materia prima que suele ser abonada a los indígenas de los Andes sudamericanos a razón de un dólar estadounidense por kilogramo. Pero el producto de ese proceso puede ser comercializado a escala minorista (el llamado “narcomenudeo”) en una capital sudamericana como Bogotá, o Caracas, a US$ 5000. Conforme el tráfico aleja a la droga ilegal de su lugar de procedencia, los precios al consumidor continúan incrementándose, pudiendo alcanzar ese kilogramo de cocaína más de US$ 15 mil en los estados meridionales de Estados Unidos, y entre US$ 25 mil y US$ 60 mil en una capital europea. La mención al costo de comercialización minorista de la cocaína sudamericana en las grandes ciudades del Viejo Continente ayuda a recordar los vínculos que suelen registrarse entre el tráfico de drogas y el terrorismo, en un formato híbrido que ha sido denominado “narcoyihadismo”. Y es que cada vez en mayor proporción, esa cocaína fluye hacia el mercado europeo a través de diversos países del África subsahariana, especialmente el sector occidental de ese vasto cinturón de tierra conocido como Sahel. Allí, en Mauritania, Senegal, Mali, Gambia o Guinea Bissau, organizaciones como Al Qaeda (su filial regional AQMI) se involucran tanto como los señores de la guerra locales en este comercio ilegal, obteniendo importantes ganancias que les ayudan a sustentar sus acciones terroristas. En los términos de dos periodistas españoles que realizaron una interesante crónica sobre esta ruta de tráfico (Rojas & Herraiz, 2014), alrededor del 15% del precio de la cocaína sudamericana en las calles de Madrid o París obedece a las ganancias de quienes cobran el “peaje” en el Sahel.

La cantidad de dinero que involucra el tráfico de drogas explica tanto la corrupción que se genera en torno a estas actividades, como la violencia que propicia, en un doble sentido: por un lado, producto de la puja entre organizaciones criminales por el control de rutas y mercados de comercialización, en lo que el galo Alain Labrousse denomina “geopolítica de las drogas”; por otro, como resultante del enfrentamiento entre esas bandas y el Estado, a través de sus instituciones especializadas.  Hoy día, México configura el caso extremo de la violencia generada por el crimen organizado. Los primeros seis años de guerra abierta del Estado contra los carteles del crimen organizado, que coincidieron con la gestión presidencial del panista Felipe Calderón (diciembre 2006-diciembre 2012), dejaron un espeluznante saldo de muertes cuyo cálculo fluctúa entre 60 mil casos, según fuentes oficiales, y más del doble de acuerdo a estimaciones independientes. El semanario Zeta toma esta última estimación y le agrega otros 65 mil correspondientes a los tres primeros años de gestión del actual mandatario Enrique Peña Nieto (diciembre 2012-diciembre 2015), para concluir con más de 185 mil homicidios dolosos en nueve años de combate contra las drogas (Navarro Bello & Mosso Castro, 2016). Más allá de la particularidad del caso azteca, los siguientes guarismos contribuyen a dimensionar la inseguridad latinoamericana, asociada a la criminalidad, en toda su extensión geográfica: mientras las Naciones Unidas han calculado al promedio global de homicidios violentos en 6,9 casos cada cien mil habitantes (6,9/00000), en América Latina esa tasa crece a más del doble, hasta alcanzar 15,6/00000. Otras estimaciones muestran un panorama aún más sombrío: el informe elaborado en el año 2014 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la violencia en el mundo calculó la tasa de homicidios regional en 28,5/00000 habitantes, una cifra que cuadruplica la del resto del mundo y es el doble de la de los países en desarrollo de África (OMS/ONUDC/PNUD, 2014).

Por otro lado, de acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a contar con menos del 10% de la población mundial, a la región le corresponde más del 30% de los homicidios violentos del globo, con casi 150 mil casos anuales de ese tipo, así como las dos terceras partes de los secuestros extorsivos llevados a cabo en el todo el orbe. Complementando lo anterior, hace poco más de un año desde la ONU se confirmó que América Latina es la región donde más se emplean armas de fuego para la comisión de delitos violentos; armas éstas que son traficadas por grupos criminales y que suelen terminar en manos de grupos relacionados con el narcotráfico .

Hace ya muchos años, América Latina ostenta un lamentable monopolio: el de las ciudades más violentas del mundo, tomando como indicador los homicidios perpetrados. Así lo confirma cada reporte anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Criminal (CCSPJC), la muy respetable ONG mexicana que se encarga de elaborar estos índices, basados en estadísticas oficiales proporcionadas por los propios gobiernos. En este sentido, indica el Consejo que del conjunto de las cincuenta urbes más violentas de todo el globo, cuarenta y tres se encuentran en América Latina; más aún, son latinoamericanas las primeras veinte, con las únicas excepciones de Ciudad del Cabo en República Sudafricana y Saint Louis en Estados Unidos.

Tradicionalmente, las urbes posicionadas en los primeros puestos suelen ser mexicanas, como Tijuana, Ciudad Juárez o Acapulco; o centroamericanas, como San Salvador, Tegucigalpa o San Pedro Sula. De hecho, esta última ciudad hondureña retuvo hasta el año 2014 el primer puesto de este luctuoso listado, con 1317 homicidios anuales, lo que equivale a 171,2/00000 habitantes; en lo que constituyó un nítido reflejo del rápido deterioro de la situación nacional venezolana, Caracas se ubicó en el segundo puesto con 115,9/00000 habitantes. En términos absolutos, empero, durante ese ejercicio anual la capital bolivariana se posicionó holgadamente como ciudad más violenta del mundo con 3797 asesinatos. En 2015, Caracas no sólo encabezó el listado de ciudades más violentas del mundo en términos absolutos, con 3946 homicidios violentos, sino también relativos con 119,8/00000; San Pedro Sula, en tanto, acusó una notoria caída para marcar 111,3/00000 en términos relativos, reflejo de 885 decesos (CCSPJC, 2016). La criminalidad organizada en general, particularmente el narcotráfico, permean este escenario que pone de manifiesto el CCSPJC. Salvo el legado de las guerras civiles de hace casi cuatro décadas, cuyas secuelas continúan vigentes en el istmo centroamericano, una especialista (Gurney, 2014b) concluyó que los demás factores identificados con alta incidencia en la violencia urbana se enraízan con la criminalidad: el crecimiento de los mercados de consumo locales, que propicia tanto el surgimiento de carteles autóctonos como la concurrencia de grupos foráneos; la fragmentación de grandes cárteles y las pujas por sus mercados; la constitución de nuevos “nodos” (hubs) de comercialización en lugares que otrora sólo eran corredores de tránsito; y el incremento de la corrupción estatal. Un repaso de los factores identificados en el párrafo anterior confirma que entre los mismos no se encuentra la pobreza, dato que no es menor si se tiene en cuenta la insistencia de algunos intelectuales en que la criminalidad organizada latinoamericana, con su correlato de violencia, es el emergente de una desfavorable situación socioeconómica de los sectores más amplios de la sociedad; en particular, en lo que hace a la distribución del ingreso. Después de todo América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad del ingreso, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, investigaciones permiten comprobar que la distribución del ingreso no incide significativamente en la violencia que azota a la región. De hecho, desde inicios del presente siglo hasta nuestros días, precisamente el lapso en el cual la referida violencia tuvo un explosivo incremento en ese espacio geográfico, el crecimiento económico allí experimentado se tradujo en una disminución de las inequidades y desigualdades en esta materia, que no tuvo correlato en otras partes del mundo. Así se constata a través del llamado Índice de Gini, que refleja la distribución de ingresos (a partir de una escala de cien puntos, donde el cero representa una igualdad perfecta), cuya medición suele correr por cuenta del Banco Mundial. Dicho esto con otras palabras, mientras las brechas sociales se ampliaban en todo el mundo, en América Latina se reducían. Pero paradójicamente Latinoamérica registró un enorme salto cuantitativo en materia de violencia, en forma simultánea a su disminución en el resto del orbe (Gagne, 2015). En este punto, es importante tener presente que la inseguridad latinoamericana no se circunscribe actualmente a fríos números e impersonales estadísticas, sino que se traduce en las percepciones de los ciudadanos, que se agravan con el paso del tiempo. Gurney (2014a), tomando como base el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) que elabora la universidad estadounidense de Vanderbilt, consigna que hacia fines del año 2014 la percepción promedio de inseguridad en la región alcanzó 43 puntos en una escala de cien, producto de un incremento de casi el 16% en apenas dos años (2012=37,6).
En igual período aumentó también el porcentaje de encuestados que citó a la seguridad como el problema más importante que enfrenta su país, llegando al 32,5 %. Tal cual acontece en otras partes del mundo, en estas latitudes la criminalidad organizada y la corrupción son fenómenos que registran una fuerte interacción. De acuerdo a una investigación (McDermott, 2014) financiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) canadiense, los diez países en los cuales ha adquirido mayor desarrollo el mencionado vínculo son, en orden decreciente, los siguientes: México, Colombia, Honduras, Brasil, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Perú, Paraguay y Argentina. En todos ellos, acota la referida pesquisa, operan importantes organizaciones criminales, tanto locales como foráneas. Por cierto, todo este penoso cuadro de situación conlleva importantes perjuicios económicos para los Estados involucrados. Hacia fines del año 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un reporte en el cual estimaba esos costos en un promedio del 3% del Producto Interno Bruto regional. La metodología empleada consistió en discriminar entre costos en “anticipación” al delito (seguridad pública y privada), costos como “consecuencia” del delito (homicidios, lesiones, robos, hurtos), y costos en “respuesta” del delito (sistema de justicia criminal, gastos de atención a las victimas). Por otro lado, se seleccionó una muestra integrada por Chile (1.8% PBI), Costa Rica (1,9%), Uruguay (2,3%), Paraguay (3.8%) y Honduras (4.6%); en esos países el costo del crimen promedia 3% del PBI.. La editora del dossier en cuestión explicó que la cantidad de dinero involucrado equivale tanto al gasto anual de la región en materia de infraestructura, como a los ingresos del 20% más pobre de la población (Diario La Nación, 23 de octubre de 2015).
Casi un año más tarde, la citada institución convocó a una reunión de expertos en Buenos Aires, en la cual proporcionó sus más recientes guarismos: tanto la violencia organizada como su combate tienen un coste estimado promedio de aproximadamente US$ 200 anuales por habitante, lo cual arroja un total de US$ 120 mil millones por año. De esa cifra, cerca del 40% corresponde al gasto en fuerzas policiales. Indica la entidad bancaria que si los referidos montos pudieran reasignarse, a partir de una previa disminución de las cifras latinoamericanas de inseguridad hasta emular los estándares globales, el área podría incrementar en un 25% su PIB per cápita (Cué, 2016). Lamentablemente, en forma simultánea a las alzas de los niveles de violencia, y de sus perjuicios económicos, las percepciones de los ciudadanos –según se desprende de serios y objetivos estudios- (Asuntos del Sur & OPDOP, 2015) sugieren la ineficacia de las estrategias gubernamentales adoptadas de cara a este fenómeno. En promedio, un 67% de los latinoamericanos consideran que en el lustro 2010-1014 se incrementó el narcotráfico en la región (llegando a un pico del 92% en Argentina); el 78% de la población estima que se ha simplificado el acceso al cannabis (90% en Argentina), mientras otro 74% consideró lo mismo respecto a la cocaína (88% en Bolivia, 87% en Argentina). Los ejes del debate hoy frente a esta situación, no se observa la aparición de enfoques novedosos, más allá de lo que propuso la OEA hace ya tres años, en su documento pionero sobre la problemática de las drogas en el hemisferio.
Conviene recordar que ese reporte recogía el debate disparado inicialmente por el informe “Drogas y Democracia: hacia un nuevo paradigma” de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (2009), que a su vez constituyó el antecedente directo de la Comisión Global sobre Política de las Drogas (CGPD), que replicó sus demandas y recomendaciones a nivel internacional. En ese contexto la OEA (2013), como corolario de sus análisis prospectivos al año 2025, diseñó tres vías diferentes para el continente según se ponga el acento en el fortalecimiento institucional y la cooperación interestatal (“Juntos”), la experimentación con modificaciones legales (“Caminos”) o la capacidad de reacción ante el problema desde la comunidad (“Resiliencia”). El cuarto escenario (“Ruptura”) advierte sobre lo que podría ocurrir si no se logra construir en el corto plazo una visión hemisférica que permita sumar esfuerzos para enfrentar el problema, respetando al mismo tiempo la diversidad de sus países: conductas crecientemente unilaterales, sin aunar esfuerzos ni constituir instancias de coordinación entre naciones del continente. Con mayor grado de detalle, en el primer escenario los países de la región incrementarían y profundizarían su cooperación, enfocando los esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y su correlato de violencia y corrupción; en este contexto resulta crucial el fortalecimiento de las instituciones judiciales y los organismos de seguridad nacionales, no sólo incrementando su eficacia sino también disminuyendo su vulnerabilidad a la penetración criminal.

La segunda alternativa basada en la experimentación con modificaciones legales puede adquirir múltiples formatos a la hora de su aplicación, fluctuando entre la introducción de cambios en materia regulatoria y la aplicación de nuevos modelos de prevención. Sin dudas, esta opción es tal vez la que mayor controversia genera, desde el momento en que plantea la despenalización del consumo de ciertas drogas (en principio cannabis), dejando de tratar ese acto desde el ángulo de la seguridad para hacerlo desde una perspectiva de salud pública. Consecuentemente el consumidor es percibido más como una víctima, un adicto crónico, que como un delincuente o un cómplice del narcotráfico. Por otro lado, desde el momento en que una eventual legalización de drogas ilegales alcanzaría solamente a algunas de ellas, que por simple mecanismos de mercado podrían disminuir su rentabilidad en la medida en que se levantan obstáculos a la oferta, su implementación de seguro redundaría en una reorientación de las actividades de algunas organizaciones criminales, hacia oportunidades de negocios que garanticen sus ingresos.

En el tercer escenario, los esfuerzos se orientan a la reconstrucción y el fortalecimiento de las comunidades a nivel base, no sólo en lo referente a aspectos preventivos y de recuperación, sino también en cuestiones estructurales que afectan a sectores sociales particularmente vulnerables, tales como educación y empleo. Judicialmente, en tanto, el enfoque cambiaría de posturas punitivas a la rehabilitación. Por último, la cuarta y última opción ha sido planteada, desde algunas perspectivas, en términos virtualmente apocalípticos. No sólo habría mayor propensión a la unilateralidad, como lo admite el propio organismo hemisférico, con su correlato de menos operaciones de interdicción, sino incluso más casos de acuerdos subrepticios entre Estados y organizaciones criminales, para garantizar ciertos niveles mínimos de paz social a cambio de menos controles sobre las actividades de estos grupos. Y en la medida en que los fondos de la criminalidad puedan fluir sin restricciones a lo largo de los aparatos económico y político, muchos países estarían en camino de convertirse en auténticos “narcoestados”, el modelo teórico de “Estado Mafioso” que postula Naim (Bargent, 2013). Los tres primeros escenarios que plantea la OEA no sólo no son incompatibles entre sí, sino que su adecuada combinación los potencia sinérgicamente y abre la puerta a novedosas iniciativas que los articulen.

Por caso, la propuesta del BID para mejorar los niveles de seguridad ciudadana en la región, sustentada en cuatro pilares: en primer lugar, invertir en prevención, con un enfoque en los factores de riesgo que afectan a sectores particularmente vulnerables de la población; segundo, reformar la policía, acercándola a la ciudadanía a la vez que se la moderniza, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías de la información; en tercer término, reducir la impunidad, básicamente a través del fortalecimiento de la investigación criminal y la agilización de la justicia penal; finalmente, fortalecer las instituciones estatales involucradas en la cuestión, mejorando la coordinación entre agencias públicas (Alvarado, 2015). Sin embargo, es necesario indicar que “caminos”, el innovador enfoque que el organismo hemisférico plantea en lo referente a la despenalización del consumo de ciertas drogas, no sólo no ha generado consenso a nivel global, sino que ha producido nuevos clivajes en el seno de la comunidad internacional, entre quienes se arrogan la virtud de abordar este espinoso tema con un “rostro humano”, y quienes ellos acusan de sostener posiciones prohibicionistas. Esta fragmentación se confirmó en toda su dimensión en la reciente Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) celebrada para debatir sobre el problema mundial de las drogas. La Sesión Especial estuvo precedida por polémicos documentos que prepararon el terreno para el debate. Entre ellos se incluyeron las apreciaciones vertidas por un experto sanitarista de la ONU, indicando que se le debe quitar una connotación delictiva a la posesión de drogas hoy ilícitas, pues un énfasis represivo en el control de drogas había alejado a importantes sectores de la población de los servicios públicos de salud, además de haber incidido directamente en los niveles de violencia (Puras, 2015). También se destacó un reporte oficial británico basado en indicadores internacionales, consensuado entre laboristas y conservadores, indicando que no existía evidencia que el endurecimiento de penas por posesión de drogas ilegales haya incidido en la disminución del consumo, en lo atinente a heroína, cocaína y cannabis (Home Office & Baker, 2014).

En esta línea, en UNGASS numerosos países plantearon la necesidad de debatir y repensar las actuales políticas de ONUDC, considerando que no sólo no se ha podido controlar el tráfico ni el consumo de drogas, sino que se estaría lejos de lograrlo. Entre esas naciones se destacan Guatemala, Jamaica, Colombia y México, cuyo mandatario Enrique Peña Nieto expresó en ese cónclave: “Debemos ser flexibles para cambiar lo que no ha dado resultados, el paradigma basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada <guerra contra las drogas> (…) no ha logrado disminuir la producción, el tráfico ni el consumo mundial de drogas”.

Planteadas así las cosas entre quienes abogan por una drástica reforma de las estrategias antidrogas, abordando el consumo principalmente como un problema de salud pública, y quienes insisten en tesituras punitivas, basadas en una estricta aplicación de las leyes, continúa prevaleciendo esta segunda posición. De hecho, en el documento final del cónclave de Nueva York los participantes ratificaron tanto su voluntad de promover una sociedad libre del abuso de las drogas, como la vigencia de los tratados vigentes en el marco de la ONU para lidiar con este flagelo (ONU, 2016). Desde la vereda de enfrente, el citado documento fue interpretado la CGPD (2016) como una nítida muestra de la reticencia de ciertos países a reconocer el fracaso de los mecanismos de control de la oferta y la demanda de drogas ilícitas, como así también de las políticas implementadas para abordar las problemáticas conexas de la violencia criminal y la corrupción. Conclusiones La criminalidad organizada transnacional ha alcanzado cada rincón de la geografía latinoamericana, y muy especialmente su expresión más conocida: el tráfico y comercialización de drogas ilegales. Así como es imposible lograr una descripción cabal del crimen mundial sin dedicar un importante apartado a América Latina, no puede aludirse a esta región sin una referencia al narcotráfico. Un flagelo que cruza transversalmente otras morfologías delictuales y que se acompaña de corrupción y violencia, fenómenos con los cuales se retroalimenta, y que genera múltiples daños al tejido social.

El dinamismo que exhibe esta región en materia criminal, especialmente en lo atinente a drogas ilegales, proporciona una mirada alternativa a la lectura tradicional según la cual nuestra región está signada por envidiables niveles de paz y concordia, donde los gobiernos democráticos se comprometen a encauzar sus discrepancias y diferencias a través del diálogo y la negociación. Esa mirada alternativa no inhibe la heterogeneidad de los casos que encierra su geografía, aunque en este punto hay cuatro conclusiones que se pueden obtener: en primer lugar, que cada caso presenta aristas propias y peculiares, y por cierto intransferibles, segundo, que la expansión y agravamiento de la criminalidad guarda relación directa con la reducción de los niveles de gobernabilidad y la erosión de la presencia estatal efectiva en los territorios que debe controlar; en tercer término, que el abanico de respuestas de los Estados al flagelo criminal es extremadamente heterogéneo, sin que puedan postularse reglas generales desde una perspectiva normativa; finalmente, que la criminalidad latinoamericana en general, y por supuesto el tráfico de drogas, está signado por una fuerte “glocalidad”, en el sentido de enraizar y vincular episodios aparentemente locales con complejas redes delictuales transnacionales. Más allá de esas cuatro conclusiones, o tal vez como una quinta conclusión, queda claro que la lucha contra esta amenaza no convencional a la seguridad es una empresa de largo aliento que demanda el empleo concertado de todos los recursos estatales y la cooperación internacional. En este sentido, el desenlace de UNGASS hace escasos meses indica que aún queda un largo camino por recorrer.

Por Dr. Mariano Bartolomé. Graduado y Doctor en Relaciones Internacionales. Profesor Titular en la Licenciatura en Relaciones Internacionales, y Coordinador de la Diplomatura en Seguridad Internacional y Defensa, en la Universidad de Belgrano (UB), Argentina.

Publicado originalmente en: http://revista.rlcu.org.ar/numeros/14-29-Octubre-2016/documentos/Bartolome.pdf y presentado oficialmente en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 

Pin It on Pinterest