La iniciativa por una Corte Penal Latinoamericana contra el Crimen Organizado.
Como generadores de contenido, análisis y propuestas orientadas a la proximidad entre los temas claves de la actualidad internacional y el ciudadano, en Equilibrium Global hemos tomado una serie de ejes o pautas comunicacionales donde justamente, el factor del protagonismo ciudadano es un tema de constante dedicación.
Siempre describimos en nuestras editoriales, en nuestro mensaje, sobre el especial e histórico momento que se vive de empoderamiento del ciudadano. Donde hoy, como nunca antes, el ciudadano tiene poder, lo sabe.
En nuestras redes sociales, en nuestro espacio radial, en nuestra agenda de eventos o en nuestro portal, con frecuencia presentamos y difundimos iniciativas que motivan la participación ciudadana para una transformación positiva del entorno o de la realidad. Dando visibilidad a líderes o a campañas, a organizaciones u a otras movidas que llevan la voz de la gente.
Con estas referencias presentamos esta nota que explica el contexto y el objetivo de una campaña sobre la cual manifestamos nuestra adhesión. Se trata de la creación de una Corte Penal Latinoamericana contra el crimen organizado COPLA, un asunto que urge en nuestra región, que se presenta en formato “Coalición” sumando adhesiones de organizaciones y reconocidas figuras públicas de diferentes ámbitos.
Referencias institucionales del contexto.
Al triste récord de ser la región socialmente más desigual del mundo, Latinoamérica ha agregado el de ser la región con mayores niveles de violencia criminal del planeta. La incontrolable situación en el norte de México, el crecimiento de las maras centroamericanas, la cooptación de vastos sectores de la política y del estado y el auge de la violencia criminal, el tráfico de armas, drogas y personas forzadas a la esclavitud laboral y sexual en el resto de los países configuran un problema regional de enormes repercusiones negativas en la vida de los ciudadanos latinoamericanos.
Lenta, pero inexorablemente, la proliferación de grupos dedicados al crimen transnacionalmente organizado se está constituyendo en el principal problema social de la región, en una amenaza para la democracia y en el principal freno a su desarrollo económico. Lamentablemente, los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica que supera las fronteras nacionales son los delincuentes. Redes de protección internacionales que esconden en otros países a prófugos de la Justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones criminales que operan globalmente, intercambio mundializado de información, drogas y armas, mafias interconectadas en la región y el mundo son sólo algunas de las estrategias que reducen a la impotencia a los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.
La violencia criminal y sus consecuencias sociales se han convertido hoy en parte central de la agenda política de nuestros países, y las desigualdades en términos de seguridad, en el principal factor de discriminación social en la región. Frente a la proliferación de organizaciones criminales estructuradas regionalmente y con poderosas conexiones con sus similares de otros lugares del mundo -como la mafia siciliana, la “ndrangheta calabresa” y la mafia china- los mecanismos nacionales de seguridad se demuestran cada vez más insuficientes y subordinados a poderes políticos impotentes, cuando no corruptos y cómplices. En vez de constituir una ventaja en términos de eficiencia, la cercanía de los tribunales, fiscalías y fuerzas de seguridad nacionales respecto de los lugares en que se consuman los delitos los deja a merced de la corrupción y de las amenazas del crimen organizado y limita su esfera de actuación a la persecución de la criminalidad menor, sin posibilidad ninguna de impulsar el desguace de las organizaciones criminales mediante el encarcelamiento de sus dirigentes y la confiscación de sus bienes.
La argumentación de esta campaña describe que el problema de la criminalidad organizada no es un problema nacional, sino regional. Los problemas regionales requieren políticas regionales. Y las políticas regionales requieren instituciones regionales para no quedar a merced de los desequilibrios de poder entre las naciones y las consecuentes arbitrariedades internacionales, ni de la inoperancia de los poderes estatales localizados. Una Corte Penal Latinoamericana contra el crimen organizado COPLA efectiva en la persecución de aquellos delitos que se organizan y ejecutan transnacionalmente no significa, de ninguna manera, una limitación a las soberanías nacionales ni a los poderes de los gobiernos latinoamericanos. Por el contrario, su éxito reforzaría los poderes de gobiernos nacionales hoy erosionados por redes criminales sobre las que están perdiendo progresivamente el control, y mejoraría la capacidad de autonomía y autodeterminación de Latinoamérica y de sus ciudadanos, demostrando que los latinoamericanos somos capaces de ocuparnos de los problemas de nuestra región.
Es precisamente por el espacio abierto por la actual ineficiencia de los gobiernos latinoamericanos para lidiar con la criminalidad organizada, especialmente en lo referido al tráfico de drogas, por donde se cuela la intervención de agencias extra-regionales. Por ello, los impulsores de esta campaña consideran que, en cambio, la constitución de una Corte Penal Latinoamericana contra el crimen organizado COPLA, reforzaría la capacidad de los países y de la región para manejar por sí misma sus problemas y establecería un límite fundado a las injerencias extra-regionales en esta y otras cuestiones. Por otra parte, y como ha demostrado el proceso de creación y de adhesión a la Corte Penal Internacional, casi todas las constituciones y gobiernos latinoamericanos reconocen el derecho público internacional como parte de su corpus de obligaciones.
Sobre el aspecto operativo, funcionamiento real.
La creación de la Corte Penal Latinoamericana contra el crimen organizado COPLA debería ubicarse en ese contexto jurídico, reforzado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y los protocolos de Palermo, a las que casi todos nuestros países han adherido y que definen cuáles son los delitos considerados intrínsecamente transnacionales, con el objeto de aplicar los mismos principios usados en el ámbito internacional y mundial a la resolución del principal problema que enfrenta hoy Latinoamérica.
Por todos estos motivos, cada día más evidentes, se hace urgentemente necesaria una estrategia regional para enfrentar un delito que se organiza regionalmente; una estrategia que, además, siente las bases de una dinámica favorable a la integración regional tan necesaria para afrontar los demás desafíos económicos, políticos y sociales que enfrentan los países de Latinoamérica. Una Corte Penal Latinoamericana contra el crimen organizado COPLA (COPLA) multilateral, pluralista y efectiva puede constituirse en el elemento decisivo que evite a la región un futuro determinado por el subdesarrollo y la criminalidad. Convocamos a todas las organizaciones, gobiernos y ciudadanos democráticos de Latinoamérica a participar activamente de su constitución.
Seguiremos el proceso de esta iniciativa, interesante desafío, especialmente para la comunidad internacionalista, seguramente quienes tienen una percepción más profunda de lo relevante del compromiso e involucramiento ciudadano en causas sociales de carácter transnacional.
Site institucional: http://www.coalicioncopla.org/
Desarrollo & Contenido
Martín Rafael López – Relaciones Internacionales Universidad Católica de La Plata.
